Los descendientes de los republicanos españoles en Francia elogian el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y reclaman que el presidente acuda al homenaje a Azaña en el 80 aniversario de su muerte
Dos presidentes de la República Española, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña, y varios jefes de gobierno, como José Giral, Francisco Largo Caballero, Juan Negrín o Martínez Barrios, murieron en el exilio tras dejar España después de la Guerra Civil. Igual que miles y miles de españoles que abandonaron su patria huyendo del fascismo y convencidos de haber luchado no solo por unas ideas que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos o la justicia social, sino también por la obligada defensa de un régimen legalmente establecido e interrumpido por un golpe de Estado.
Decía Francisco Giner de los Ríos, inspirador de la Institución Libre de Enseñanza, que ser patriota consistía en asumir el respeto a la ley; tener un proyecto de futuro para la sociedad; formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus obligaciones, individuos civilizados, capaces de gobernar sus propias vidas y amantes de su patria; y que solo así se podría acabar con los caciques y abrir el camino hacia la democracia. Así se entendía el patriotismo cuando llegó el golpe del 36.
Los 114.226 desaparecidos que están aún sepultados en cunetas, los miles de expatriados, los que se vieron obligados a trabajar en campos de concentración y los que murieron ejecutados por los vencedores fueron grandes patriotas a los que la historia ha tratado, sin embargo, como delincuentes despojados de su dignidad hasta hace solo unas semanas; compatriotas a los que nunca se ha honrado o reconocido como se merecen, como defensores de su patria y comprometidos con el futuro de la sociedad a la que pertenecían. Uno de ellos, Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española dijo: “Soy español como el que más lo sea”, “me siento vivir en ella, expresado por ella…. España es inmortal; y no está pendiente de éste u otro arreglo administrativo, sino del corazón y de la inteligencia de los españoles que sepan escribir su nombre en la Historia de la Cultura universal”.
Casi todas las víctimas del franquismo se nos fueron, sin embargo, de este mundo sin poder contarnos su historia porque no tenían las herramientas necesarias para expresar sentimientos o hechos como sí lo hicieron quienes pudieron dejar por escrito los testimonios de aquella barbarie; una gran masa de españoles buenos y dignos se nos fue sin dejar constancia de una parte importante de nuestra historia, la “historia oculta de España”, como en alguna ocasión la ha llamado el historiador Julián Casanova: “Hemos perdido la memoria oculta de esa gente, la historia no oficial que falta todavía por contar”. O como afirmaba hace poco, en una tribuna en Público, Gutmaro Gómez Bravo, otro gran especialista en la Guerra Civil y la represión franquista: “Una pesada carga con la que realmente ya nadie tiene por qué cargar y que hay que seguir explicando hasta que todo el mundo comprenda que la memoria no busca culpables, sino reparar a las víctimas del olvido”.
El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba, por fin, el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que centra el protagonismo en la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y en las políticas de verdad, justicia, reparación. Una ley que habla de promover la reparación moral y recuperar la memoria y que incluye el repudio y la condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura. Declara también el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Asume la responsabilidad del Estado en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y, quizá para muchos lo más importante, propone la actualización del currículo académico para garantizar el conocimiento de la historia de la democracia y la lucha por los valores y libertades democráticas.
CTXT ha hablado con cuatro personas vinculadas al exilio en Francia. Todas coinciden en que la ley llega tarde, que se debió aprobar hace muchos años, pero que lo más importante de esta norma es que propone hacer pedagogía para conocer nuestra historia y que no se repita.
Para el exilio, para las personas que lo componen, ha sido casi un trauma más que ninguno de los presidentes de la democracia haya tenido un reconocimiento hacia ellos y ellas y su memoria, excepto la visita de Pedro Sánchez a Collioure, a la tumba de Machado, y a Montauban, en febrero de 2019. Por eso, para todas ellas sería un símbolo de justicia democrática que Pedro Sánchez acuda el 3 de noviembre a Montauban, en el 80 aniversario de la muerte de Manuel Azaña, un legítimo presidente de la República Española.
MANUEL SIMÓN. HIJO DE UN MINERO LEONÉS EXILIADO
Nacido en 1942 en Decazeville (Francia), este electromecánico colaboró desde el ámbito político y sindical a la transición democrática en España. Luego, como miembro de la UGT, contribuyó a la creación de organizaciones como las ONG MPDL y CEAR o el Movimiento Federal Europeo. En 1986, la OIT le nombró director de su oficina en España. Sigue colaborando con varias entidades de formación y de cooperación vinculadas a la UGT.
¿Qué le parece el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática?
