Centroamérica en especial Guatemala y Honduras se ha convertido en el área del continente americano donde es más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. La autora liga estos crímenes con el pasado de guerras civiles en esos países y sugiere que el feminicidio puede […]
Centroamérica en especial Guatemala y Honduras se ha convertido en el área del continente americano donde es más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. La autora liga estos crímenes con el pasado de guerras civiles en esos países y sugiere que el feminicidio puede ser una política expresamente diseñada para aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio destino y del cambio social y económico, una suerte de «acción de ablandamiento» para disuadir a las mujeres de participar política, sindical y culturalmente
Tenía 23 años y era supervisora de maquila con estudios secundarios. Acababa de cumplir 39 y trabajaba en la policía. Era una de las 20 niñas que apareció desmembrada en un tonel. Tenía 18 años y vendía cosméticos durante las vacaciones para financiar sus estudios. Era hija de familia. Era soltera. Estaba casada y cuidaba a tres hijos. Eran activistas que promovían talleres sobre la violencia intrafamiliar. O profesoras, campesinas, dirigentes sindicales, trabajadoras domésticas, comerciantes, profesionales. Todas ellas asesinadas de 2001 a mayo de 2005: mil 780 en Guatemala, 462 en Honduras, 117 en Costa Rica, alrededor de cinco al mes en El Salvador. De Panamá, Belice y Nicaragua no hay datos, porque una forma de omitir la procuración de justicia es no reconocer el delito. Sólo existen pistas; en Nicaragua, por ejemplo, cada diez minutos hay una situación de maltrato intrafamiliar: en 2003 se reportaron 51 mil niñas y mujeres víctima de abuso en un país de 5 millones 400 mil habitantes, 79% de los cuales vive en estado de pobreza. Asimismo, en Panamá, en 2004, la Alianza del Movimiento de Mujeres se organizó ante el incremento del feminicidio y, en palabras de la feminista y filósofa Urania Ungo, «por la indiferencia y negligencia de los poderes públicos».
Centroamérica en especial Guatemala y Honduras se ha convertido en el área del continente americano donde es más reiterado el homicidio con alevosía de mujeres de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y niveles educativos. Es también el área que protagonizó una guerra civil extendida y prolongada, con altos índices de violaciones a los derechos humanos, masacres y procesos de pacificación que, por su propia dinámica de exclusión de las bases sociales, terminaron por convertir a las otrora repúblicas bananeras en la «zona» de las repúblicas maquiladoras.
¿Hay alguna relación entre los dos hechos? ¿Son manifestaciones de un mismo fenómeno? ¿Es una política expresamente diseñada para inculcar el miedo a las mujeres, para que dejen de reivindicar y defender sus derechos recién obtenidos, que se extiende en el mundo a partir de los puntos más débiles y poco consolidados de las democracias occidentales?
Radhika Coomaraswamy, relatora especial para la violencia contra las mujeres de la ONU, afirmó en 1999 que la «naturaleza al parecer endémica de la violación en guerra ha sido institucionalizada por medio de la prostitución forzada y la esclavitud sexual de las mujeres a manos de civiles». La diputada guatemalteca Alba Estela Maldonado, en 2004, agregó: «El feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de la violencia normalizada contra las mujeres». Esto es, entre guerra (entendida también como represión sistemática) y violencia contra las mujeres hay un nexo que debe esclarecerse.
La mayoría de los asesinatos de mujeres centroamericanas se cometen en zonas urbanas, donde en los últimos años se ha incrementado la violencia delincuencial incluyendo el tráfico de drogas, de armas y los secuestros perpetrados para pedir rescates, así como las actividades de bandas de jóvenes callejeros, las maras. Éstas, conformadas por varones en su mayoría, han captado casi toda la atención de los especialistas en la intensificación de la violencia que se vive actualmente en Centroamérica.
