Recientemente hemos conocido que la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), Arantxa González Laya, realizó un viaje de trabajo a Colombia en el transcurso del cuál visitó la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con el fin de “conocer la realidad de los migrantes venezolanos”. El interés por ese conocimiento se justifica, entre otras cosas de las que hablaremos a continuación, porque España “aporta ayuda humanitaria para prevenir la COVID-19 en las personas refugiadas y migrantes venezolanas” (la cursiva es mía), siendo esta una iniciativa de calado, nada coyuntural ni al ritmo que marca la pandemia, sino que antes de la COVID-19, nos aseguran, España se puso “al frente de las donaciones para atender a los migrantes venezolanos” (noticia de octubre de 2019).
Nada que decir de tan loable interés si no fuera porque la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) insiste en incluir los fondos que destina a tal fin y que Cáritas, Acción contra el Hambre y Cruz Roja Española ejecutan en el terreno, entre los exiguos recursos que dedica a la Ayuda Humanitaria (62 millones de € en 2019, el 6,5% de la Ayuda Oficial al Desarrollo -AOD- bilateral y el 2,35% de la ayuda neta total), lo que decididamente no es, por mucho que los pongan bajo la gestión de la devaluada Oficina de Acción Humanitaria y a pesar de que la nota de prensa en que se anuncia incluya en el párrafo final: “La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID se encarga de la gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de España, en base a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”.
Y aquí está el quid de la cuestión, en los principios humanitarios y especialmente en el de la independencia que al final se señala y del que no puede estar más lejos el MAUC y su agencia de cooperación en esta actuación. No toda la ayuda que prestan los gobiernos es ayuda humanitaria. De hecho, la mayor parte, como se ha dicho, no lo es, sino que suele tratarse de distintas formas de asistencia sobre cuya finalidad donantes y receptores tienen intereses que van más allá del objetivo inmediato que se anuncia. Y cuando no son las necesidades básicas de la población afectada por un evento catastrófico, sea terremoto, guerra, pandemia o crisis económica, lo que mueve al donante, o cuando éste se puede identificar con claridad como causante o contribuyente al mal que pretende aliviar, la ayuda no puede ser considerada “humanitaria”.
Como es conocido, España, al igual que Europa, carece en la práctica de política exterior propia, estando supeditada de forma habitual a los intereses, designios y directrices de EEUU. Entre las cualidades que adornan al actual responsable de la política exterior de la UE, José Borrell, antecesor de la Sra. González Laya en el MAUC, destaca la sinceridad. Quizás no sea una gran virtud para un diplomático, pero a los ciudadanos de a pie nos ayuda a entender algo mejor las relaciones internacionales. El Sr. Borrell no ocultó ni un detalle en su momento sobre cómo el reconocimiento de España a Guaidó, la persona elegida por Trump para presidir Venezuela, se precipitó por las presiones del embajador de EEUU en España, ni que, en la actualidad, para conocer qué rumbo van a tomar las relaciones de Europa con aquél país latinoamericano tengamos que esperar a que (textual) “Biden fije posición”. Por ello España y Europa se suman con decisión a toda la batería de sanciones que impone el gigante del Norte y que, sin duda, está en la base de la penuria que atraviesa la población venezolana, provocando su éxodo hacia países limítrofes, como Colombia, en busca de alivio a su precaria situación. España, por tanto, contribuyendo a crear el problema y, luego, acudiendo presto a socorrer a las víctimas. Como aquél piadoso noble de la fábula de Iriarte, tan explotador como generoso, del que escribió con motivo de la inauguración de una casa de salud para indigentes que el sátrapa construyó:
«El señor don Juan de Robres,
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital…
y también hizo los pobres.»
Que las políticas de castigo que EEUU, sus aliados en la zona y Europa con España a la cabeza, perpetran en Venezuela se sitúan en el origen de esa difícil situación que atraviesa el pueblo venezolano no está en discusión. Para eso, y no para otra cosa, se llevan a cabo. En el colmo de un cinismo impropio de organismos que representan en su actos y declaraciones a una nación, el MAUC asegura que las sanciones que impone a aquel país “son una herramienta importante de las relaciones internacionales” y se tratan, según afirman, de «medidas políticas coercitivas para evitar el uso de la fuerza contra estados o instituciones que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales». Que aquel castigado país signifique ese peligro que le atribuyen o que provoque la inseguridad mundial que quieren señalar está también fuera de toda realidad, como sin duda todo el mundo en su sano juicio convendrá. El auténtico peligro lo constituyen las propias sanciones, pero no para Maduro y otros dirigentes venezolanos, sino para la vida y el bienestar de los venezolanos. Esas medidas infligen un daño injustificado a las personas, sobre todo a las más vulnerables, y raramente consiguen mover ni tan siquiera un renglón de las políticas escritas por los gobiernos a los que se quiere corregir o derrocar, ni por disuasión, ni a base de provocar descontento social y violencia interna. El caso de Cuba, en donde 60 años de dificultades de los cubanos provocadas por el bloqueo estadounidense y sus sanciones sin conseguir un cambio de régimen ni modificación significativa alguna en las políticas de su gobierno es un elocuente ejemplo de ello.
