Mientras la industria se retira de la UE por la falta de interés y la polémica que envuelve a los transgénicos, España ha incrementado un 20% el número de hectáreas dedicadas a su cultivo en el último año. Acapara el 67% de los experimentos al aire libre y el 90% de los terrenos con organismos […]
Mientras la industria se retira de la UE por la falta de interés y la polémica que envuelve a los transgénicos, España ha incrementado un 20% el número de hectáreas dedicadas a su cultivo en el último año. Acapara el 67% de los experimentos al aire libre y el 90% de los terrenos con organismos genéticamente modificados de todo Europa.
Ni insectos exterminadores, ni olas de frío, ni sequías prolongadas. La plaga que ha conseguido acabar con las semillas transgénicas en casi todo Europa no ha sido otra que el rechazo creciente de sociedad y clase política a los organismos genéticamente modificados (OGM). España, donde los sucesivos gobiernos han respaldado siempre a la industria de la biotecnología, sobrevive a contracorriente como la última esperanza europea de un sector que, a excepción de EEUU y Canadá, obtiene potenciales beneficios de las tierras de países en vías de desarrollo.
Aquí, lejos de la tendencia del resto del continente, los terrenos con cultivos transgénicos han aumentado un 19% con respecto al año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 138.543 hectáreas en total, que suponen más del 90% de todo el sembrado genéticamente modificado de la UE. El 10% sobrante se divide en pequeños campos de Portugal, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, con apenas repercusión en el mercado internacional. El resto de Estados miembros se abstienen.
Hace menos de un mes, Monsanto, el mayor fabricante mundial de semillas transgénicas del mundo, anunciaba su decisión de retirar todas las solicitudes para nuevos cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea. Lo hacía, según comunicó la multinacional estadounidense, debido a la «falta de perspectivas comerciales» para la biotecnología en la región. Las cinco peticiones para plantar variedades de maíz, soja y remolacha para azúcar de Monsanto llevaban años a la espera de que la Comisión Europea diera el definitivo visto bueno, pero la fuerte oposición ciudadana, sumada a el veto contra los OGM de Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria, Austria y Hungría mantiene estancado el proceso de aprobación.
«La Comisión podría aprobarlas, pero es un marrón que nadie está dispuesto a asumir porque la población se les echaría encima y porque tampoco ha despertado gran interés entre los agricultores», señala Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de la ONG Amigos de la Tierra. Hace un año y medio, también la empresa química alemana BASF renunció a desarrollar cosechas transgénicas en Europa y trasladó sus operaciones de investigación a Estados Unidos ante la falta de apoyo de los países comunitarios.
La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), que aglutina a entidades que desarrollan actividades de biotecnología en España, considera que las prohibiciones de algunos países a los OGM son «ilegales» puesto que la decisión es competencia de la Comisión y no de los estados en particular. «No es de recibo obstaculizar el progreso de los agricultores privándoles de la libertad para aumentar la producción. Los que proponen la prohibición del cultivo deberían añadir a quién van a privar del alimento o qué espacios naturales proponen roturar como consecuencia de sus propuestas», sostienen.
Monsanto sólo mantendrá por ahora la solicitud para el maíz MON-810, el único OGM autorizado para su cultivo comercial dentro de la UE, presente sobre todo en España. Esta variedad de grano, cuyos genes han sido modificados para sobrevivir a las plagas del taladro, obtuvo luz verde hace 15 años a través de una autorización con vigencia para una década. La Comisión Europea debería haber decidido sobre su renovación en 2008, pero no lo hizo. Después de cinco años en los que se ha seguido sembrando con una licencia expirada, se espera que las autoridades europeas tomen pronto una decisión al respecto. De ser negativa, supondría el fin de la agricultura transgénica en Europa.
Apoyo institucional
El respaldo a los transgénicos en España no es mucho mayor que en el resto de Europa. De hecho, el rechazo es mayoritario. El último Eurobarómetro sobre biotecnología publicado en 2010 refleja que el 53% de los españoles se opone a la técnica de insertar genes de otra especie en un fruto para hacerlo más resistente. El apoyo ha ido disminuyendo considerablemente desde 1996, cuando era del 66%; a 2010, con el 31%.
Tampoco los estudios realizados han demostrado que de los cultivos con maíz transgénico se obtenga mayor rendimiento que de los de maíz convencional. Según Greenpeace, el Ministerio confirmó en una carta reciente a la ONG esta información. Este periódico consultó al departamento de Arias Cañete sobre la cuestión, pero aseguró no poder proporcionar una respuesta a tiempo para la fecha de publicación de este artículo. Ante este escenario, la causa de que nuestro país constituya casi el único baluarte de la industria transgénica en Europa hay que buscarla en el espaldarazo institucional a esta tecnología. Los cables de la embajada de EEUU en España publicados por Wikileaks en 2010 revelaron la alianza entre los dos gobiernos para hacer presión por el sector.
Tampoco la industria esconde sus intenciones. El grupo de trabajo sobre Agricultura y Medioambiente de ASEBIO, coordinado por Monsanto, establece entre sus misiones la de «contribuir a desbloquear obstáculos administrativos para un mayor empleo de la biotecnología en la agricultura». El grupo señala que «ha participado en varias consultas sobre textos legislativos» y en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE.
«Hay un interés detrás por demostrar que los cultivos transgénicos están en crecimiento constante y que están siendo aceptados por los agricultores», dice a Público Luis Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace. Ferreirim asegura que el número de hectáreas cultivadas publicadas por el Ministerio son sólo «estimaciones» que no se corresponden con la realidad, puesto que están basados en datos de ventas de semillas proporcionados por la misma industria. «No todas las semillas se utilizan, las hectáreas reales son muchas menos», afirma.
Los grupos ecologistas llevan años demandando al Gobierno que haga un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan transgénicos, tal y como ordena una directiva europea. Su principal denuncia es que al desconocerse esta información, los agricultores convencionales no pueden prevenir una hipotética contaminación procedente de las siembras genéticamente modificadas. Muchas de ellas son cultivos en fase todavía de experimentación que se realizan al aire libre. «Estamos hablando de plantas a las que se les han insertado otros genes y que no se sabe cómo reaccionarán. Además se polinizan fácilmente», sostiene Ruibal.
Fuente: http://m.publico.es/461043