El verano mediático subió de temperatura con un nuevo culebrón sobre la frontera de Melilla, impulsado por el gobierno de Rabat con seguros intereses políticos detrás. Si en algo hubo virtud en estos incidentes ha sido que (con la fugacidad de los noticieros) se ha puesto el foco durante un momento sobre la situación de […]
El verano mediático subió de temperatura con un nuevo culebrón sobre la frontera de Melilla, impulsado por el gobierno de Rabat con seguros intereses políticos detrás. Si en algo hubo virtud en estos incidentes ha sido que (con la fugacidad de los noticieros) se ha puesto el foco durante un momento sobre la situación de miles de mujeres que, tanto en Ceuta comoen Melilla, transitan diariamente la frontera, cargadas de imposibles bultos de mercancía para ganar unos míseros euros.
En 2008 murió aplastada una mujer en Melilla. En mayo de 2009 dos mujeres murieron en Ceuta (Bussra y Zhora) durante una aglomeración. Su situación miserable, por un momento reflejada en los medios de comunicación, es realmente dramática. Cada día es una lucha para entrar, una lucha para salir y volver a casa sana y salva y con un poco de dinero. El trabajo está siempre pendiente del permiso de la autoridad marroquí y de su rasca (mordida).
Otro hecho ha sido puesto bajo los focos este verano: El incremento de la llegada de inmigrantes que cruzan el Estrecho en las fragilísimas barcas de plástico de juguete. Un hecho que no es novedad pues cada vez es más difícil conseguir el dinero necesario para pagar el pasaje en una neumática o en una patera. Una balsa que vale unos euros y si acaso un GPS, son los bártulos que con mayor frecuencia se utilizan para dar el salto.
Salto a la península que quisieran dar los subsaharianos «atrapados» en Ceuta. Un centenar de ellos se manifestó el pasado 26 de agosto desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta la Jefatura Superior para, a posteriori, concentrarse a las puertas de la Delegación del Gobierno. Su objetivo era protestar por el tiempo que llevan estancados en Ceuta, algunos por más de tres años, lo que los convierte en protagonistas de un limbo esquizofrénico.
No son hechos aislados. Son las manifestaciones de un drama que no cesa. El de las personas que quieren ejercer el derecho a buscarse una vida con futuro y que son atrapados por políticas, policías y fronteras, teniendo que vivir durante meses o años en una zozobra continua y con incierto futuro, que sin duda en muchos casos es tan sólo encontrar la muerte.
Perder la vida de esa forma que Lorca llamó «la muerte de perfil» para referirse a quienes encontraban la muerte en el trascurso de la aventura vital que les caracterizaba: el torero muere en la plaza, el bandolero frente a la Guardia Civil, el soldado en el campo de batalla… En nuestro Sur, el emigrante muere en el mar del Estrecho mojadito hasta el alma.
Políticas migratorias y cifras en aumento
Desde que hace ya veintidós años (el 1 de noviembre de 1988) aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, cerca de 22.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país: una macabra distribución de mil anuales. Es una estimación ajustada que hacemos desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea (UE) y España.
A partir de 1985, año en que entró en vigor la primera Ley de Extranjería, y particularmente a partir de 1991, con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de las migraciones de España que se ha ido consolidando es el intentar conseguir una ilusoria «inmigración legal y ordenada» desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conlleva una prioridad absoluta para la denominada «lucha contra la inmigración ilegal». Para el desarrollo de esta opción, convertida ya en modelo de gestión para toda la UE que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas legislativas de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la «Europa fortaleza».
Desde 2006 esta política ha recibido un extraordinario impulso en España con las consecuencias y resultados señalados en los informes Derechos Humanos en la Frontera Sur que desde hace años viene publicando la APDHA.
El último publicado, correspondiente al año 2009, constata el considerable descenso de personas detenidas en nuestras costas que, según los datos de la APDHA, pasaron de 15.572 en 2008 a 8.728 en 2009. Desglosando los datos el descenso se produce sobre todo en Canarias, ya que para Andalucía y Levante las cifras supusieron un pequeño incremento. En Canarias hay que retroceder diez años para encontrar cifras similares.
Este descenso del 44 por ciento tendrá que ver sin duda con las expectativas negativas que ha generado la crisis económica. Y así lo plantean muchos analistas. Sin embargo, el tema es más complejo.
