La Fiscalía considera que la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que declaró nulas tres expresiones y una frase de los decretos de 66 folios de la Junta que desarrollan la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) quebranta la igualdad de todos ante la ley.
Tres magistrados, los ultraconservadores Enrique Gabaldón (hijo del presidente de honor del Foro de la Familia, José Gabaldón), Victoriano Valpuesta y Joaquín Sánchez Ugena, consideraron que la asignatura adoctrina sobre la «ideología de género». Entienden que la regulación de Ciudadanía coloca esta expresión en vez de la constitucional de «sexo», y la definen así: «La teoría de que a los seres humanos no nos define como personas el sexo, sino la opción sexual elegida». Esto es lo que le molesta a Gabaldón. En realidad, los jueces tenían la oportunidad de paralizar de verdad la asignatura -la demanda pedía la eliminación de casi todos los contenidos- , pero la dejaron pasar para anular en exclusiva lo relacionado con la igualdad de los homosexuales, en consonancia con la Conferencia Episcopal y el Foro de la Familia.
El fallo soliviantó a las asociaciones de gays y lesbianas, que lo calificaron de «homófobo».
Ideología y ciencia
María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla, considera que los jueces interpretaron y aplicaron al caso «erróneamente» -infringiendo «las normas del ordenamiento jurídico»- los artículos de la Constitución que se refieren a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1) y de los padres a que sus hijos recibnan la formación religiosa y moral (art. 27.3) acorde a sus convicciones.
Y lo hicieron porque antepusieron su ideología a su ciencia. Segarra cree además que la sentencia, al igual que las otras dictadas por este tribunal adolece de una «argumentación motivada» que justifique su decisión.: «El fundamento del pronunciamiento dictado se ha basado en una valoración in abstracto de derechos fundamentales, pero sin haber incluido motivación alguna que haya puesto en conexión las alegadas vulneraciones con los derechos fundamentales del recurrente, habida cuenta de que éste matriculó a sus hijos en un centro privado que posee un ideario católico, lo que implica que la asignatura cuestionada pueda ser impartida de acuerdo con dicho ideario», escribe Segarra.
El escrito, de escasas cuatro páginas, está fechado el 7 de mayo pasado. Y en él Segarra, se limita a exponer de manera sucinta al TSJA los motivos de su recurso. Ahora, la fiscalía prepara la apelación al Supremo, donde se expondrán en profundidad estos argumentos. Este tribunal deberá decidir finalmente sobre la idoneidad de la asignatura. Ya estudia otro recurso anterior.