Sin lugar a duda, las maras delatan la realidad de carencias sociales, de falta de oportunidades educativas, de aumento del tráfico y consumo local de drogas ilegales, y de la facilidad para conseguir armas que se vive en los países del istmo. Asimismo, en Honduras, El Salvador, Guatemala y en la zona fronteriza meridional de México, las maras han sido y son responsables de algunos de los más espeluznantes (y evidentes) casos de asesinatos de mujeres jóvenes, generalmente muchachas que habían pertenecido a maras, o que se habían involucrado sentimentalmente o por tráfico de drogas con algunos de sus miembros, o que vivían en las zonas que éstas controlan (barrios enteros en San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Talismán). No obstante, es muy peculiar el intento de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación del área de achacar a las maras todos los actos delictivos, incluida la totalidad de los asesinatos de mujeres, sin realizar las debidas investigaciones.
La mayoría absoluta de las mujeres y las niñas centroamericanas viven con una violencia específica a cuestas, ligada a la pobreza y a la ubicación que la sociedad les impone en su ordenamiento familiar, religioso y laboral la así llamada violencia de género. Desde los pocos meses hasta la vejez, las mujeres son víctimas de maltrato familiar, amenazas a su seguridad, discriminación e irrespeto a sus decisiones, violación, acoso sexual en el trabajo y la escuela. En este contexto como en México y en cualquier otro lugar, el incremento de la violencia delincuencial fragiliza aún más el derecho a la vida y el bienestar de las mujeres. Si esta violencia está acompañada por la omisión sistemática en la procuración de justicia por parte de las instancias judiciales en el seguimiento de los casos y cuando semejante omisión implica dar menor importancia a la persecución de los delitos contra las mujeres el feminicidio se convierte en un síndrome donde todos los factores intervienen.
Marcela Lagarde define el feminicidio como «el genocidio contra las mujeres» que se perpetúa cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentar contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y las vidas de las mujeres. Lo que equivaldría a decir que el feminicidio se comete con la intención de destruir a un grupo social, que se identifica por su sexo, para someterlo intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean su destrucción, según la interpretación de genocidio que dio la Asamblea General de la ONU en 1948.
No puede haber feminicidio sin complicidad de las autoridades con los autores de los crímenes, nos recuerda la investigadora y feminista Mirta Kennedy del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H), ya que éstos gozan de «una impunidad que persiste en los crímenes contra las mujeres y la responsabilidad cómplice del Estado y los organismos competentes, que no dan respuestas para frenar esa violencia, tanto por la debilidad del sistema de seguridad y justicia, como por la falta de voluntad política, la lentitud para procesar las reformas legales solicitadas y el manifiesto desinterés en abordar el problema».
La violencia no es un fenómeno nuevo
En 2002, en Costa Rica se redactó el primer informe sobre feminicidios en el área centroamericana, a raíz de una campaña iniciada en México un año antes por la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual. Asimismo, en 2004, Costa Rica presentó la primera ley en el mundo sobre penalización de la violencia contra las mujeres donde se establece el delito de feminicidio, aunque lo limite al asesinato de mujeres dentro de una relación de pareja.
Las feministas centroamericanas critican la idea de exigir algo imposible: «Ni una muerte más», pues la muerte es un fenómeno natural. Encuentran que hablar de muerte y muertas, y no de asesinato, es profundamente equívoco y lleva a cierta despolitización de la denuncia de la privación de la libertad, la tortura y la desaparición que culminaban en el homicidio con alevosía, premeditación y ventaja de las mujeres. Por sus aportes, el informe costarricense de 2002 definió, por lo tanto, al feminicidio como «el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género», entendiendo por tal la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, en su deseo de obtener poder, dominación o control, incluidos tambien los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual y la muerte en la llamada «línea de fuego».
En México, esta última expresión nos sorprende. ¿Qué es la línea de fuego en el caso de la violencia de género? Edda Gabiola, feminista y directora ejecutiva del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de Guatemala, considera que «la violencia contra las mujeres es una expresión no sólo de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino también refleja los patrones de conducta de una sociedad en donde el conflicto se resuelve de forma violenta». En Guatemala, las explicaciones sociales sobre las causas de los asesinatos de mujeres y su tendencia al aumento en los últimos años han variado desde la delincuencia común, la violencia intrafamiliar hasta «la existencia de un plan de exterminio de las mujeres o feminicidio». Desde esta perspectiva, la «línea de fuego» es cualquier momento de la vida de una mujer que se asume a sí misma como dueña de sus actos y cuyas decisiones entran en contradicción con los planes explícitos o implícitos de los hombres de su familia, su sociedad o el Estado.
