El modelo uruguayo de apostar a fuentes de energía renovables, que el gobierno de Macri toma como referencia y busca imitar, es muy costoso, inestable y lanza a la mayoría de la población a la «pobreza energética»
Fruto de una sostenida política estatal, Uruguay logró en los últimos años diversificar su matriz energética, transformándose en el país latinoamericano con mayor proporción de electricidad generada con fuentes renovables. En menos de una década, los combustibles fósiles fueron desplazados casi por completo de la producción eléctrica y el país oriental redujo significativamente las importaciones.
Sin embargo, la masiva y desbalanceada incorporación de energías que dependen del clima, como la eólica y la solar, produjo la inestabilidad del sistema eléctrico y una marcada suba en los precios de tarifas y combustibles. El país «modelo» en materia energética del Gobierno de Mauricio Macri es hoy el que presenta mayores índices de pobreza energética de América del Sur y uno de los más altos del continente.
La pobreza energética es un indicador internacional que refiere a aquella situación en la que una familia no alcanza a pagar la energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas, o bien destina una cantidad excesiva de sus ingresos (más del 10 por ciento) al pago de luz, gas y combustibles.
Según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi la totalidad de los ciudadanos uruguayos son considerados pobres energéticos y los hogares pertenecientes al primer decil de ingresos son los más vulnerables, ya que destinan en promedio el 15,6 por ciento de sus ingresos en satisfacer su demanda energética, el porcentaje más alto entre los países de América Latina.
Publicado en mayo de este año, el estudio demuestra que a pesar de las promesas de abaratar la energía, no solo «el éxito de las renovables no se traslada a la factura eléctrica» -como tituló el diario El País de Uruguay en una nota publicada a fines del año pasado-, sino que la «aventura verde» produce más bien el efecto contrario: luego de haber invertido más del 15 por ciento de su PIB, los tarifazos se volvieron la regla.
«Se repite lo acontecido en las naciones europeas ‘verdes’: cuando la incidencia de las fuentes renovables intermitentes supera entre 15 y 20 por ciento de participación en la matriz, los precios de la energía se incrementan marcadamente», explica Belén Ennis, Vicepresidenta del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).
Desde 2008, año en que Uruguay inició su transición energética, el precio de la energía aumentó ininterrumpidamente, afectando principalmente a los sectores populares y las industrias, que deben afrontar la electricidad más cara del subcontinente. Según datos de SEG Ingeniería, entre 2005 y 2015 la electricidad medida por la tarifa residencial aumentó más del doble (124 por ciento) y la de grandes consumidores se multiplicó por tres (160 por ciento), subas que en todo el período estuvieron por encima de la inflación.
Según Ennis, los excesivos aumentos se deben a una «agresiva expansión de las renovables», principalmente de la eólica, que pasó de significar un aporte del 1,2 por ciento en 2013 a representar casi un tercio de la generación total en el primer semestre de 2017, reemplazando a la energía térmica (9 por ciento) y ubicándose detrás de la hidráulica (60 por ciento). La solar, por su parte, aún continúa con valores marginales.
Más allá de sus beneficios medioambientales (cabe aclarar que no existen fuentes «limpias», es decir no contaminantes), estas energías no garantizan la fiabilidad del suministro eléctrico dada su dependencia climática. Cuando las condiciones temporales no son favorables, son incapaces de generar energía; en caso contrario, la energía no puede ser almacenada y necesita ser despachada a la red para evitar recalentamientos y apagones masivos.
A pesar de que la mayoría de los 35 parques eólicos instalados en el territorio uruguayo cuenta con contratos para inyectar su producción a la red sin restricciones, en la actualidad deben ser restringidos diariamente por el Gobierno y sus volúmenes modulados. «Y no solo eso. El Estado les paga a las empresas dueñas de los parques por la energía que éstos no despachan. Es decir, los ciudadanos no solo financian directamente de sus bolsillos la aventura ‘verde’, sino también indirectamente a través del Estado con subsidios a las renovables. Incluso, cuando nadie consume la energía que estas generan», afirmó Ennis.
La rapidez en reducir su dependencia de las importaciones y los combustibles fósiles, posicionó a Uruguay como un ejemplo exitoso en el mundo de transición hacia las energías limpias y modernas. En la prensa internacional se hace referencia a la experiencia que vive el país vecino como una «revolución», aunque los récords en pobreza energética son rara vez mencionados, y cuando lo son, se trata de asuntos colaterales.
«Modelo»
En nuestro país, el Gobierno de Mauricio Macri desde su asunción en diciembre de 2015 modificó la política energética al designar como responsable del Ministerio de Energía a un ex accionista de Shell como Juan José Aranguren y tomó el caso uruguayo como el «modelo» a imitar en el nuevo objetivo de diversificar la matriz energética, en medio de tarifazos, una caída constante en la producción de gas y petróleo y fuertes aumentos en las importaciones.
En este marco, 2017 fue declarado como «Año de las Energías Renovables» y el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Energías Renovables (RenovAR) con la meta de llevar el consumo de energía de estas tecnologías del 2 por ciento actual al 8 por ciento el próximo año y al 20 en 2025. Hasta el momento, el Plan contó con dos rondas licitatorias en las cuales fueron adjudicados 59 proyectos para incorporar energías mayormente eólica y solar que serán provistas en un 95 por ciento por empresas extranjeras.
Desde el OETEC, denuncian el deliberado sesgo extranjerizante del RenovAr y la desprotección a la industria nacional, que se encuentra en condiciones de participar en la totalidad de los proyectos y con un alto grado de integración de componentes nacionales, aunque es incapaz de hacerlo en los tiempos previstos por los funcionarios y autoridades. Es como si el programa hubiese sido diseñado para ser cumplido únicamente con la importación de equipos y de tecnologías.
Consultada sobre si Argentina esta imitando al peor o al mejor alumno, Ennis señala que la diferencia radica en si la energía es entendida como un negocio y una «poderosa herramienta de ajuste y empobrecimiento», o un derecho humano básico y fundamental, orientada al desarrollo económico y social de la población. «La lección uruguaya exhibe el fracaso de las renovables intermitentes a la hora de abaratar la energía y deja al descubierto el extraordinario y preocupante aumento de la Pobreza Energética en todos aquellos países, también europeos, donde la diversificación con las referidas tecnologías es digitada por el fundamentalismo ambiental», destacó.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/66091-el-costo-de-las-renovables