Por primera vez desde que existe el Tribunal de Cuentas, éste ha aprobado en un pleno, por unanimidad, que entre sus planes de actuación de fiscalización para el año 2019 se encuentre la Iglesia católica y lo será referido al uso de los 250 millones de euros que solo, en el último año, ha recibido […]
Por primera vez desde que existe el Tribunal de Cuentas, éste ha aprobado en un pleno, por unanimidad, que entre sus planes de actuación de fiscalización para el año 2019 se encuentre la Iglesia católica y lo será referido al uso de los 250 millones de euros que solo, en el último año, ha recibido por el 0,7% del IRPF y también se fiscalizaran otras subvenciones públicas sin detallar cuales serán estas. Es sin duda una buena noticia ya que es un reconocimiento explícito que los millones de euros que se dan a la iglesia católica se detraen del presupuesto público y además todo esto obligará al Sr Barriocanal, encargado de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, a esmerarse un poco en esa Memoria mentirosa que todos los años presenta de manera propagandística y también le obligará a abstenerse de acusar, como últimamente suele hacer, a la modesta asociación de Europa Laica de ser la instigadora de la presión para su fiscalización.
Las presiones para la fiscalización de los fondos públicos que utiliza la Iglesia Católica no solo vienen ya del Tribunal de Cuentas o de algunos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados también vienen de la Unión Europea y de sus tribunales quienes en una sentencia de junio de 2017, dando un toque de atención sobre las exenciones que recibe la Iglesia católica en España, se obliga a pagar el Impuesto de Construcciones y Obras a un colegio concertado católico en Getafe poniendo en evidente contradicción los Acuerdos de la Santa Sede del año 1979 con la normativa europea. El mismo Tribunal de Cuentas, pese al conservadurismo que predomina en su seno, ha advertido en su informe anual sobre beneficios y exenciones fiscales que existe un fortísimo descontrol de las exenciones y beneficios fiscales a las entidades supuestamente sin fines lucrativos y en particular de las organizaciones religiosas. Este descontrol de exenciones y beneficios fiscales no se sabe a cuanto puede ascender pero serían muchos miles de millones de euros. El Tribunal de Cuentas advierte a la Agencia tributaria que incluso dentro de la más que discutible legislación en vigor, existe una pasividad por parte de la Agencia tributaria en el control de estas organizaciones y sus actividades. Igualmente se cuestiona que exista una justificación no lucrativa para muchas de las actividades de estas organizaciones y también reprocha que no se hagan estudios ni memorias de los beneficios para las políticas públicas que pudieran justificar esas exenciones y beneficios fiscales.
La iglesia católica y sus fundaciones religiosas no solo en España, en todo el mundo, son especialistas en tres cosas: en primer lugar en ser una de las cuevas preferidas del dinero negro y del blanqueo de dinero para las mafias como bien explicó hace años Coppola en la tercera parte de su película el Padrino; en segundo lugar, realizar actividades lucrativas y especulativas y hacer que parezcan como no lucrativas y así aprovecharse de exenciones y beneficios fiscales diversos, y en tercer lugar obtener fondos públicos y privados con destino a sus diferentes organizaciones de caridad, educativas o asistenciales y desviar ese dinero para otros fines enmascarándolos de mil maneras. Robert Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciologia comprendió pronto que la mejor manera para evadir impuestos y realizar fraude a la Hacienda, en los Estados Unidos, era creando una Iglesia y por eso la creó. Como dijo el propio Robert Hubbard: «Creemos pronto una Iglesia. ¡Es ahí donde está el pasta!». En un país como España el trabajo para la inspección de Hacienda, en el ámbito de las organizaciones religiosas, es inmenso. Las entidades sin fines de lucro deberían ser más investigadas y fiscalizadas y también se requiere una nueva legislación para las entidades supuestamente no lucrativas. En España sabemos, desde el caso GESCARTERA, que muchísimo dinero de las órdenes y fundaciones religiosas, proveniente de fondos públicos, acaban en chiringuitos financieros y no en sus queridísimos pobres.
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