La violencia en Guatemala no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo es la violencia en contra de las mujeres. Gabiola insiste al respecto: «En los últimos 70 años se han registrado casos ‘políticos’ de feminicidio y violencia de género, como cuando María Chinchilla, del Magisterio Nacional, fue asesinada el 25 de junio de 1944, por las fuerzas de seguridad, o cuando detuvieron ilegalmente y torturaron a María Antonia Carrillo Dávila, dirigente de la Central Única de Campesinos. Sin embargo, la violencia silenciosa, la intrafamiliar, también se ha manifestado históricamente».
La defensora de derechos humanos que hace un año fue amenazada de muerte, junto con otros integrantes de CALDH, mediante llamadas telefónicas anónimas y cuya oficina fue allanada en dos ocasiones, está impulsando una investigación sobre las muertes violentas de mujeres en Guatemala, porque pretende analizar el asesinato de género en el marco de la transición a la democracia.
Según Gabiola, «en el caso de la violencia de género, es un hecho reconocido que ésta expresa las relaciones desiguales de poder en el marco del contexto socioeconómico y político de las sociedades. Sin embargo, el continuo de violencia entra en ebullición en dos ocasiones, con el agravamiento de la situación de las mujeres. El primero de estos momentos fue el conflicto armado interno, en particular durante la década de 1980 cuando más de 200 mil personas fueron asesinadas en ocho meses y las mujeres se convirtieron en las víctimas preferentes de la violencia de las unidades especiales del ejército en el campo, y el segundo corresponde al periodo actual».
Según Gabiola, «en el caso de la violencia de género, es un hecho reconocido que ésta expresa las relaciones desiguales de poder en el marco del contexto socioeconómico y político de las sociedades. Sin embargo, el continuo de violencia entra en ebullición en dos ocasiones, con el agravamiento de la situación de las mujeres. El primero de estos momentos fue el conflicto armado interno, en particular durante la década de 1980 cuando más de 200 mil personas fueron asesinadas en ocho meses y las mujeres se convirtieron en las víctimas preferentes de la violencia de las unidades especiales del ejército en el campo, y el segundo corresponde al periodo actual».
Durante las guerras civiles centroamericanas que concluyeron en la década de 1990, una de cada cuatro víctimas era una mujer (25%). El porcentaje es apenas más alto para Guatemala, donde la contrainsurgencia atacó sobre todo zonas indígenas y campesinas, y sirve igual para El Salvador en la década de 1980, que para Nicaragua, en los años de 1970-1979. La violencia tuvo diversas características, aunque una de cada cinco víctimas fue asesinada de forma arbitraria y una de cada siete fue torturada como acto de intimidación, como instrumento de «reducación» o para obtener información. Todas las mujeres torturadas fueron violadas.
Un rasgo específico de los asesinatos de mujeres fue el particular ensañamiento, en las zonas agrarias que el ejército consideraba de influencia o control guerrillero, contra las niñas de dos a cinco años, así como la violación y tortura de las mujeres embarazadas. Entre las más pequeñas, la proporción de ejecuciones fue de dos niñas por cada niño. Estos asesinatos fueron comunes también en las acciones de la «contra» cuando incursionaba en territorio nicaragüense y atacaba las comunidades y las cooperativas agrarias.
Muchas mujeres entre los 18 y los 23 años y entre los 30 y los 35 (la mayoría de las mujeres eran activas políticamente tanto antes como después de la etapa de los primeros cuidados materno-infantiles) fueron asesinadas ya fuera por su participación político-militar, religiosa o en asociaciones civiles y de derechos humanos. También, hubo mujeres ejecutadas por las actividades de su padre, marido, hermanos o hijos. En otros casos, cayeron víctimas de ejecuciones masivas o masacres.