Coincido con todos los que piensan que llega tarde; pero también es cierto que las circunstancias de la Transición democrática no eran fáciles. Esta tardanza ha creado desasosiego, desilusión, en muchos miles de españoles, pero, en particular, en los que tuvieron que sufrir el exilio, el interior y el exterior. No hay que olvidar que en España quedaron muchísimas miles de personas en campos de trabajo, en cárceles.
[En la Transición] hubo que pelear mucho para conseguir el reconocimiento de muchos sectores de la población. Todavía no está todo hecho, por ejemplo, anular los juicios. Todo eso tardó y también la parte más humana que tiene que ver con el exilio. Todos veían cómo España ya era una nación democrática, pero nadie, en aquellos primeros años de la Transición, tuvo el detalle o la sensibilidad de unas palabras, de unos gestos absolutamente justos, para reconocer lo que había sido el sufrimiento de tantas personas durante 37 o 38 años. Había una nueva generación de demócratas en nuestro país, España era la niña bonita de la Unión Europea, había regresado del exilio gente con nombre, intelectuales conocidos…, pero no parecía que hubiera servido de gran cosa para esa resistencia, para ese exilio que continuaba existiendo.
Si yo hubiera sido el presidente, lo primero que hubiera hecho es redactar una carta para todas las mujeres y hombres que seguían vivos en el exilio y transmitirles que ese día era su día. Y que a partir de ahí, habría mucho que trabajar. Es lo que habría que haber hecho en el 77, o cuando ganamos en el 82. Hubo mucha gente en el exilio que se sintió huérfana, habían vivido una ilusión después de un régimen atroz que se rompía, muchos se creyeron que iba a volver a la República… Como mínimo un reconocimiento claro de los gobernantes, un reconocimiento público. Era algo que se merecían.
Precisamente por eso una de las partes importantes de la ley es lo que tiene que ver con la enseñanza.
Hemos estado en el Gobierno durante 14 años de forma ininterrumpida, se podría haber hecho más. En España, si algún concejal o diputado elevaba una propuesta en este sentido, en el de revisar los libros de texto, no prosperaba. Eso ha faltado y ha fallado.
Nos hemos emborrachado de libertad y de democracia, pero sin haber tenido los pies asentados en cemento, en algo sólido. Y me espanta, me alucina, darme cuenta de la ignorancia absoluta de las nuevas generaciones, de su ignorancia absoluta de lo que ha sido la España de Franco, de la dictadura, de lo que ha sido la Transición y los sueños de superación. Incluso a partir del 82. Por eso ahora, cuando alguien intenta mejorarlo, inmediatamente se estigmatiza la iniciativa alegando que eso es adoctrinar, o que se trata de abrir heridas. No ha habido voluntad de superar eso. Me duele, sobre todo, por los miles y miles de mujeres y hombres que se han ido de este país y de este mundo sin haber sentido el reconocimiento a su sacrificio. Hasta que no fue Pedro Sánchez a Collioure no se ha sentido ese homenaje.
BRUNO VARGAS. HIJO Y NIETO DE EXILIADOS
Nacido en Francia en 1964, este profesor investigador titular de la Universidad Federal de Toulouse es especialista en el exilio y en la participación política durante la dictadura.
¿Qué le parece la ley? ¿Hay motivos para estar satisfecho?
Desde la perspectiva histórica, es muy importante que el anteproyecto anule los juicios del franquismo; es de justicia y dignifica a todas esas personas que perdieron la vida o estuvieron largos años en la cárcel por haber defendido la democracia. Además, es una ley para el futuro, porque lo que dice es que habrá que estudiar en las escuelas o institutos todo lo que atañe a la memoria histórica. Luego también está transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Otro punto importante es que el Estado democrático español deje de subvencionar con dinero público a asociaciones que enaltecen ideas contrarias a los principios democráticos de libertad, igualdad y fraternidad.
Y es muy, muy destacable que el Estado asume el gasto de todo lo que significa recuperar los cuerpos en las fosas. Ya era hora de que este acto de justicia dependiese del Estado y no de actuaciones privadas. Por fin. Que el Estado corra con el gasto de todo lo que significa recuperar los cuerpos en las fosas es un gran paso comparado con la ley de 2007. Una democracia que tiene tantas fosas comunes, con millones de personas todavía enterradas… No puede ser. Es una ley imprescindible para que España sea considerada como una nación democrática.
¿Se ha tardado demasiado en llegar a esta ley?
