El 17 de febrero, Múgica presentó su informe sobre centros terapéuticos. Días más tarde se celebraba una marcha para exigir el cierre del centro Picón de Jarama, uno de los que peor parados salen en el texto del Defensor del Pueblo. Al finalizar la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la comisión mixta del Senado, […]
El 17 de febrero, Múgica presentó su informe sobre centros terapéuticos. Días más tarde se celebraba una marcha para exigir el cierre del centro Picón de Jarama, uno de los que peor parados salen en el texto del Defensor del Pueblo.
Al finalizar la comparecencia del Defensor del Pueblo ante la comisión mixta del Senado, el 17 de febrero, la portavoz del PP en dicha comisión, Begoña Contreras, criticó la difusión pública del informe sobre centros terapéuticos dado a conocer en enero, informe que calificó como «desolador». Contreras preguntó al adjunto del Defensor del Pueblo por qué no se habían puesto en manos de la Fiscalía los datos recabados durante las investigaciones.
El estupor de la senadora contrasta con las declaraciones que hizo sólo cuatro días antes el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, quien, flanqueado por la consejera regional de Asuntos Sociales, declaró que no compartía las denuncias del Defensor del Pueblo «en absoluto» y que el trato dado a los menores en los centros terapéuticos es, en su opinión, «correcto».
Cuatro aspectos principales
La comparecencia de Múgica estuvo estructurada en cuatro puntos: la aplicación de medidas disciplinarias, la salud mental, la falta de protagonismo que se reconoce a los adolescentes en el control de su desarrollo personal, y la nula preparación que se les facilita para afrontar su futuro. En cuanto a las medidas disciplinarias, Múgica resaltó que su oficina ha observado en muchos centros «una tendencia proclive a la confusión entre pedagogía y derecho penal». Así, los senadores de la comisión mixta escucharon de primera mano que el 68% de los centros visitados cuentan con salas de aislamiento; también, el relato de casos como el de Hamid, de 12 años, que en diciembre se suicidó en el centro de menores Picón de Jarama. En lo relativo a la salud mental, la oficina de Múgica reconoce que «la medicación de la desdicha oculta nuestra incapacidad para ofrecer soluciones vitales. Y atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación en el tratamiento». La comparecencia sirvió para que el Defensor del Pueblo se lamentase ante los senadores de que no se preste atención al deseo de los menores de tomar parte en su desarrollo y su futuro.
La madrileña Coordinadora de Barrios considera positivo que esta oficina haya dado voz a los menores: «Nos parece un hito que por primera vez se dé credibilidad a lo que dicen los niños, y también es importante que salga a la luz pública aquello que muchos llevamos denunciando desde hace mucho tiempo». El informe, apuntan desde la Coordinadora, «hace un análisis bastante completo de todas las instancias que tienen responsabilidad sobre la vida de estos chicos», aunque, en opinión de este grupo, el informe ha mostrado «sólo la punta del iceberg del tema de la psiquiatrización de menores».
Por otra parte, el sábado 28 de febrero tuvo lugar una marcha hasta el centro Picón de Jarama, del que es titular la Fundación O’Belén. Los convocantes consideran que se está cerca de cerrar este centro de Paracuellos y explican su intención de no parar «ni con el cierre de Picón, ni con informes-maquillaje de instituciones». Los manifestantes llegaron hasta las puertas del centro, donde expresaron su solidaridad con los chicos y chicas que residen en él.