El Estado al desnudo

El Gobierno de España, para qué negarlo, tiene razón. La consulta no obliga a nada, de acuerdo; no es un referéndum, de acuerdo, pero la Constitución española también declara las «consultas mediante referéndum» competencia exclusiva del Estado. Sufragio universal, censo electoral, comisiones electorales, campaña… dicen que son muy buenos, pero los juristas del Gobierno vasco tendrán faena razonando que la del 25 de octubre no es una «consulta mediante referéndum».

Ésta no es una batalla jurídica. Y si alguien lo cree, que lea la cuarta razón del recurso que acaba de presentar el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. El fondo del conflicto en su crudeza. Eso tiene la iniciativa de Ibarretxe, la de ahora y la de hace cuatro años. No se ve claro, incluso si finalmente se celebrara la consulta, qué efectividad tendría realmente para solucionar el conflicto político y traer la paz. No se ve nada claro, si como se espera el Tribunal Constitucional la prohíbe, cómo llevarán a cabo la consulta el Gobierno vasco y los partidos que la apoyan. Pero, cuando menos, visibiliza claramente cuál es el meollo del conflicto, qué hay que resolver aquí.

El recurso del Gobierno de España, entre las páginas 25 y 29, está cosido de verdades, lleno de verdades sobre el terreno de juego y las normas establecidos por la Constitución española. Quienes argumentan que gracias al Estatuto de Guernica alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos tienen el derecho a decidir deberían leer una frase subrayada, y no una vez, en el recurso: «la autonomía no es soberanía». Lo dijo el Tribunal Constitucional por primera vez en 1981, lo confirmó en 1984 y lo volvió a recordar nuevamente en 2007, como ha hecho notar en el recurso el abogado del Estado. Es decir: «el titular de la soberanía es el pueblo español»; «la unidad indivisible de la nación española es fundamento de la propia Constitución»; «el sujeto constitucional [español] reconoce y garantiza autonomía a las nacionalidades y regiones». Y, por tanto, en caso de tener que pasar «de una patria común e indivisible de todos los españoles a un estado plurinacional» debe ser «como consecuencia de la decisión de todo el pueblo español».

Y puestas estas bases sobre el tema de la consulta, he aquí dos conclusiones del recurso. Una: para realizar «una consulta autonómica» la autorización no la puede dar el Parlamento vasco, sino el Congreso español, con el apoyo de la mayoría absoluta, y la convocatoria no puede hacerla el lehendakari, sino el Consejo de Ministros del Gobierno de España, mediante un decreto firmado por el rey de España y confirmado por el jefe de gobierno. Y dos: «las decisiones políticas que tienen importancia especial para toda España no deben consultarse en referéndum autonómico, sino en referéndum nacional».

He ahí el terreno y las normas de juego, explicadas por el abogado del Estado con una claridad digna de agradecimiento. Lo de siempre: que quien dice que el sujeto de decisión es España ─y sólo España─ tiene el amparo de toda la legislación, y quienes dicen que la ciudadanía vasca tiene derecho a formar un sujeto político están atrapados en el marco jurídico-político, sin opción alguna de materializar una reivindicación política legítima. Ibarretxe ha dicho que el Gobierno de España ha interrumpido «nuestro autogobierno político», pero, desgraciadamente, no ha hecho más que utilizar las herramientas que le da el Estado autonómico pero indivisible.

¿Ahora qué? Ziarreta (1) ha dicho que la consulta se celebrará por encima de todos los obstáculos, pero Urkullu (2) que respetarán la legalidad. Es muy difícil que si se cumple lo de Urkullu se cumpla de de Ziarreta. Y lo de Urkullu, eso dice la experiencia, se cumplirá.

El próximo capítulo, de aquí a dos meses: el Gobierno vasco ha pedido al Tribunal Constitucional que decida antes del 15 de septiembre, para poder realizar a tiempo la convocatoria de consulta. Mientras tanto, paréntesis.

NOTAS 

1. Presidente de Eusko Alkartasuna, uno de los partidos que forman el actual gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. (N. del t.)
2. Presidente del Euzkadi Buru Batzar, máximo órgano del PNV. (N. del t.)