Está claro que esto no se podía llevar a cabo durante la Transición, con un ejército que tenía todavía una fuerza importante dentro del Estado, con una magistratura y una policía que procedían del franquismo; por todo eso era muy difícil llevarlo a cabo dentro de esos años. Ahora bien, a partir de los años noventa se hubiese podido hacer mucho más de lo que se ha hecho. Por supuesto que se tardó mucho, que se podía haber hecho antes, pero, insisto, el hecho de que se anulen esos juicios es muy muy importante, porque es un reconocimiento a la labor de aquellos demócratas que lucharon por una España democrática y, a la vez, es una ley para el pasado pero también para el futuro. Porque es verdad que, desde la llegada de la democracia, se ha trabajado mucho en los ámbitos universitarios, se ha publicado mucho, libros, artículos. Lo que pasa es que todos esos estudios se han quedado entre las paredes de la universidad y nunca han llegado a la sociedad. Con la ley que se va a votar en el parlamento tiene que llegar a los jóvenes. Hasta que no entre en la escuela, en los institutos, esto no cala en la sociedad.
¿Qué le parece que es lo más importante para dignificar de una vez a las víctimas del franquismo?
El anteproyecto de ley en sí es un reconocimiento de la labor de todas esas personas. Anular un juicio no es solo anular el juicio a Lluis Companys, por citar un nombre, sino anular el juicio a los millares de personas que fueron juzgadas como delincuentes cuando lo único que habían hecho era defender un sistema democrático. Anular un juicio significa que ya no son delincuentes y que, al contrario, se les reconocerá como personas que han luchado por la democracia. Esto es importante.
¿Algún comentario sobre el 3 de noviembre, el 80 aniversario del fallecimiento de Azaña?
El año pasado, Pedro Sánchez estuvo en Montauban y eso fue un hito en la historia política española, porque era la primera vez que un presidente de gobierno español en ejercicio se dignaba a presentarse y depositar una corona de flores ante la tumba del último jefe de Estado republicano. Ya no se trata de que esté delante de la tumba de Azaña, sino que eso también interroga sobre la Transición; porque lo que hace el golpe de Estado de julio de 1936 es cortar de raíz el sistema democrático español, ahí hay un problema de legitimidad con lo que ocurrió entre el 75 y el 78. En el primer artículo de la Ley para la Reforma Política (1976), que se vota entonces, lo que se dice claramente en el artículo primero es que España es una monarquía puesto que el rey sanciona y promulga las leyes; y el pueblo español aprueba esto por referéndum. Ahora, el problema es este: si se reconoce a Manuel Azaña como legítimo jefe del Estado republicano y que esa república cayó por un golpe de Estado, normalmente lo que hubiera tenido que darse, después de la muerte de Franco, con la recuperación de la democracia, hubiera tenido que ser una república o, por lo menos, un referéndum sobre la república. Hasta ahora los diferentes presidentes no han querido acercarse [a la tumba de Azaña] porque era como reconocer como legítima la República y esto, claro, supone un problema histórico, político y constitucional.
De todos modos, lo que sí es muy importante y dice mucho de la democracia actual, es que, a pesar de los problemas de estabilidad política, es una democracia asentada. Es lo bastante sólida para que el presidente de Gobierno se presente ante la tumba de Azaña y le rinda honores. Y eso, a mi modo de ver, es la reivindicación de un símbolo, de un hombre que simboliza, ahora, la lucha de los demócratas contra el fascismo español e internacional. Es un reconocimiento también para todas las personas que siguieron luchando durante el exilio y en España, a pesar de la dictadura, y que dieron su vida o muchos años de su vida por ello.
JOSÉ MARTÍNEZ COBO. EXILIADO DE NIÑO
Con cinco años cruzó la frontera francesa, en febrero de 1939. En el cruce, el niño, que hoy es médico especialista en cardiología pediátrica y reanimación infantil, se vio separado temporalmente de su familia. Su padre, Carlos Martínez Parera, fue tesorero de la Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio y administrador de El Socialista desde 1948 a 1970. José y su hermano Carlos ingresaron en las Juventudes del PSOE y en UGT en 1952 y ambos participaron activamente en la historia del socialismo en el exilio y la plasmaron en sus libros. Carlos murió en 2005.
¿Hay motivos para estar satisfecho con esta ley de Memoria democrática?
Lo primero que se puede decir es que ya era hora, llega un poco tarde, pero es un progreso. Indiscutiblemente, hemos fallado en algo. Yo creo que la Transición fue un éxito. Se hizo lo que había que hacer, pero después había que haber dado otro paso. Una vez que la democracia estaba consolidada, teníamos que haber ido más hacia adelante. La mejor turba para la consolidación de una democracia es que todos juntos nos sentemos para decir que lo que ha pasado no tiene que volver a pasar, y, por lo tanto, hay que condenar lo que es condenable. Indiscutiblemente, la dictadura franquista era más que condenable, era un crimen contra la humanidad.
