Una monarquía parlamentaria como la española, que reconoce como jefe de Estado al rey Juan Carlos y otorga numerosas prebendas a su familia, tiene también un elevado costo para las arcas públicas. Según la Ley Orgánica de los Presupuestos General del Estado para 2005, la denominada «familia real» tiene dos partidas presupuestarias: una genérica para […]
Una monarquía parlamentaria como la española, que reconoce como jefe de Estado al rey Juan Carlos y otorga numerosas prebendas a su familia, tiene también un elevado costo para las arcas públicas. Según la Ley Orgánica de los Presupuestos General del Estado para 2005, la denominada «familia real» tiene dos partidas presupuestarias: una genérica para la «Jefatura del Estado», cuyo importe total es de 7 millones 776 mil 340 euros, y otra bajo el epíteto de «apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado», cuyo importe asciende a 5 millones 282 mil 130 euros. El total anual de la partida presupuestaria, en la que no se incluye los gastos indirectos que asumen otras instituciones del Estado, asciende a casi 13 millones de euros al año.
Esta cifra oficial es la que se reconoce en los presupuestos, si bien ha habido actos públicos, como la boda del sucesor a la corona, el príncipe Felipe, que únicamente por los fastos del enlace se gastaron más de 30 millones de euros.
Pero lo que más indigna a los republicanos no es el costo económico de la monarquía, sino la supuesta impunidad de que gozan los miembros de la «familia real». El republicano Armando López Arenas señala al respecto que «los principales obstáculos que encontramos para denunciar esta situación y luchar por un nuevo régimen son el control de los medios de información que existe en este país, que tienen una especie de temor reverencial para hablar de la monarquía, del rey, de su familia y de sus negocios, y del papel que juegan como piedra angular de un modelo neoliberal imperante en España».
Miquel Jordá i Tarragó remató: «La monarquía no puede ser criticada públicamente, puesto que cambiaron el derecho penal para impedir que se denuncie cualquier tropelía del rey, de sus ascendentes y descendientes. Por ejemplo, si existiese un caso de corrupción o de negocios ilícitos en contra de la familia real no se podría actuar legalmente. Es conocido que cuando tomó posesión, Juan Carlos no tenía ni un duro y ahora se sabe que es jefe de una de las familias más ricas de España, se ha dicho que es la cuarta o quinta fortuna del país. Y yo me pregunto de dónde ha salido este dinero, de qué vive su familia…».