La Justicia de San Juan imputó a nueve empleados de la minera Barrick Gold y no descartó que pudiera haber responsabilidades del gobierno provincial en el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en el río Jáchal. Anoche, vecinos de las ciudades de Jáchal e Iglesia marcharon en las calles de […]
La Justicia de San Juan imputó a nueve empleados de la minera Barrick Gold y no descartó que pudiera haber responsabilidades del gobierno provincial en el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en el río Jáchal. Anoche, vecinos de las ciudades de Jáchal e Iglesia marcharon en las calles de la capital provincial para rechazar la actividad minera.
El juez Pablo Oritja imputó a nueve empleados de Barrick, pero advirtió que los acusados podrían ser más, si la recolección de información, que continúa llevando adelante, permite determinar que hay más responsables del derrame producido el 13 de septiembre en la mina Veladero. «Hay una idea clara de lo que puede haber pasado. No descartamos la omisión en los controles que debía realizar el Estado, motivo por el cual hemos solicitado la documentación de los organismos que tenían competencia», dijo el juez a una radio sanjuanina. El magistrado provincial también aseguró que, en adelante, el funcionamiento de la minera en San Juan tendrá un control más estricto.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello ordenó que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Minería de la Nación entreguen información sobre los permisos y proyectos de explotación de la empresa minera canadiense. Los operativos fueron ordenados a pedido del fiscal federal Ramiro González, quien imputó al secretario de Minería nacional, Jorge Mayoral; al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; al secretario ambiental provincial, Domingo Tello; y a directivos de Barrick Gold. El fiscal González pidió abrir una investigación contra todos ellos.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, tras lo cual el juez Casanello delegó la causa en el fiscal González, quien es titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) de la Procuración General.
Casanello envió exhortos a la Justicia sanjuanina para requerir que las dependencias provinciales de Minería, Ambiente y Salud entreguen información sobre el funcionamiento y las autorizaciones de Barrick Gold.
En respuesta, el juez sanjuanino Maximiliano Blejman allanó despachos en los ministerios provinciales de Minería y Salud Pública, la Secretaría de Ambiente y oficinas del edificio de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.
Por su parte, el gobierno de San Juan informó en un comunicado que a través de sus ministerios y secretarías puso a disposición «la totalidad» de la información referida a la «contingencia» ocurrida el 13 de septiembre en la mina Veladero.
En tanto, la senadora nacional por San Juan Maira Riofrío atribuyó el derrame a un «sabotaje político» y reclamó a la Justicia provincial que oriente la investigación en ese sentido. «La compuerta estaba abierta a 40 días de las elecciones», dijo, y agregó «las causalidades no me cierran».
El 14 de septiembre, un tubo maestro del proyecto minero El Veladero, que Barrick tiene en San Juan, se rompió y provocó el derrame de agua cianurada en el río Jáchal. Inicialmente, la empresa declaró que habían sido 224.000 litros, pero luego rectificó los números e informó que se había tratado de más de un millón de litros.
Anoche, un grupo de manifestantes llegaron desde los departamentos cordilleranos cercanos a la mina Veladero, con consignas antimineras y algunos de ellos se colocaron barbijos. Bajo el lema «Cierre, remediación y prohibición», caminaron varias cuadras en el microcentro, hasta la plaza 25 de Mayo, donde realizaron el acto central.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-282520-2015-09-26.html