La crisis económica ha supuesto no solo un terremoto social sino también político al emerger nuevas dimensiones o ejes en el escenario político español que antes eran locales o irrelevantes desde el punto de vista electoral. Además del tradicional eje igualdad-desigualdad, constituyen el nuevo espacio político, el eje baja-elevada calidad democrática, el eje centralismo-independencia de […]
La crisis económica ha supuesto no solo un terremoto social sino también político al emerger nuevas dimensiones o ejes en el escenario político español que antes eran locales o irrelevantes desde el punto de vista electoral. Además del tradicional eje igualdad-desigualdad, constituyen el nuevo espacio político, el eje baja-elevada calidad democrática, el eje centralismo-independencia de la forma de Estado y el eje crecimiento-sostenibilidad; a nuestro juicio, este cuarto eje cobrará en los próximos años una importancia capital. Si con la crisis económica hemos despertado de un plácido sueño a una realidad más compleja y dolorosa, con la crisis energética y climática en ciernes esa realidad puede convertirse en una pesadilla.
En el mes de julio de 2014, un numeroso grupo de científicos, activistas y algunos políticos lanzaron el Manifiesto «Última llamada» (1) con el propósito de informar a la población y suscitar un amplio debate transversal en la sociedad acerca de la situación límite a la que nos vemos abocados como consecuencia de una expansión económica y poblacional que está colisionando con los límites de la Tierra. La crisis de recursos, especialmente energéticos, y el cambio climático son los síntomas más evidentes de que ya hemos entrado en una era de decrecimiento físico. De no acometerse un cambio radical, entraremos en una recesión económica duradera a escala mundial que hará colapsar el sistema económico capitalista con consecuencias inenarrables para la humanidad.
En pocas palabras, el escenario que oscurece el futuro es el siguiente. Hemos entrado ya en una situación en la que el acceso a los combustibles fósiles será cada vez más caro y difícil y no parece haber sustitutos que puedan reemplazarlos ni tiempo suficiente para hacerlo, Con una escasez de energía cada vez mayor, habrá menos trabajo. Las deudas con sus intereses no se podrán devolver y muy posiblemente el sistema financiero colapsará y, con él, el sistema económico de los diferentes países. Sin suficiente energía, también sufrirá el transporte. El empobrecimiento energético y el económico deshilacharán la red del comercio global y los sistemas económicos retornarán a ser más localizados. Y todo ello aderezado con sequías, hambre, sed, migraciones y demás consecuencias del cambio climático.
Muchas personas piensan que a largo plazo nuestra civilización es insostenible debido a los graves problemas ambientales y de recursos. No contemplan que el colapso de nuestra civilización pueda ocurrir en los próximos años y mucho menos que la actual crisis sea ya un síntoma del mismo. Pero los datos más fiables acerca de la crisis energética hacen muy verosímil que el mundo pueda entrar en la era de la escasez de los combustibles fósiles y del decrecimiento económico en el próximo quinquenio.
Aunque todavía insuficientemente conocida -la divulgación del Manifiesto se hizo principalmente a través de la red, mientras que solo un diario de gran tirada, la Vanguardia, se hizo eco de él- la problemática en torno al cuarto eje va a condicionar decisivamente la política en los próximos años.
Influencia sobre el primer eje: igualdad-desigualdad
Salvo en algunas Comunidades Autónomas en las que competían con éxito partidos nacionalistas, en los años anteriores a la crisis el único eje que posicionaba a cada partido en el resto de España era el eje igualdad-desigualdad. Los ciudadanos lo tenían fácil, en función de las políticas sociales y de igualdad se votaba izquierda-derecha, es decir, PSOE-PP. Por supuesto, el sistema económico no se ponía en cuestión y aquellos partidos que lo hacían tenían una representación minoritaria o eran marginales.
En una situación de crisis energética y decrecimiento cada vez más profundos, el problema de la desigualdad cobrará una relevancia crítica. Mientras la locomotora del crecimiento ha producido riqueza, los países europeos han podido hacer políticas socialdemócratas de empleo y reparto de la riqueza que beneficiaron a todos los ciudadanos, aunque de manera desigual, y evitaron la exclusión social. Inmersos en la crisis económica actual, que se ha ensañado especialmente con algunos países, como España, los gobernantes, siguiendo las directrices neoliberales de la Comisión Europea, BCE, Alemania y FMI, han privatizado, recortado derechos y servicios esenciales y redistribuido la riqueza en favor de los más ricos. Las consecuencias de estas políticas han sido el aumento millonario del paro, la pobreza y la exclusión social y la emigración de miles de jóvenes, la mayoría de ellos con estudios universitarios.
