¿Quién es el principal responsable del grave conflicto que ha originado oficialmente la muerte de un campesino, de decenas de heridos y algunos desaparecidos? Para nosotros no hay la menor duda, es principalmente el gobierno central de un Estado desconectado de las poblaciones alejadas del Perú oficial. Esta vez son las comunidades del norte andino […]
¿Quién es el principal responsable del grave conflicto que ha originado oficialmente la muerte de un campesino, de decenas de heridos y algunos desaparecidos? Para nosotros no hay la menor duda, es principalmente el gobierno central de un Estado desconectado de las poblaciones alejadas del Perú oficial.
Esta vez son las comunidades del norte andino las que se movilizan preocupadas por el futuro de sus valles, de sus ríos, de su oxígeno y de su páramo; este último, un fenómeno extraordinario de la naturaleza que consiste en recibir de la atmósfera una lluvia permanente que alimenta a los ríos de la región, tanto a los de la cuenca del Oeste como del Este. Si se mira bien, los campesinos bregan por la supervivencia de un recurso como el agua que empieza a escasear y a contaminarse seriamente por efecto de la minería; lo dicen expertos de prestigio mundial como el norteamericano Bob Moran.
Minera Majaz es una empresa de capitales ingleses: Monterrico Metals. Según informes especializados, se ha conformado un consorcio con participación de la empresa Newmont, aliada de Terrace Gold. Las actividades de estas empresas consisten en explorar, y si conviene a sus intereses, extraer el preciado metal de las entrañas de la tierra.
Los empresarios han ingresado a la zona violando la ley y las autoridades se lo han permitido. El artículo 71 de la Constitución dice: «dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas tierras, bosques, agua, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, ni individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en bosques del Estado, el derecho así adquirido». Como puede verse, la aplicación de este dispositivo no permite, bajo ningún aspecto, la presencia de una empresa extranjera; sin embargo, se hizo una excepción a través de un decreto supremo, el 023-2003-MEM, con el único propósito de permitirles el ingreso a las empresas Manhattan en Tambogrande, y Majaz.
Como quiera que las autoridades centrales del país no exigen a las empresas un plan serio que impida la contaminación del ecosistema, los pueblos se resisten a ellas; a su vez, las empresas saltan vallas legales y atropellan convencidas que contarán con el apoyo de autoridades timoratas y de un periodismo cuyas fuentes son casi siempre las mineras.
Los empresarios mineros siempre han exigido facilidades para sus inversiones; Majaz no ha sido la excepción, pues ha pedido facultades para vulnerar derechos básicos de los pueblos. La respuesta de las organizaciones campesinas ha sido su protesta. Era previsible que la indignación se estaba gestando y que la protesta era eminente.
El gobierno regional de Piura debió demandar la atención de las autoridades centrales, atender el problema y hacer respetar el derecho de las comunidades. Pero era como pedirle limones al zapote. Las autoridades regionales, como se sabe, se han sumido en los laberintos de su mediocridad, debatiendo temas intrascendentes y estériles.
Las protestas se iniciaron el año pasado, igual que ahora hubo una lamentable muerte, la del campesino Remberto Herrera, que sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. Como es costumbre en el país, después de las tragedias se da la apariencia de que se escuchan los reclamos.
Se estableció una mesa de diálogo que ha resultado ser una burla, pues, en ésta la representación de los campesinos ha sido decorativa, en tanto que la representación de la empresa se dio a través de funcionarios de tercera categoría y nunca fueron los mismos. Para los campesinos esto evidenciaba que lo que Majaz buscaba era ganar tiempo y avanzar en su fase de exploración. Ignorar las comunidades campesinas en lo que se haga en estas tierras es inconcebible, como dicen los comuneros: «antes de explorar se debió consultar». Y no se hizo.
Además, se requiere de una evaluación técnica que determine si procede o no la explotación minera. La opinión pública debe conocer que Majaz se interesó por un Estudio de Línea Base (ELBA) para satisfacer sus requerimientos, mas no para hacerlo de conocimiento de las comunidades. De otro lado, se argumenta de millonarias inversiones para el futuro, a pesar de que aún se carece del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Hasta ahora el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARE), monitoreado por profesionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) no han escuchado los argumentos de los campesinos y no han respondido a una pregunta que les han hecho: ¿quién los financia?
No hubo -ni hay – de parte del gobierno central una voluntad para sentar en una mesa de diálogo a las partes; al contrario, su abierta complacencia con Majaz le ha permitido a ésta mantenerse cerrada y soberbia. No sería extraño que en los próximos días se imponga el estado de sitio y se coloque al margen de la ley a las organizaciones sociales de base.
Una vez más la incapacidad del Estado autista para entender los problemas y para compenetrarse con la población, le hace recurrir al facilismo de encontrar chivos expiatorios, entre ellos, a Patria Roja. Este «argumento» ni siquiera lo cree la policía, menos los expertos de las ONGs serias. Pero igual lo siguen diciendo.