Con ser tristemente frecuentes estas prácticas en el panorama mundial no pueden conseguir nuestro silencio cómplice ni que admitamos de ninguna forma que se las señale con la identidad del humanitarismo cuando no lo tienen. El principio humanitario de independencia fue incluido en la resolución 58/114 de la Asamblea General de la ONU (5 de febrero de 2004) y exige que la acción humanitaria sea autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias, lo que con claridad no cumple España, país donante en esta crisis, en abierto conflicto con el gobierno venezolano. Es más, esta visita de marketing de la ministra acompañada por las autoridades colombianas, parece una secuela de aquélla gran patochada disfrazada de “ayuda humanitaria a la fuerza” que se quiso imponer a Venezuela en febrero de 2019 y que tan claramente denunciaron las agencias internacionales y la mayoría de la organizaciones humanitarias. Es sencillo, ministra, no puede haber ayuda humanitaria si los actores involucrados no respetan escrupulosamente esos principios y las decisiones que en cada momento tomen no pueden estar condicionadas por la agenda internacional de los financiadores, ni por los intereses de política exterior de los Estados o de los agentes implicados. No cumplirlos, en especial en situaciones de conflicto, genera inseguridad que afecta a los trabajadores humanitarios, quienes a los ojos de muchos se convierten en colaboradores “del enemigo”, así como a la eficacia de la propia ayuda, a la que muchos que la necesiten preferirán renunciar si consideran que puede ser “sospechosa” de perseguir intereses distintos a los que anuncia.
La dignidad de las víctimas exige, además, que quienes provocan el daño no pretendan blanquear sus acciones participando después en la ayuda a quienes sufren sus consecuencias. Es tan evidente que será difícil encontrar a alguien, por muy ajeno que sea a este mundo de la cooperación, que no entienda una norma como esta. Por estos motivos, es decir, la observación de la independencia como principio humanitario elemental y el respeto a la dignidad de quienes necesitan la ayuda, Médicos Sin Fronteras renunció a los fondos que ofreció Europa para socorrer a los refugiados kurdos provocados por el conflicto después de que la UE apoyara a EEUU en la primera Guerra del Golfo (1991), o que esta misma organización haya renunciado en 2016 a los fondos que movilizó la UE y algunos de sus estados miembros para atender a los migrantes que llegaban a territorio europeo cuyas penurias eran el penosos resultado de la dañina política migratoria europea “basada en la disuasión y en alejar lo máximo posible de sus costas a quienes huyen de la guerra y el sufrimiento». Se trata de una postura coherente ante una situación que guarda un evidente paralelismo con la que pretende socorrer España en la frontera colombiana con el concurso de algunas ONG´s. Ítem más, parecidas estratagemas, aunque jamás consiguieran confundir a nadie, fueron utilizadas con el falso señuelo de lo humanitario, por las tropas de EEUU cuando, ante nuestros atónitos ojos, arrojaban bolsas de comida en las mismas zonas de Afganistán donde minutos antes habían bombardeado, con el objetivo principal de desalojar del poder al gobierno talibán en octubre de 2001. “Si no te matan, no te van a dejar morir de hambre y así estarás dispuesto para el próximo bombardeo”, pensábamos en Peshawar, en la frontera afgano-pakistaní cuando, en aquéllos terribles días sentíamos sobre nuestras cabezas el estruendo de los aviones de la US Air Force sin saber si portaban su carga mortífera o inocentes paquetes de galletas, como un gran sarcasmo y una gran burla a la esencia misma del humanitarismo que representábamos las ONG’s que allí trabajábamos.
Antes de iniciarse la crisis actual habían llegado a Venezuela cerca de 200.000 refugiados durante los últimos 15 años, de los cuales más del 95% eran colombianos. Señalando a Venezuela, sus migrantes y sus problemas desde Colombia, país en abierta hostilidad con su vecino al que en varias ocasiones ha amenazado veladamente con invadir, la ministra que representa a un país que también sanciona a aquél, hace política disfrazada de ayuda humanitaria sin que, que sepamos, se haya interesado en conocer y quizás en intentar paliar con AOD española, las causas por las cuales Colombia se ha convertido en la segunda nacionalidad más frecuente de solicitantes de asilo político y refugio en España en los últimos años, además de ser el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de los derechos humanos, cuestiones que están, cómo no, íntimamente relacionadas. Pudiera ser que ni a España ni a nuestro fiel aliado en la región le convenga el descrédito que el conocimiento de esas circunstancias les supondría, por más que la atención a esas personas en España esté sufragada con fondos del MAUC y contabilizada como AOD, aunque se trate de gasto social invertido en nuestro país y que no promueva el desarrollo ni se trate, evidentemente, de Ayuda Humanitaria. Por lo tanto, la proporción de la Ayuda Humanitaria total que nuestro país dedica a Venezuela es parecida a la que dirige a Colombia (4% y 3,7% respectivamente), pero el MAUC prefiere dar visibilidad a la primera, aunque para hacerlo haya que visitar al segundo sin interesarse, aparentemente, por sus problemas.
España es un país con una gran presión migratoria y en el que la atención a las personas que llegan en penosas circunstancias no alcance, la mayor parte de las veces, estándares mínimos en cuanto al respeto a sus derechos fundamentales. Sorprendería la preocupación de la señora ministra por la situación de los migrantes de terceros países en cuartos países, si no incorporáramos a esta visión el componente de la propaganda política, mientras echamos de menos ese mismo interés por los que llegan a Canarias o a Melilla. En fin, un lío diplomático. Haga lo que quiera, señora ministra, pero por favor, respete los principios humanitarios y no intente utilizarlos para otros fines ni confundir a las personas.
A veces tenemos la sensación de que las noticias llegan con retraso al Palacio de Santa Cruz, por lo que desde allí se siguen aplicando recetas trumpistas a las relaciones internacionales. Algún allegado debería advertirles que el gran impostor abandonó, afortunadamente, hace unos meses la Casa Blanca.
Manuel Díaz Olalla. Médico Cooperante.