Preámbulo. 1. No todos los políticos, tampoco los institucionales, tienen siempre el mismo comportamiento; no es éste el punto. 2. Es imposible hacer un listado completo de los (supuestos y contrastados) casos de corrupción en Catalunya (y en el resto de Sefarad por supuesto, empezando por el que apunta directamente al núcleo duro de la […]
Preámbulo. 1. No todos los políticos, tampoco los institucionales, tienen siempre el mismo comportamiento; no es éste el punto. 2. Es imposible hacer un listado completo de los (supuestos y contrastados) casos de corrupción en Catalunya (y en el resto de Sefarad por supuesto, empezando por el que apunta directamente al núcleo duro de la Casa Real y al partido neofranquista de gobierno). No es esta la finalidad de esta nota. 3. Cuando alguien se corrompe, es obvio que otro alguien corrompe, y que este segundo alguien suele tener «marca corporativa», de casa o de fuera de casa. Este vértice esencial tampoco es desarrollado en este texto. 4. Tras la atmósfera de corrupción que se vive en Catalunya, hablar de derecho a decidir produce sonrojo. ¿Por qué no se habla de decidir sobre la necesaria y urgente regeneración democrática de las instancias políticas catalanas? El tema tampoco se recoge aquí. Entro en materia con algunos ejemplos.
El caso Millet es el marco por excelencia; la financiación irregular de CDC el tema de fondo y la sede embargada (o expresión similar) de uno de los partidos gobernantes en Catalunya es, cuanto menos hasta el momento, el tercer vértice de la figura. Michael Hanake hubiera elegido un escenario así para un posible -pero improbable- nuevo trabajo operístico sobre «El derecho a decidir… nuestras propias formas de corrupción, explotación y dominio».
Como la corrupción puede ser causa de olvido de otros temas más sustantivos incluso. y promocionar falsos salvadores de patrias y aupar gobiernos «tecnocráticos», es necesario recordar que hay otros atentados aún mayores a la ciudadanía y a las clases sociales más desfavorecidas. Por ejemplo, desmantelar la industria de un país, apostar falsariamente por la OTAN, meternos en un Mercado Común neoliberal con falsas melodías europeístas (¡si Beethoven levantara la cabeza y viera el maldito uso del último movimiento de su gran sinfonía!), hacer llamamientos euro-sí-euro-también-no-hay-otra-solución, abonar la industria del ladrillo y la financiación asociada, largo etcétera. Ni que decir tiene además que la corrupción exige corruptores y que las corporaciones activas-muy-activas en este terreno no deberían ser olvidadas nunca. Y tras la corrupción: gobiernos serviles al servicio de los intereses empresariales, financiación irregular de muchos partidos y ganancias de «listillos» como don Bárcenas y muchos otros.
Andrei Petrov, el (supuesto) líder del (supuesto) blanqueo de supuestos capitales desarticulada en Lloret de Mar reiteró el miércoles 6 de febrero ante el juez Eloy Velasco de la AN que pagó regalos y viajes al ex alcalde de la localidad y diputado convergente en el Parlament de Catalunya, Xavier Crespo, en proceso de imputación o ya imputado. AP confirmó los regalos realizados: un reloj de oro de 3.000 euros, botellas de vino y cestas de Navidad sin cuantía determinada, dos viajes de lujo a Moscú. En uno de esos viajes, AP presentó al diputado de CiU dos líderes de la trama internacional del grupo. Tanta generosidad, tantos contactos, consiguieron lo que pretendían: Crespo se comprometió a perdonar a la empresa de Petrov el 50% del impuesto para construir un centro comercial en la antigua plaza de toros de Lloret de Mar-Bar. El ayuntamiento, por supuesto también, aprobó la bonificación al considerar la obra de «interés general». Nadie preguntó el significado de la expresión. También se están investigando los patrocinios de AP a los clubs locales de hockey y fútbol.
La sindicatura de Cuentas ha denunciado que la Generalitat sigue pagando a los Ayuntamientos opacos, es decir, los consistorios que no presentan sus cuentas ante el organismo desde 2009. La sindicatura denuncia dos pagos a consistorios incumplidores: de 27,78 millones de euros entre 22 de diciembre de 2010 y 29 de abril de 2011, y de 17,2 millones entre las mismas fechas de 2011 y 2012. De hecho, en 2009 sólo el 46% de los municipios catalanes presentaron sus números sin retraso. El documento crítico señala que el Departamento de Governació i Relacions Institucionals ha instaurado un procedimiento para suspender los pagos que, hasta ahora, se ha mostrado totalmente ineficaz.
Ferran Civil es alcalde de Cercs, una población de la comarca del Berguedà, desde hace 23 años. Tras la ruptura de los pactos CiU-PP, Civil ha sido nombrado vicepresidente primero de la Diputació de Barcelona a pesar de estar encausado en tres procesos. Por tres. La primera de las causas, la más avanzada judicialmente, por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo no urbanizable y catalogado como de interés natural, paisajístico y forestal. Se le pide por esta causa, sólo por esta causa, 3 años y medio de cárcel y 12 años de inhabilitación.El tercer caso en el que está imputado es por prevaricación en el caso de la compraventa del tren turístico del Berguedà. Civil tiene, además, otros casos abiertos en la Fiscalía y la oficina Antifraude. Su nombramiento como vicepresidente casi coincidió con el nombramiento de Crespo como vicepresidente de una comisión del Parlament de Catalunya.
