Los victimarios franquistas, y sus herederos políticos querrían que sus víctimas fueran invisibles. Que no molestaran y se quedaran en las cunetas del olvido. Que no recordaran, por ejemplo, que hoy hace 80 años llovían bombas en Durango por un ataque indiscriminado de Mussolini. Hay crímenes tan despreciables, sin embargo, que sus víctimas nos convocan […]
Los victimarios franquistas, y sus herederos políticos querrían que sus víctimas fueran invisibles. Que no molestaran y se quedaran en las cunetas del olvido. Que no recordaran, por ejemplo, que hoy hace 80 años llovían bombas en Durango por un ataque indiscriminado de Mussolini.
Hay crímenes tan despreciables, sin embargo, que sus víctimas nos convocan y exigen justicia. Como espectros que se levantan y nos señalan con el dedo acusador, nos recuerdan que somos contemporáneos del instante en que se paró el reloj biográfico. Este es el caso del joven barcelonés Puig Antich. Su huella, a pesar del paso del tiempo, sigue presente. Como tantos otros asesinados, torturados o desaparecidos por el régimen franquista, la impunidad de ese crimen atroz nos convierte en cómplices inevitables del momento en el que su vida se dislocó en el garrote vil. Es por este motivo que en el Ayuntamiento de Barcelona hemos decidido que su caso sea uno de los primeros en llevar ante los tribunales. Hoy hemos sellado, de hecho, un compromiso en el Pleno para hacerlo posible. Sólo la minoría del PP y Cs -5 concejales en total- se ha opuesto. Una amplia mayoría de 23 concejales, por el contrario, han apoyado una moción para actuar judicialmente contra los crímenes del franquismo.
La muerte de Puig Antich fue un acto de venganza. Lo demuestra, por ejemplo, el siniestro método medieval de ajusticiamiento utilizado. Su fusilamiento se descartó con el argumento de que era un final demasiado digno. De nada sirvieron las peticiones de indulto que llegaban desde el Vaticano y otros rincones del mundo. Otra prueba de ello fue la farsa judicial que le llevó al patíbulo y que el periodista Jordi Panyella detalla en el libro «Puig Antich, caso abierto». No tuvo derecho a juicio justo, equitativo, independiente, imparcial o con garantías procesales. Cuatro miembros de su Consejo de Guerra fueron escogidos por su «rectitud patriótica» entre «capitanes resolutivos» y sin ninguna formación jurídica. El quinto militar, Carlos Rey, sí que era jurista. Contra él se dirigirá la querella promovida por el Ayuntamiento de Barcelona con el apoyo de las hermanas Puig Antich. Fue quien llevó la voz cantante y redactó la sentencia de muerte. Como consecuencia de ello, está imputado en un juzgado de Buenos Aires y sobre él pesa una orden internacional de busca y captura. En la actualidad, sin embargo, sigue ejerciendo de abogado. Uno de sus últimos clientes fue la dirigente del PP, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de Método 3.
En una reciente entrevista afirmó sin indicio de arrepentimiento que él «hizo lo que tenía que hacer». Este tipo de alegatos son un insulto a la familia de Puig Antich pero también a los Derechos Humanos. Y nos remiten a la trágica experiencia del nazismo. Las condenas de Nuremberg establecían que la actuación de los fiscales y jueces nazis podía ser legal a la luz del propio sistema jurídico alemán pero no del derecho internacional. Se aplicaba, con ello, la famosa fórmula del jurista alemán Gustav Radbruch según la cual la «extrema injusticia» en un contexto dictatorial no puede ser nunca derecho. Un argumento que vale para los consejos de guerra franquistas, como el del joven barcelonés, declarados «ilegítimos» por la propia ley de memoria histórica. Con esta filosofía de fondo, el Tribunal de Estrasburgo ha tratado estas sentencias más como actos de barbarie que como actos de derecho.