El mantenimiento de algunos bienes y servicios actuales puede llegar a ser inviable debido a la declinación de la energía neta disponible. Sencillamente, con una menor cantidad de energía no podrá aumentar la complejidad de nuestra sociedad, muy al contrario, tenderá a simplificarse. Los partidos que pretendan practicar políticas de igualdad han de tener en cuenta que no va a ser fácil llevar a cabo políticas socialdemócratas al uso y que han de lidiar con una austeridad que nos está imponiendo la propia naturaleza (2) y, en consecuencia, con una economía en recesión permanente. Para ser creíbles, las propuestas pro-igualdad de los partidos políticos deberían ir acompañadas de una estimación del coste de las mismas y de su correspondiente mecanismo de financiación.
Influencia sobre el segundo eje: baja-elevada calidad democrática
El movimiento del 15M y el ascenso de Podemos y de las candidaturas unitarias populares han venido a trastocar el panorama electoral y a destapar la baja calidad de nuestro sistema democrático. Tras el «No nos representan» del 15M, se ha denunciado un sistema electoral que no es lo suficientemente proporcional, una entente de los grandes medios de comunicación conniventes con el statu quo y una separación incompleta del poder político y judicial que impide que los casos de corrupción de políticos y oligarcas financieros reciban sentencias justas.
A los políticos que colaboran con el poder económico y luego son «teletransportados» mediante puertas giratorias a los consejos de administración de las grandes empresas, se les acusa de pertenecer a la «casta», aquellos representantes políticos que lejos de servir a los intereses generales, lo hacen a los poderes financieros y empresariales. Pero no todos los políticos ni todos los partidos son iguales y forman parte de una misma «casta» política.
Según Piketty (3), en los países de un capitalismo avanzado se está formando una oligarquía económica fruto de la herencia de capital y la posición social que se transmite de padres a hijos y que cada vez tiene más influencia sobre el poder político y medios de comunicación. Es de sobra conocido que este mecanismo ha funcionado en nuestro país y ha consolidado un cierto número de familias, especialmente cercanas al PP, CiU y PNV, con tentáculos poderosos en la política. Esta casta deriva de una clase social y, por lo tanto, ni es exclusiva de España, ni es reconvertible.
Pero el capitalismo español tiene una característica diferenciadora consistente en que gran parte de la clase social capitalista más que industrialista, es extractiva, parasitaria (4), vive de la especulación y la concesión pública de obras y servicio s y su forma de sobrevivir y reproducirse consiste en mimetizarse y comprar aliados en la política. Y es a través de este segundo mecanismo, facilitado por la falta de controles tanto del Estado como de las organizaciones políticas y sindicales, por el que algunos de nuestros representantes, especialmente de aquellos partidos y sindicatos que han tocado más poder, han accedido al enriquecimiento personal y a ser considerados parte de la casta.
No cabe duda que algunos partidos son los representantes ideológicos y políticos del capitalismo español y sus líderes llevan a cabo unas políticas acordes con los intereses de la clase social a la que representan y/o pertenecen. Su interés, por lo tanto, por aumentar la transparencia, independizar el sistema judicial del político, facilitar la variedad de información, promover formas de participación directa, en una palabra, por mejorar la calidad democrática es nulo. Lo incomprensible es que dirigentes de partidos (PSOE, principalmente) que programáticamente defienden otros principios ideológicos y que en diferentes ámbitos han puesto en práctica políticas en defensa de los intereses mayoritarios de la ciudadanía hayan claudicado ante el dinero y aceptado políticas económicas y fiscales impropias de partidos de izquierda. No será fácil, pero quizá sea posible su regeneración ética y democrática, aunque no esperamos que puedan hacerlo de sus ideas económicas en vista de la adscripción de la socialdemocracia al capitalismo y su deriva neoliberal.
Cabría entonces hablar de un segundo eje, el de la calidad democrática que incluya no solo la democracia representativa sino una democracia más apegada a la ciudadanía y alejada de lobbies empresariales y financieros. En resumidas cuentas, una democracia también deliberativa y participativa que ejerciera el derecho a decidir de la ciudadanía mediante consultas y referendos.