Más que la crisis
Incluso la agencia Frontex [1] admite esa complejidad de los factores que incitan a emigrar y reconoce que la eficacia (sic) de su vigilancia no lo explica todo. Así, destaca cinco factores principales: el coste, relativo a la distancia y a los beneficios esperados en el país de emigración; los consejos de los parientes o amigos que ya están presentes en Europa; las informaciones o rumores sobre las posibilidades de encontrar trabajo en España y Europa; el nivel de acceso a las instalaciones sociales y la probabilidad de cruzar la frontera sin ser deportado.
Manuel Ferrer, coordinador general y vicepresidente del Centro Europeo de estudios sobre flujos migratorios, aclara que para la migración legal sí influye la crisis, pero para la inmigración «ilegal» influyen más las políticas de Frontex, que alejan los puntos de salida y logran contener las migraciones. Pero logran hacerlo sólo de forma momentánea porque, como él mismo afirma, «la inmigración no se contiene con barcos y policías» sino «cuando existen perspectivas de trabajo en los lugares de origen». [2]
De esta forma, el paulatino descenso de llegada de pateras puede estar muy relacionado con la creciente externalización del control de las fronteras. Muchos africanos siguen intentado emigrar pero son detenidos antes de salir en barco o al salir en las propias playas. En octubre de 2009, Sevimedia tituló: «Los inmigrantes irregulares detenidos en las costas africanas superan, por primera vez, a los llegados a Canarias». [3] En efecto, a esta fecha eran 2.282 los inmigrantes detenidos al llegar a Canarias, y 2.360 los detenidos en las costas africanas antes de embarcar, en lo que iba de año. Desde esta fecha no llegó ningún otro cayuco a Canarias. Y Frontex estima que desde el verano hay 4.000 inmigrantes esperando su turno en las costas mauritanas. Por nuestra parte hemos calculado en unas 11.000 las personas detenidas durante el año 2009 al salir de las costas africanas.
Y, más allá de las costas, como tuvimos ocasión de comprobar en misiones ahora imposibles realizadas por la APDHA en las fronteras de Malí en 2006 (al norte frontera con Argelia en la zona de Kidal) y 2008 (al oeste frontera con Mauritania, Círculo de Nioro), la militarización y control de fronteras de zonas antaño de tránsito permeable y nomadismo, acrecentadas por la acción de Al Quaeda en el Sahel, están haciendo extremadamente peligrosas las rutas migratorias. Con una consecuencia: numerosas personas enterradas en las arenas del desierto, una cifra imposible de cuantificar.
Por tanto, efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones o de tránsito, que han asumido el rol de policías de las fronteras de la Unión Europea. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y que se concretaron en el Programa de La Haya de 2004. Mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado, sino que se han ampliado de forma considerable hacia Italia, Grecia o Turquía, como desde la Red Migreurop a la que pertenece la APDHA se está pudiendo corroborar.
Las consecuencias están a la vista: durante 2009, la APDHA contrastó la muerte de 206 personas, pero no es nada exagerado intuir que fueron muchas más las que pudieron perder la vida el pasado año intentando llegar a nuestro país. Afortunadamente, el número de personas que pierden la vida intentando llegar a nuestras costas (al menos las que la APDHA ha logrado documentar) sigue bajando desde 2006. Este año volvemos a cifras parecidas a las de antes de 2003, es decir, algo más de la mitad de las cifras del año anterior. Aunque este descenso sea una buena noticia, no hay que contentarse de una «simple» bajada cuando se habla de vidas en una sociedad donde se supone que se respetan los derechos humanos.
Condena a la exclusión de los derechos fundamentales
Sin duda es imprescindible otro modelo de gestión de las migraciones. Desde el punto de vista de los derechos humanos, el actual «modelo» migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, origina enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes «sin papeles» a la marginación y la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana.
Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este «modelo» no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio.
Y es que es imposible abordar un fenómeno de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo de la represión y el control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se pude cercenar con alambradas. Antes o después éstas son desmanteladas por la propia vida.
Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual «modelo migratorio» que se defiende desde España y la Unión Europea está abocado al fracaso y, además, viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único.
Desde la APDHA no pretendemos tener o presentar ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar sobre nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma y de sus limitaciones excepciones especificadas, temporales y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma.
Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa con la dignidad humana y los derechos humanos.
Rafael Lara forma parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.
Notas:
[1] Informe The impact of the global economic crisis on illegal immigration to the EU. European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex). Agosto de 2009. Ver: www.frontex.europa.eu.
[2] «Los inmigrantes no empeoran la calidad del sistema educativo canario, concluye un informe de MPDLC». (14/07/2009). Ver nota en http://masalladelanoticiampdlc.blogspot.com.