Hay crímenes que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. Que no sólo ofenden a quien los padece sino también a la humanidad entera. Y precisamente por eso, independientemente de quién sea su autor y donde se haya producido, se pueden perseguir desde cualquier rincón del mundo. Contra ellos, hay que levantar un «nunca más» como imperativo categórico y para enviar un mensaje preventivo claro a los gobernantes. Utilizar el propio aparato estatal para asesinar, torturar y luego asegurarse la propia inmunidad, es una operación arriesgada. Siempre puede abrirse una investigación en algún otro lugar.
Los tribunales españoles fueron, de hecho, pioneros en el impulso de este principio. Se invocó el recurso a la jurisdicción universal para romper la impunidad de crímenes ocurridos en otros países. Entre los casos más notorios estaban los de Chile y Argentina. De nada sirvieron los argumentos de los que blandían leyes de amnistía y punto final aprobadas para dejarlos sin castigo. La condena del Tribunal Supremo al ex-militar argentino, Adolfo Scilingo, es un buen ejemplo de ello. La cuestión se torció, sin embargo, cuando se trataron de limpiar los trapos sucios propios. El cierre brusco de una investigación en la Audiencia Nacional sobre los crímenes franquistas ponía al descubierto el uso hipócrita del derecho. Las normas que no valían para los demás, entonces sí valían para uno mismo. Se produjo, entonces, lo inesperado. La senda abierta por la jurisdicción española fue retomada por un juzgado argentino. Una querella presentada por víctimas y asociaciones permitió impulsar la investigación contra los responsables de los hechos. Entre ellos, los que presuntamente asesinaron a Puig Antich. La respuesta, sin embargo, siguió siendo poco recíproca. Las autoridades españolas se negaron a dar curso a las órdenes internacionales de extradición. No por casualidad, a diferencia del resto de Europa, el fascismo español no fue nunca derrotado militarmente. Esto explica que, mientras se desprecia a las víctimas del franquismo, se condena a una joven por sus chistes sobre uno de sus victimarios.
Esta política de bloqueo es, sin duda, contraria a otro principio del Derecho Internacional que dice «extradita o juzga». O se investiga o se deja investigar. Con este argumento, y tras el cambio de ciclo político abierto en las pasadas elecciones municipales, ayuntamientos como Zaragoza, Cádiz, Vitoria-Gazteiz, A Coruña, Pamplona o Barcelona retoman ahora el hilo argentino para volverlo a llevar a los tribunales españoles. Las primeras grietas se abrieron a partir de 2013. Primero, con la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona para que se investiguen los bombardeos fascistas de 1937-1939. Luego, con la investigación del asesinato de 10 civiles en 1936 seguida por un juzgado de Almazán (Soria). O la reciente moción aprobada en el Parlamento andaluz calificando los delitos del franquismo como crímenes de lesa humanidad. Las entidades memorialistas y de Derechos Humanos han encontrado, ahora, en esta Red de Ciudades contra la impunidad franquista un nuevo aliado para seguir rompiendo el candado de la impunidad. El tiempo transcurrido no debilita su reivindicación de justicia. Al contrario, la legitima más. A Puig Antich lo asesinó el régimen franquista pero es el actual régimen el que hasta ahora no lo ha reparado. Quien busca la impunidad de este tipo de asesinatos es tan responsable como quien les perpetuar. Las víctimas siguen siendo actuales en tanto que no se les haga justicia. No se les puede ignorar una y otra vez. Y, si se hace, el eco de su voz nos perseguirá sin descanso. Como promesa de un «nunca más» que quiere hacerse realidad. Como irrenunciable ley de quien, en la lucha por los Derechos Humanos, no acepta fronteras ni mordazas. Ni pactos de silencio ni pactos del olvido. Esto es, precisamente, lo que nos reclama la memoria de Puig Antich cuando nos apunta con su dedo acusador.
Jaume Asens, teniente-alcalde del Ayuntamiento de Barcelona
Fuente: http://blogs.publico.es/torndeparaula/350/el-dit-acusador-de-puig-antich/