El escándalo del voto rogado

En efecto, y así parecen haberlo entendido los gerifaltes del bipartidismo, a tenor de la práctica excluyente y vergonzante que llevan realizando desde hace varios años con el denominado «voto rogado». La Marea Granate, colectivo que representa a los emigrados de nuestro país, típicamente jóvenes profesionales a los cuales se les ha impedido llevar a cabo un proyecto de vida y de trabajo digno en España, denuncia que recibe constantemente decenas de testimonios de emigrados a los que las papeletas para votar en las pasadas Elecciones Generales del 20D les están llegando estos días, más de dos meses después de su celebración, tal como denuncia, entre otros medios, este artículo de eldiario.es. La conclusión está clara: no sólo tenemos Administraciones Públicas adelgazadas, crueles, ineficientes, excluyentes y discriminatorias, sino también absolutamente inútiles. A ello se une la pasividad e indiferencia de las mismas, que ni siquiera se molestan en averiguar qué está pasando con este asunto, y por qué.

Pero vayamos por partes. Marea Granate, cuyo color se toma del de los pasaportes, se forma al calor de los demás movimientos sociales aparecidos recientemente en el Estado Español, siendo la extensión de todos ellos fuera de nuestro país. Es por ello un movimiento transnacional, cuyo objetivo es luchar contra las causas de la crisis y quienes la han provocado, responsables últimos de que miles de jóvenes hayan tenido que abandonar su entorno, familia, hogar y amigos, porque el sistema no les dejaba ningún resquicio para poder realizarse como personas. A todos estos condicionantes se les suma el tener que buscarse la vida en un país diferente, con otro idioma y cultura diferentes, y donde además, muchos casos de contratación son precarios, incluso fraudulentos. Y por si todo ello fuera poco, se le suma también el escándalo de que la Administración de tu propio país, te impida formalmente votar en las elecciones, para intentar (justo lo que los políticos temen) cambiar a los representantes, cambiar las políticas y cambiar el sistema que los condena y los explota. Los datos de Marea Granate apuntan a una cifra aproximada de 62.000 personas que rogaron su voto y no han podido votar, bien por desidia de la Administración, o por falta de medios, o por ambas cosas. De hecho, y en previsión de ello, muchos emigrados se pusieron en contacto, antes de la celebración de las Elecciones, con posibles abstencionistas, para que votaran por ellos, intentando perder el menor número de sufragios posible.

Pero aún con todo ello, las pasadas Elecciones Generales del 20D batieron todos los récords de anomalías, problemas e impedimentos, alcanzando una mínima participación histórica, así como un máximo de irregularidades funcionales. Concretamente, sólo un 4,7% del censo exterior logró ejercer su derecho al voto. Es cierto que el pasado año 2015 también batió records de salidas al extranjero desde que comenzó la crisis, pero todo ello no es óbice para que, a sabiendas de ello, la propia Administración hubiese hecho un esfuerzo especial para garantizar el voto a todo ese conjunto de la ciudadanía, tratándose, como se trata, de un derecho fundamental. Los datos que se manejan indican que cerca de una decena de provincias españolas superan ya el 10% de su censo electoral en el exterior, censo que infraestima las cifras reales de la emigración, como se viene comprobando en los diversos debates parlamentarios sobre el tema. Pero se da la tremenda paradoja de que a medida que son cada vez más los emigrantes que han de votar desde fuera de nuestro país, cada vez menos pueden hacerlo. La causa hay que buscarla en la reforma de la ley electoral de 2011, que implantó el mecanismo del «voto rogado» para los emigrantes, bajo una calculada maniobra con fines políticos. El resultado es que, según Marea Granate, tenemos 1,8 millón de «votos robados», o si se quiere, de «abstencionistas forzosos».

Pero aunque esa sea la causa última y formal, en la práctica lo que tenemos es una serie caótica de irregularidades, arbitrariedades e impedimentos, que en la práctica dificultan, entorpecen e imposibilitan, en muchos casos, el ejercicio del derecho al voto para los residentes en el exterior. Y así, bajo el claro objetivo de silenciar el voto exterior (lógicamente un voto contestatario con un sistema injusto para dicho colectivo), se despliega todo un conjunto de medidas, directrices y normas administrativas consagradas a tal efecto, tales como el cierre del censo casi 5 meses antes de la cita electoral (y sin previo aviso), ausencia de mecanismos para realizar las inscripciones consulares a distancia (ya que miles de emigrantes tienen sus consulados a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia), los impedimentos de registro consular como residente temporal (ya que muchos jóvenes sólo emigran por períodos concretos en virtud de una beca o un contrato laboral determinado), censos electorales no actualizados, o incoherencias entre la Junta Electoral Central (JEC) y las Delegaciones del Censo sobre solicitudes y recepción de papeletas.

Pero a todo ello se suman también los diversos impedimentos en las rectificaciones del censo a distancia, problemas en la sede del INE y números de fax de las Delegaciones Provinciales del Censo, falta de medios humanos y materiales en los propios Consulados (incluso imposibilidad de contactar con algunos de ellos durante el período de ruego del voto, al verse absolutamente desbordados), falta de protocolos de vigilancia e información en las urnas de los Consulados, negación continua de la JEC a la ampliación de plazos, sobres con papeletas incompletas (en muchas faltaban las del Senado, curiosamente donde el PP arrasa con mayoría absoluta), opacidad total con los procedimientos de contabilización y comunicación de resultados, problemas con el reembolso de los importes de los envíos del voto (el cobro de reembolsos se tramita mediante una empresa privada contratada por el Ministerio del Interior), y por supuesto, y en general, ausencia de respuesta institucional a las numerosas reclamaciones y escritos de quejas presentados por los interesados.

No debemos hacer caso, por tanto, cuando nos hablan de resultados al «100% del escrutinio», pues ello se comunica alegremente sin haber contabilizado el voto exterior, que como decimos, es cada vez más determinante. En realidad, los auténticos resultados finales, contabilizando el voto exterior, se publican en el BOE dos meses más tarde. Curiosamente, toda la discriminación y problemática que estamos describiendo para el proceso y la garantía del derecho al voto para el mundo civil, no es tal para el mundo militar. De hecho, los militares españoles en el extranjero han duplicado en los últimos años su participación en procesos electorales, alcanzando tasas del 84%. E llo se debe, sin lugar a dudas, a la dedidida acción del Ministerio de Defensa, que por lo visto, sí está muy interesado en que todo el personal militar en el exterior ejerza su derecho al voto. El problema es, por tanto, lo suficientemente grave como para que el próximo Gobierno que se constituya en nuestro país aborde el tema de una Reforma Electoral que no sólo modifique el algoritmo de reparto de escaños en función del porcentaje de voto (reivindicación fundamental para acabar de una vez con el bipartidismo), sino que también contemple garantías que eviten todas estas irregularidades, que se sitúe al margen de cálculos y estrategias políticas partidistas, y cuyo objetivo sea restablecer absoluta y completamente el derecho de voto a la tremenda sangría de emigración y de exilio joven que sufre nuestro país, y que se lleve a cabo de forma transparente, y por supuesto, consultando a todos los grupos y movimientos que representan a este sector de la sociedad civil. No más voto robado.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

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