Oriol Pujol, el secretario general de CDC, uno de los hijos del intocable, es considerado por la fiscalía jefe de la trama que intentó amañar los concursos de estaciones de ITV en Cataluña. El president Mas-voluntat-d’un-poble solo reiteró que cada uno debe decidir si, manteniéndose en el cargo, perjudica el proyecto colectivo. Según la Fiscalía Anticorrupción, Pujol, Oriol por supuesto, «coordinó, dirigió y amparó la actividad delictiva» de los imputados en el caso ITV, una trama para amañar concursos públicos de estaciones de ITV. Pujol pretendía «lucrarse personalmente» a través de una empresa que, previsiblemente, iba a ser beneficiada tras ejercer él su «influencia política» sobre el resto de los implicados. En su informe, que fue publicado por El Periódico de Catalunya, la Fiscalía pide la imputación de Pujol por tráfico de influencias. El líder nacionalista presionó a un cargo del Departamento de Industria para colocar a su amigo Josep Tous como «mediador» de la Generalitat en el conflicto que enfrentaba a empresas del sector; y a Isidre Masalles, en otro cargo de ese departamento. Ambos están imputados en la causa junto a tres empresarios. Uno de ellos, Sergi Alsina -íntimo de Pujol-, pagó a la mujer de este último elevadas facturas que, según Hacienda, no se corresponden con trabajos reales. Estamos hablando, insisto, del secretario general de CDC y el portavoz parlamentario de la coalición nacionalista, el que defendió en sede parlamentaria el documento sobre el derecho a decidir.
La investigación sobre las irregularidades cometidas en la gestión del hospital de Sant Pau de Barcelona parece tomar forma. Diez meses después de que una trabajadora, la radióloga Carmen Pérez, denunciara el caso, el juez ha imputado a seis personas más por pagos indebidos. La mayoría, ex altos cargos del centro. Tres de los nuevos imputados son los beneficiarios de las cantidades abonadas por tareas que, presuntamente, no realizaron: el ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez; el ex patrono José Ignacio Cuervo y la facultativa Mercè Cruells. El resto son los responsables del hospital que firmaron aquellos contratos.
El caso más notorio acaso sea el de Ricard Gutiérrez. Trabajó tres años en el hospital (de 2001 a 2004) y siguió cobrando su sueldo íntegro durante los siete años siguientes, hasta 2011. Unos 140.000 euros anuales. Al ser formalmente despedido -apenas hace dos años, por las presiones de los trabajadores- percibió una indemnización cercana de 158.000 euros. Gutiérrez está en la órbita del PSC. Cruells, que también recibió pagos irregulares, fue directora de Atención Ciudadana del Departamento de Salud en la época de la «socialista» Marina Geli. Fue contratada como «facultativo colaborador» con salario «superior». No desempeñó sus funciones, estuvo ubicada en el Departamento de Comunicación.
La causa judicial no se limita a los cobros de directivos. Se investiga también los contratos por 5,1 millones con la multinacional Philips para amueblar el hospital, así como los sobrecostes en la construcción del nuevo Sant Pau. El centro inaugurado en 2009 acumuló una desviación presupuestaria de 77 millones -¡77 millones!- de los 216 previstos hasta 293 millones.
Hay también casos patronales, directamente patronales. El empresario Antoni Marsal facturó a la patronal que presidía por trabajos ficticios. Durante los seis años que presidió la patronal del metal, una de las más potentes de Cataluña, Marsal Fábregas no se cansó de pedir a la Administración que debía mantener las ayudas a las empresas. Pues bien, un juzgado de Barcelona ha imputado a Marsal por malversar 310.519 euros de fondos del Estado y la Generalitat destinados a la organización de cursos de formación por parte de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM). En 2007, un año después de alcanzar la presidencia de la UPM, la patronal tenía unas reservas de 595.000 euros. Cuatro años más tarde, estaba en números rojos. Los empleados, que vieron peligrar sus puestos de trabajo, detectaron irregularidades en la gestión. Su presión forzó a los actuales gestores de la UPM a investigar los hechos mediante una auditoría externa y a querellarse contra Marsal y el que fue su número dos, Ángel Hermosilla. Un juzgado ha admitido a trámite la querella y ha llamado a declarar como imputados a ambos por los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsedad documental. El dinero desviado de la UPM asciende a 745.395 euros, según la querella, que atribuye la mayor parte de actos ilícitos a Marsal, aunque señala que el ex director general «autorizaba» los pagos. Ambos «aprovecharon su posición dominante» en la UPM para «presentar facturas falsas» y «lucrarse con ellas». Ni el comité ejecutivo ni la junta de gobierno conocieron esas prácticas. Los ex responsables actuaron «de mala fe» y con una «deslealtad consciente». El desfalco que perpetraron a costa del dinero para formación, concluye la querella, «puso en juego la supervivencia de las familias de los trabajadores» y de la propia entidad.
Hay más casos. Pero como muestra representativa del escenario ya tenemos suficiente.
Mas ha lanzado varios mensajes de firmeza llamando a la actuación conjunta de todos los partidos catalanes para «hacer limpieza». Nadie se a creído nada de nada. ¿Quién puede creerse ese cuento?
Para que no haya ninguna duda sobre las intencionalidades de fondo, el rei Artur, preguntado por si él dimitiría en caso de ser imputado, sugirió que no lo haría sin una condenan en firme o, cuanto menos, con «evidencias claras» de culpabilidad. No explicó, por supuesto, qué entendía por evidencias claras.
Y la nave de la corrupción va, sigue firme. Están convencidos que esto es un cortijo o una inmensa masía con terrenos anexos y que los únicos propietarios son ellos.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, dirigido por Jordi Mir Garcia)
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