Un régimen totalitario es un sistema político en el que el Estado, en nombre de una ideología pretendidamente superior, ejerce el control sobre todas las actividades individuales, vaciando de contenido, o restringiendo en la práctica, los derechos individuales o colectivos proclamados solemnemente en la Constitución.
El ejército, en tal Estado, es siempre garante del ordenamiento constitucional, imponiendo, mediante la coacción que ejerce el monopolio de la violencia armada, su dictadura constitucional al conjunto de la sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas, procedentes de una dictadura genocida, son abrumadoramente monárquicas, representando una amenaza potencial frente a una población civil desarmada e indefensa.
El Ejército español constituye un Estado dentro del Estado. El rey es la cúspide de la cadena de mando militar, contando con servicios de información internos, justicia militar, enseñanza militar, clero castrense, etc. Mantiene de hecho una dictadura ideológica en su seno, impuesta al conjunto de sus miembros mediante una estructura extremadamente represiva, garantizando de este modo la cohesión interna de esa maquinaria de muerte y destrucción que es en realidad un ejército moderno, es decir una poderosa barrera armada frente a cualquier sociedad que pretenda emanciparse de su tutela.
La justicia militar, en determinadas circunstancias, puede llegar a invadir el ámbito civil. Es una peligrosa aberración legal. En el ejército español no existe separación de poderes efectiva pues el poder judicial está al servicio de la estructura de mando militar, cuya cúpula es el rey, siendo en la práctica totalmente dependiente de él. ¿Se imaginan ustedes lo que esto supondría si se llegase a decretar el estado de sitio, una situación en la que el poder pasa automáticamente a manos de los militares?
Esta peligrosa realidad jurídicomilitar está dando lugar a situaciones de indefensión irritantes, tales como la expulsión del Ejército del teniente Luis Gonzalo Segura, o del cabo Marco Antonio Santos Soto; el primero por denunciar la corrupción interna existente en el Ejército, el segundo por oponerse, mediante su firma, al famoso manifiesto militar franquista. Por el contrario, los militares monárquicos, es decir franquistas, gozan de un estatus privilegiado en su promoción interna, además de una absoluta impunidad cuando adoptan actitudes contrarias al Gobierno de España. Esto último es lo que está sucediendo actualmente. En su fuero interno les resulta difícil admitir que el presidente del Gobierno sea un socialista sustentado por una coalición de izquierdas que, como todo el mundo sabe, es mayoritariamente republicana.
Por otro lado, el rey es el Jefe del Estado y es inviolable, por lo tanto exento de responsabilidad penal alguna, incluso en el caso de que fuese acusado de presuntos delitos, como podrían ser graves delitos económicos. Un Jefe de Estado que, al ser además el mando supremo de las Fuerzas Armadas, detenta un poder disuasorio frente a cualquier avance democrático de carácter progresista que cambie la correlación de fuerzas entre las clases populares y la oligarquía financiera. Clase privilegiada y dominante que, aun siendo numéricamente diminuta, controla sin embargo las grandes cadenas privadas de radio y TV, medios de persuasión puestos a su servicio, incluidos los medios de la Iglesia católica.
El estado totalitario moderno incluye en su constitución preceptos sociales que la recubren de un barniz democrático, con el fin de obtener el consentimiento de la población. Estos artículos sociales no son de obligado cumplimiento, como sí lo son por el contrario los privilegios del rey, autentico representante de los intereses de esa minoría inmensamente rica, con capacidad efectiva para condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Entre otras causas porque la Constitución del 78 no fue el resultado de la proclamación en libertad de un Estado democrático, sino una reforma de la dictadura, bajo coacción armada del ejercito de Franco, con la complicidad de los dirigentes políticos de la Transición, que la dotaron de una pretendida legitimidad democrática.
Prueba de todo ello es el papel tremendamente reaccionario que militares de alta graduación, incluido el rey, han jugado y siguen jugando en el Reino de España a lo largo de las últimas cuatro décadas, imposible de ocultar a los ojos de cualquier persona honesta que se atreva a analizar la realidad.
La grave situación política a la que nos aboca el régimen del 78, tras los estragos que está causando la pandemia, puede preverse a la vista de las actitudes extremadamente agresivas de los partidos monárquicos, actualmente en la oposición, pese a una ley electoral tramposa y preconstitucional que sesga los resultados a su favor. Por si fuese poco, gozan además de una irritante posición hegemónica en las estructuras franquistas heredadas de la dictadura: Jefatura del Estado, Fuerzas Armadas, Judicatura, Policía, Administración Civil, aparato productivo, etc. puesta de manifiesto por el uso abusivo de la bandera borbónica y los gritos extemporáneos de ¡Viva el Rey! en sede parlamentaria.
Los medios públicos y privados contribuyen a mantener un espejismo constitucional, cuya reforma a favor del pueblo trabajador y de las clases populares es inviable de seguirse los mecanismos previstos en la Constitución del 78. Es urgente, pues, que las fuerzas soberanistas de las naciones históricas del Estado español impulsen, junto a los movimientos sociales y sindicatos de clase, un pacto social republicano que posibilite una revolución democrática y la consiguiente apertura de un autentico proceso constituyente en libertad.
Manuel Ruiz Robles es capitán de navío.
Referencias:
Una diputada del PP pide un «un golpe militar» y alude al hartazgo del Rey con Sánchez e Iglesias