A principios del año 1995, con motivo de los actos del Bicentenario de la fundación de la ciudad de Puerto del Rosario, el Ayuntamiento capitalino aprueba -por unanimidad- ponerle el nombre de Plaza de los Demócratas al espacio trasero de la Plaza de la Iglesia. Conformaban aquella corporación el PSOE, Asamblea Majorera, Independientes de Fuerteventura, […]
A principios del año 1995, con motivo de los actos del Bicentenario de la fundación de la ciudad de Puerto del Rosario, el Ayuntamiento capitalino aprueba -por unanimidad- ponerle el nombre de Plaza de los Demócratas al espacio trasero de la Plaza de la Iglesia. Conformaban aquella corporación el PSOE, Asamblea Majorera, Independientes de Fuerteventura, CDS y el PP. El acuerdo, promovido por el entonces alcalde, Eustaquio Santana Gil, pretendía brindarle un reconocimiento público a todos aquellos demócratas que, en tiempos difíciles del franquismo, lucharon para que la democracia se implantara en el Estado español y, de un modo especial a Joaquín Satrústegui, Jesús Barros de Lis, Jaime Miralles y Fernando Álvarez de Miranda, que habían sido deportados a Fuerteventura, en 1962, como resultado de su intervención en el conocido como el «Contubernio de Múnich«. No fueron los únicos desterrados a Canarias a raíz de aquel encuentro celebrado en la ciudad alemana. Íñigo Cavero y José Luis Ruiz-Navarro fueron confinados a El Hierro; Alfonso Prieto, a La Gomera y Félix Pons y Juan Casals, a Lanzarote. Curiosamente, salvo este último -empresario- todos los demás eran abogados o profesores de Derecho.
Estos deportados habían participado en una reunión convocada por el Movimiento Europeo en Múnich (un organismo de carácter liberal democrático que propugnaba una Europa unida) entre el 5 y el 8 de junio de 1962. En total participaron 118 españoles, opositores al régimen franquista bien desde el exilio, bien desde el interior. De la reunión fueron excluidos los comunistas y anarquistas. Participaron, además, algunos ex ministros de la Segunda República como Salvador de Madariaga (de ideología liberal-demócrata y uno de los organizadores del encuentro) o Gil Robles, líder del partido de ultraderecha CEDA y por aquel entonces miembro del Consejo Privado de Juan de Borbón. También participaron significados socialistas como Rodolfo Llopis o reconocidos intelectuales como José Vidal-Beneyto, incluso ex falangistas de la talla de Dionisio Ridruejo que ya había conocido previamente la deportación interior por su desencanto con el régimen franquista. Para el historiador Bernat Muniesa, la reunión de Munich fue la primera vez en que se abrió el diálogo entre aquellos que se habían enfrentado durante la Guerra Civil.
Aquel encuentro variopinto parió un comunicado final donde se establecían las condiciones previas para permitir la incorporación de España al espacio común europeo (meses antes el Gobierno de España había solicitado formalmente su incorporación): creación de instituciones democráticas; respeto a los derechos de la persona, en especial a la libertad de expresión; la eliminación de la censura gubernamental; libre ejercicio del sindicalismo y reconocimiento del derecho a la huelga y el reconocimiento a las diferentes «comunidades naturales» y a los partidos políticos. Dentro del escenario histórico, el comunicado de la reunión de Múnich supuso un intento explícito de incorporar al Estado español a las democracias representativas de su entorno.
Al volver de Múnich, los opositores interiores que habían participado en la reunión fueron obligados a declarar en las dependencias policiales. Se les «invitó» a abandonar el país y los que decidieron quedarse fueron multados y desterrados a Canarias. El Régimen, a través del Ministerio de Información, desarrolló una campaña propagandística que pretendía demonizar a los participantes en la reunión al tiempo que se orquestaba una nueva campaña de adhesión al Régimen. El periódico Arriba tituló a toda plana: ¡Múnich a la horca!; otros periódicos no fueron menos hirientes: La Anti-España resucita en Múnich; Unidos por el odio y la traición; Cómica reunión de democristianos, monárquicos de ningún rey, comunistas, anarquistas y separatistas. Y desde el propio Ministerio de Información se bautizó a aquella reunión como El Contubernio («alianza vituperable en la que participan traidores») de Múnich.
Se cumplen, pues, 50 años de aquel llamado Contubernio y de la deportación a Canarias de aquella oposición blanda (otra oposición más beligerante y decidida -como la de la clase trabajadora en las cuencas mineras o en los cinturones industriales del País Vasco o Cataluña- era duramente reprimida) y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha decidido «conmemorarlo« retirando la placa -y con ella el nombre– a la Plaza de los Demócratas. Aunque cueste creerlo, las presiones del párroco de la ciudad, instando al Ayuntamiento a que la plaza pase a denominarse Nuestra Señora del Rosario (bajo el argumento de que es propiedad de la Iglesia) han cuajado y parte de aquellos que, en 1995, les rindieron homenaje hoy les vilipendian. Con carácter inmediato, el Alcalde -al que le faltó escasos días para ordenarse cura- ordenó retirar la placa; tempranito y cuando las calles duermen, para esconder tal vergüenza.
En 1995 aquella plaza también era propiedad de la Iglesia y para poder denominarla Plaza de los Demócratas se tuvo que llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento construyó unos locales, en un espacio anexo, para el uso de la parroquia, se pavimentó la plaza, se amuralló, se plantaron árboles, se pintó la fachada de la iglesia y, además, se le puso un reloj y una nueva campana. Vamos, que la ciudadanía -dinero público- se gastó una pasta con aquel acuerdo. Por eso, ahora que ya han «des-democratizado» dicha Plaza, salta la pregunta a la vista: ¿Nos devolverá la Iglesia nuestro dinero invertido, al precio actual, y con los intereses correspondientes?
Paradójicamente, el aniversario de aquella reunión en la capital bávara, está pasando con más pena que gloria y, salvo algunos reportajes periodísticos y el homenaje brindado por el Movimiento Europeo en el Congreso de los Diputados, se está silenciando un capítulo de la historia contemporánea de España y de Canarias, cuya trascendencia mediática, institucional y personal está aún por investigarse profundamente. Tarea, por otro lado, complicada: la documentación oficial ha desaparecido misteriosamente de los archivos canarios y españoles y los intentos de algunos familiares de los deportados por acceder a los expedientes policiales y ministeriales solo han encontrado disculpas y negativas. Todavía la losa del silencio sobre nuestro pasado más inmediato es casi inamovible. Y ahora, al silencio, se le suma la reacción a través de un verdadero contubernio , el llevado a cabo por parte del Ayuntamiento, representante de un pueblo que acogió con los brazos abiertos a aquellos cuatro deportados en 1962.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.