El cuarto eje también influirá en la calidad democrática. La tendencia al decrecimiento, a un mayor empobrecimiento y, como hemos dicho anteriormente, a una relocalización de las economías, obligará, so pena de ser pasto de la delincuencia y el caciquismo, a una mayor organización ciudadana y profundización en la democracia participativa. Ante esta perspectiva, es primordial potenciar el movimiento de ciudades en transición en torno a iniciativas que fomenten el espíritu comunitario y la resiliencia social, tales como cooperativas agrarias y empresariales, redes de productores-consumidores, banca ética, consultas y referendos populares, etc.
Pensamos, sin embargo, que el derecho a decidir debería tener limitaciones. ¿Sería justo que algún partido o movimiento social planteara consultas que contravinieran derechos humanos, como la implantación de la pena de muerte o la expulsión de los inmigrantes? Por el contrario, ¿no sería más justo que decisiones económicas como la de incluir un déficit máximo del 3% en la Constitución u otras, como la de entrar en guerra, fueran consultadas a los ciudadanos? En todo caso, estas limitaciones habrán de precisarse y figurar en la Constitución. A nuestro entender, como criterios generales para formularlas, deberían respetar la carta de derechos humanos de Naciones Unidas y evitar que el partido en el gobierno pueda acabar con la democracia y constituir un Estado dictatorial o/y teocrático. Aunque ahora tales amenazas parecen lejanas, se acercan tiempos convulsos y caóticos y no cabe descartarlas. Previendo esa posibilidad, para estos casos, habría que establecer barreras defensivas constitucionales, mayorías mucho más significativas que la del 50% de los votantes. Por otra parte, habría que implantar referendos revocatorios como garantía democrática en el caso de que los gobernantes incumpliesen flagrantemente su programa electoral.
Influencia sobre el tercer eje: el derecho a decidir sobre la forma de Estado
La cuestión catalana, el derecho a decidir sobre la independencia, no solo ha diferenciado políticamente a los ciudadanos de esta Comunidad sino que lo ha hecho también con los del resto de España. Este tercer eje del espacio político español, complica todavía más la elección electoral aumentando el abanico de opciones a las que se pueden adscribir los votantes: independencia, federalismo, sistema actual o más centralismo.
Ninguna constitución de un país contiene el germen de su propia destrucción. A nuestro juicio, si llegado el caso, el derecho a decidir sobre la independencia comenzara a legislarse en las Constituciones de los países, debería tener también limitaciones, ejerciéndose con una mayoría bastante más significativa que la del 50%, pues se trata de evitar una escisión irreversible de la ciudadanía.
El cuarto eje condiciona también el derecho a decidir sobre la forma de Estado. El decrecimiento y relocalización de las economías provocará tendencias separatistas en los países; las regiones ricas querrán soltar lastre y navegar en el río de la historia por su cuenta. En la propia UE los nacionalismos de todo tipo vuelven a crecer electoralmente y el resto de partidos, si no quieren ver disminuida su cuota de poder, asumirán parte de sus reivindicaciones. En buena medida, la reivindicación catalana va en ese sentido. Un diputado catalán dijo en el Congreso de los diputados, durante la primera legislatura de Zapatero, que los catalanes abrazarían la independencia cuando se convencieran de que podrían vivir mejor fuera que dentro de España. La crisis económica ha proporcionado una magnífica ocasión para elevar la fiebre independentista. Sería, sin embargo, conveniente que se lograra una solución federal, tanto a nivel europeo, como español. En un contexto de decrecimiento, los conflictos por recursos como el agua y la energía, por reivindicaciones territoriales, por causa de la inmigración, etc., no faltarán. Europa y, en especial, España podrían entrar en un período de inestabilidad duradero cuasi medieval.
Referencias
(1) Manifiesto última llamada (2014) https://
(2) Trainer, T (2011). ¿Entienden bien sus defensores las implicaciones políticas radicales de una economía de crecimiento cero? http://www.sinpermiso.info/
(3) Piketty, citado por Bach, P (2014) http://www.rebelion.org/docs/
(4) García Biel, M. (2014). ¿El problema base es de «casta política» o de clase social? http://www.nuevatribuna.es/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.