El Estado de las autonomías ha sido un engaño. Su fundamento consistía en ofrecer a cada comunidad una promesa de derechos de autogobierno, a lo que se añadía, como señala el artículo 150 de la Constitución de 1978, una cesión de «facultades» con «la correspondiente transferencia de medios financieros», que iba a poner en manos […]
El Estado de las autonomías ha sido un engaño. Su fundamento consistía en ofrecer a cada comunidad una promesa de derechos de autogobierno, a lo que se añadía, como señala el artículo 150 de la Constitución de 1978, una cesión de «facultades» con «la correspondiente transferencia de medios financieros», que iba a poner en manos de los gobiernos autonómicos un volumen considerable de recursos. En la concesión de derechos políticos no se llegó a lo que se esperaba, frenada por todo tipo de obstáculos, e incluso sometida a retrocesos. Pero todo se fue pasando por alto mientras el maná presupuestario, al que se añadía una parte de las ayudas europeas, proporcionó a las autonomías dinero para gastar y malgastar. Todo marchó más o menos bien hasta que el desastre financiero del 2008 agotó los recursos del Estado, que en estos momentos no puede atender a los problemas de aquellas, porque necesita otros 4.500 millones de euros para seguir arrojándolos al pozo negro de Bankia (porque ¡váyase a saber los cocodrilos que podrían salir de ahí!)
En estas circunstancias el tinglado se ha venido abajo. Que la vertiente política del sistema fuese una farsa lo ha puesto en evidencia la señora Cospedal cargándose el Parlamento de Castilla-La Mancha sin ningún escrúpulo (resulta sorprendente el empeño de esta señora en reclamar a los demás que cumplan la Constitución, cuando muestra tan solemne desprecio por su título octavo). Otra cosa es la segunda parte del trato, el reparto del dinero, como lo ha venido a recordar el presidente de la comunidad extremeña, que no se muestra dispuesto a ceder la parte que le corresponde. No es verdad, como se dice con frecuencia, que el despliegue autonómico hubiera de modificarse como consecuencia del malestar de los militares, y que fuera el golpe del 23 de febrero de 1981 lo que obligó a imponer las limitaciones de la LOAPA. Tanto Felipe González como Leopoldo Calvo-Sotelo han insistido en que las reformas se habían puesto en marcha con anterioridad y, por lo menos en este punto, hay que admitir que dicen la verdad.
Lo que me mueve a hablar de engaño es la comprobación de cuán limitadas eran las intenciones reales de quienes pusieron en marcha el Estado autonómico, contradiciendo lo que dejaban creer en sus manifestaciones públicas. Podemos tomar como ejemplo el caso del PSOE, que en el manifiesto de la Plataforma de Convergencia Democrática, de la que era el miembro más destacado, afirmaba: «La Plataforma de Convergencia Democrática, consciente de la existencia de nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica o cultural propia en el seno del Estado español, reconoce el derecho de autodeterminación de las mismas y la formación de órganos de autogobierno en las nacionalidades del Estado desde el momento de la ruptura democrática y propugna una estructura federal en la Constitución del Estado español». La Plataforma se disolvió en marzo de 1976, para fundar Coordinación Democrática con la Junta Democrática y transformarse en una organización aún más amplia, y no menos radical en sus promesas: la Plataforma de Organismos Democráticos, que se fundó el 23 de octubre de 1976.
Pues bien, según nos cuenta Juan María de Peñaranda en un libro reciente, aquel mismo 23 de octubre de 1976 se reunieron, en una suite del hotel Princesa-Plaza de Madrid los comandantes Faura y Cassinello (que llegaría más adelante a teniente general), y dos dirigentes del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra, que estaban en aquellos momentos negociando la legalización de su partido. En la entrevista, «que duró tres horas largas en un ambiente de extrema cordialidad», Felipe González definió «la actitud de su partido» respecto de la política española. Respecto de la concepción del Estado, que era lo que más angustiaba a Cassinello, se expresó de tal modo que Peñaranda, que participaba en la reunión, nos dice: «Los representantes del Seced nos sentimos reconfortados con tan patriótico e inesperado lenguaje».
Se pasó entonces a otro de los temas fundamentales, que era el del «nacionalismo». En este terreno Felipe González se encargó de dejar bien claro que nunca toleraría los «conciertos económicos»: «¡Nosotros no vamos a pasar por ahí en la vida! Detrás está en realidad la defensa de los intereses económicos de la alta burguesía catalana».
Pero tampoco se sentía más generoso respecto de las concesiones en el terreno de la política. Le preocupaba que en Catalunya los comunistas tuviesen «mayor implantación que el PSOE en la base obrera inmigrada», y se disponía a luchar en este terreno buscando un entendimiento con los grupos socialistas catalanes que existían en aquellos momentos. Pero se cuidó de dejar claro que no iba a permitir un partido socialista catalán autónomo: «¡Esto ni hablar!»
Las diferencias entre este lenguaje y el de los manifiestos con los que se buscaba la adhesión popular y, en un inmediato futuro, el voto, me parece que justifican plenamente un calificativo como el de engaño. De las mentiras de ayer surgieron, en definitiva, los conflictos de hoy.
Josep Fontana es Historiador.