Una vez más la incongruencia de algunos de los planteamientos de nuestros parlamentarios, hace que tengamos que salir a demostrar nuestro rotundo rechazo a los mismos. El día 10 de septiembre de 2003, en el debate del Congreso de los Diputados, la parlamentaria del grupo del PSOE, Dª Amparo Valcarce, presentó una proposición no de […]
Una vez más la incongruencia de algunos de los planteamientos de nuestros parlamentarios, hace que tengamos que salir a demostrar nuestro rotundo rechazo a los mismos.
El día 10 de septiembre de 2003, en el debate del Congreso de los Diputados, la parlamentaria del grupo del PSOE, Dª Amparo Valcarce, presentó una proposición no de ley, solicitando la anulación de los juicios sumarísimos de la dictadura franquista.
Las intervenciones de todos los representantes de los grupos de la oposición que apoyaban la iniciativa, fueron ejemplares, sentidas, solidarias y humanas, incluida la de la diputada socialista. No así la del representante del partido entonces en el gobierno, Sr. Atencia, que produjo en los familiares presentes en el debate, un sentimiento mezcla de dolor y estupor. La votación se perdió por la mayoría del PP. De haber sido la composición del Congreso de otra forma, la Proposición no de ley estaría en vigor.
Pues bien, ahora nos encontramos con que el parlamentario del PSOE, Sr. Jáuregui, niega la posibilidad de la anulación de los juicios sumarios, remitiéndose a justificaciones jurídicas, que no se valoraron ni argumentaron por su compañera de partido político hace tan sólo ocho meses. Con sus razonamientos en el Congreso de los Diputados, el Sr. Ramón Jáuregui, da legitimidad a los actos franquistas.
Sin entrar en el fondo de las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay ninguna razón ni jurídica, ni política que impida que el Parlamento español como único representante de la voluntad popular establezca por ley la ilegalidad de algo tan obvio como son los actos jurídicos de un sistema de gobierno condenado e ilegalizado expresamente por las Naciones Unidas y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias actuales de juicios que son nulos de pura nulidad. ¿O es que ahora el Grupo Parlamentario del que actuó como ponente el Sr. Jáuregui admite la legalidad del régimen surgido del levantamiento militar de 1936 y de sus actuaciones jurídicas que violaron los más elementales derechos civiles y humanos de millones de españoles?
Mala forma de conmemorar los 125 años de existencia del PSOE y el recuerdo de sus militantes ejecutados con sentencias dictaminadas por tribunales sin legalidad, ni legitimidad alguna y que el pueblo siempre consideró una farsa.
Con actuaciones de este tipo, cuestionamos la sinceridad de la intencionalidad de recuperar la memoria de la Represión y la ilegitimidad de aquella dictadura que causó la quiebra de la convivencia de una Nación con sus actos de barbarie. No se deben utilizar argumentos que se saben recurribles, y que no propician la cohesión de España mientras esos hechos no sean conocidos por todos, y probada su ilegitimidad.
Hacemos constar nuestra satisfacción por el inicio del debate sobre la verdad de nuestra historia, con la esperanza de la unidad de criterios entre los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta las propuestas de las asociaciones que representamos a los represaliados de la dictadura y los derechos humanos.