De nuevo, la falsa polémica entre la ética y el comer, entre ser fieles a los Derechos Humanos o a las necesidades del estómago. Me estoy refiriendo, claro, a la reacción de los trabajadores de Navantia (y a las rápidas y oportunistas declaraciones, colmadas de populismo electoralista, de doña Susana, del alcalde de Cádiz y […]
De nuevo, la falsa polémica entre la ética y el comer, entre ser fieles a los Derechos Humanos o a las necesidades del estómago. Me estoy refiriendo, claro, a la reacción de los trabajadores de Navantia (y a las rápidas y oportunistas declaraciones, colmadas de populismo electoralista, de doña Susana, del alcalde de Cádiz y de otros polític@s) ante la posible suspensión del contrato para la construcción de barcos de guerra para Arabia Saudí que parecía garantizar sus empleos durante varios años. El que miles de trabajadores se crean en la encrucijada de elegir entre aceptar ser fabricantes de muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo que producen, o verse abocados al desempleo con todo lo que ello supone en un país, como Andalucía, y una provincia, la de Cádiz, con altísimas tasas de paro, es una realidad dramática que no debería ser excusa para demagogias, oportunismos y simplificaciones.
Pienso que no se trata de condenar, sin más, a esos trabajadores -abocados a una elección diabólica- pero tampoco, o menos aún, de defender que los puestos de trabajo puedan justificar cualquier cosa incluso la violación de los más elementales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida.
Está fuera de toda duda que el régimen cuasi medieval, corrupto y sanguinario de Arabia Saudí (con cuyos jerarcas tan buena relación tienen nuestros borbones) utiliza las armas que les vendemos (no sólo el Reino de España sino también USA, Reino Unido o Francia) para masacrar niños, bombardear mercados, centros médicos y hasta celebraciones de bodas y funerales en esa guerra casi silenciada de Yemen. Y habría que recordar que la vigente legalidad española señala la prohibición de autorizar las exportaciones «cuando existan indicios racionales» de que las armas puedan «ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos». La ley es bien clara: el gobierno tiene la obligación legal de prohibir la exportación de cualquier tipo de armamento a países como Arabia Saudí. A pesar de ello, el gobierno que presidía Rajoy, despreciando la ley, autorizó el año pasado ventas por valor de unos 300 millones de euros. Y en la actualidad se siguen vendiendo y fabricando para el país saudita.
Desde una perspectiva legal, el que esa prohibición (que es obligatoria) ponga en riesgo puestos de trabajo en la industria militar (en la industria de la muerte) no afecta a su obligatoriedad. Ahora bien, como el cumplimiento de la ley afectaría , a nivel inmediato, a miles de familias de la Bahía de Cádiz y de otros lugares del estado (Ferrol, Cartagena…), las Administraciones públicas (el gobierno y la Junta de Andalucía, en nuestro caso) están obligadas, política y moralmente, a garantizar que las posibles consecuencias de su cumplimiento no afecten negativamente a su situación económica y social. Cómo lograr esto, qué medidas tomar a corto y medio plazo (dentro del proceso, tan cacareado como vacío de contenidos hasta ahora, del «cambio del modelo productivo») es lo que tendrían que estar planteando y debatiendo «nuestros» políticos, y exigiéndolo los sindicatos, en lugar de dedicarse irresponsablemente a echar leña al fuego y a hacer demagogia barata para aprovecharse electoralmente de la angustia de tantos trabajadores.
Difícilmente estaríamos en esta situación, ni tantos miles de andaluces se verían abocados hoy a ese (falso) dilema, si Andalucía no sufriera de dependencia económica, subalternidad política y alienación cultural. Si tantos andaluces no hubieran sido convencidos, anestesiando sus mentes, de que no hay alternativas a lo que existe y que cualquier cambio sería a peor (que es el mensaje implícito en toda la propaganda del régimen psoísta que sufrimos en los casi cuarenta últimos años). Claro que hay soluciones para romper el (falso) dilema: desde una reconversión y pluralización productiva a medio plazo a la implantación a corto de una Renta Básica Universal e Incondicional que no haga depender al cien por cien la supervivencia a tener un empleo (cualquier empleo, sin poder analizar sus condiciones, contenido y consecuencias).
Es este un tema que nadie que se considere andalucista o se piense de izquierda puede soslayar, estén cerca o lejos las convocatorias electorales. Analizar cómo hemos llegado a esta aparentemente insoluble contradicción entre ética y derechos humanos, por una parte, y necesidad de supervivencia, por otra, es algo imprescindible si no queremos seguir caminando hacia un futuro terrorífico en el que desaparecerían, incluso, los mejores valores culturales de nuestra propia cultura y hasta podríamos desaparecer como pueblo, disueltos en la alienación más total. Y tras analizar, intervenir, evidentemente, ejerciendo el derecho a decidir qué queremos ser en el futuro.
Isidoro Moreno es Catedrático de Antropología Miembro del colectivo Asamblea de Andalucía
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