Hoy, a mucha gente le va a parecer curioso que volvamos casi 80 años atrás. Ese es el problema, por eso digo que ya era hora y que se tenía que haber hecho antes. Quizá había miedo a resucitar fantasmas y odios, pero había que haber aprovechado el momento en el que se demostró que, dando un paso cada uno hacia el otro, España había prosperado enormemente. Había salido de una situación atroz y era un país moderno y democrático. Era el momento para decir “vamos a dar otro paso más”. Y ese paso más era zanjar de una vez por todas lo que fue el franquismo, porque era un momento en el que los franquistas no levantaban cabeza. Hoy, sin embargo, les vemos levantar cabeza porque les hemos dado tiempo para eso.
¿Una ley importante y necesaria para la democracia en España?
Me parece importante para la democracia en España, sobre todo por el título en el que se dice que esa memoria democrática debe ser enseñada en las aulas. Evidentemente, hay una generación entera que no sabe nada de todo eso. Que se enseñe que la democracia no es algo baladí, que no se regala, que hay que conquistarla y defenderla cada día, es el capítulo más importante de la ley. Porque lo pasado está pasado, pero nadie garantiza que no se pueda volver a una locura así. Sobre todo, si no se enseña a los jóvenes lo difícil que es llegar hasta la democracia, profundizar en ella, mantenerla, defenderla y conservarla. Siempre hay una tentación de olvidar las causas de las desdichas, y lo que hay que hacer es remediar las causas que han provocado lo que hemos vivido. Y la educación es la mejor manera de resolver este problema. Es el punto de la ley que me parece más importante. Ya veremos cómo se plasma en realidad.
¿Qué otras cosas son importantes para dignificar a las víctimas del franquismo?
No habría que dividir a las víctimas del franquismo entre las que estuvieron fuera de España o las que estuvieron dentro. Lo que deseamos todos es que no sea un proyecto de ley que suscite demasiada controversia, aunque, con el clima político que vivimos, va a ser una batalla que va a desvirtuar en gran medida un proyecto que tiene una finalidad más generosa. Mi deseo es que la tramitación de la ley no se transforme en una nueva guerra civil verbal.
JOSÉ GONZÁLEZ. HIJO DE EXILIADO
González nació en 1941 en Montauban (Tarn-et-Garonne). Su padre era un español exiliado que participó en la Resistencia contra los nazis bajo el seudónimo de Pizzaro. A los 15 años, González se implicó por primera vez en política al firmar una petición para que se construyese una piscina en el barrio popular de Ingres. Actualmente es diputado provincial y ha sido vicepresidente del Consejo departamental del Tarn y Garona. Es militante del Partido Radical de Izquierdas (antiguo partido radical socialista).
¿Hay motivos para estar satisfecho con esta Ley de Memoria Democrática?
Cuando se produjo la Transición, creo que no se pudieron cambiar de una vez por todas las cosas. Los cambios se tienen que preparar, Felipe González hizo un trabajo, Zapatero, otro, y Sánchez llega en un momento en el que puede hacer lo que está haciendo. Yo estoy muy contento. Tengo un tío que no sé dónde ha fallecido, tengo familia fusilada. Mi padre se escapó de la plaza de toros de Badajoz…
No se trata de hacer una revolución, pero sí que las cosas que son justas se puedan saber y discutir. Que la gente conozca y sepa que [los republicanos] no fueron unos canallas ni unos ladrones, fueron gente que quería vivir honradamente y normalmente. Estoy satisfecho con lo que ha salido últimamente en recuerdo de los republicanos españoles, fallecidos aquí y en España. Estoy muy satisfecho por la memoria de esos combatientes de la República, y de esas familias republicanas. Gracias a Pedro Sánchez por haber hecho esa ley.
El problema es que hay varios partidos de derechas, sobre todo Vox, que están presionando de una forma muy sucia y manipulando la historia de España, creando un problema que no es el problema. La cuestión de la memoria histórica en España no es para meter jaleo, es para recordar que una parte del pueblo español ha sido perseguida y fusilada de una manera injusta. No hay derecho a que durante cuarenta o cincuenta años el franquismo haya escondido todo lo que ha pasado en España.
Deduzco por sus palabras que una parte importante es que se enseñe en las escuelas lo que pasó desde el golpe de Estado del 36 hasta la recuperación de la democracia.
Sí, además durante el franquismo nunca se habló de la gente que murió, en el Valle de los Caídos o en los pueblos, donde se fusiló, de forma increíble, a muchísimas personas. Esa memoria, ese trabajo de memoria, es algo muy bueno. Ahora hay que evitar que volvamos a una nueva situación difícil en España, hay que trabajar para no confrontar, porque ya se sabe lo que ha pasado con la confrontación. Eso hay que evitarlo. Pero estas leyes de la Memoria están muy bien. Yo, además, como hijo de refugiado y combatiente de la República, estoy muy satisfecho. Que la juventud no sepa, no conozca su historia, no es normal. Una dictadura es justo eso, bloquear la educación.