En la actualidad, Centroamérica está muy diversamente habitada, yendo de la zona más densamente poblada de América (El Salvador, con casi ocho millones de habitantes en un territorio de 23 mil kilómetros cuadrados) a la menos (Belice, con 250 mil habitantes en un territorio apenas inferior), de zonas agrícolas y silvícolas a nuevas ciudades organizadas alrededor de la industria maquiladora (Santa Ana en El Salvador y San Pedro Sula, en Honduras, son los casos extremos), de población indígena, negra y de diversos mestizajes socialmente estratificados. En todo su territorio, a principios de milenio, empezaron a emerger a la opinión pública tres fenómenos: 1) el fin de la guerra no implicaba el fin de la violencia; 2) la policía pública y privada seguía asesinando, ahora jóvenes pandilleros; y 3) un número siempre creciente de mujeres eran asesinadas.
En 2003, en Guatemala, el Estado reconoció la persistencia de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad que funcionaron durante el enfrentamiento armado interno, aunque su existencia se volvió clandestina. Sin embargo, en esa misma época las agresiones a defensores de derechos humanos y a más de 70 periodistas fueron descalificadas como provenientes de la delincuencia común.
En 2001, la policía guatemalteca empezó a desagregar el registro de muertes por sexo, porque un año antes el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) había iniciado un registro propio frente a la evidencia de los crímenes, mismo que les permitió detectar la existencia de patrones similares entre los homicidios, tanto por el grado de ensañamiento como por la edad de las mujeres.
En mayo de 2005, el GGM presentó un Diagnóstico Situacional de las Muertes Violentas de Mujeres en Guatemala, que incluye una gráfica de su número creciente por año: 307 en 2001, 317 en 2002, 383 en 2003, 527 en 2004, y 255 en los primeros cinco meses de 2005. El Diagnóstico apunta a que la violencia se concentra en las zonas metropolitanas y que, al igual que otros tipos de criminalidad, la noche parece ser el horario preferido para delinquir contra las mujeres, tanto en la calle como en el propio domicilio.
Asimismo, da cuenta que para la mayoría de los familiares de las mujeres asesinadas, los victimarios son mareros, narcotraficantes, policías o militares; esto es, que para la gente común involucrada el ataque proviene de un «ente» que, con maldad, planifica la acción contra una víctima impotente ante el acto. Por el contrario, las autoridades afirman que los asesinatos no son planeados y que ocurren de manera accidental o espontánea, lo cual demuestra cierta indiferencia frente a las personas responsables. Ambas percepciones contribuyen a generalizar el miedo entre las mujeres, y en la población en general, disminuyendo su participación social.
La demanda principal de las familias es el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los asesinos; no obstante, muchas desisten de continuar con los procesos legales por las amenazas de muerte que reciben. A la vez, un número importante de familiares no realizan denuncias por la desaparición de una mujer por la mínima respuesta de las autoridades, una generalizada desconfianza en el sistema, problemas con la burocracia, temor a represalias, faltas de recursos o tiempo, y porque se ve impedida por la discriminación racial o la pobreza.
Estos son patrones comunes a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, puesto que las muertes violentas de mujeres tienen elementos comunes con los conflictos sociomilitares recién pasados: el ensañamiento contra las víctimas, la frecuencia de los asesinatos, y el miedo que generan. Asimismo, la violencia contra las mujeres delata que la policía puede emprender acciones de represión tan duras como las que en el pasado cometía el ejército. De hecho, en todos los países se han reportado agentes de policía implicados en casos de violencia sexual.
Durante las guerras civiles que sacudieron Centroamérica, la represión estatal necesitaba de una política del terror que literalmente paralizara a la población: ese era el principal objetivo de la tortura y los tratos crueles. Entonces como en la actualidad, las mujeres que sufrían violencia sexual, tortura extrema y ejecuciones arbitrarias eran dejadas en la vía pública, en lugares de reunión, a orillas de las carreteras o en los mercados para demostrar al conjunto del pueblo qué puede pasarle si desafía a las autoridades. La vulnerabilidad en que están las mujeres por las relaciones desiguales de poder en la sociedad, las hace propensas a ser objeto de la violencia más descarnada, a la vez que esa misma violencia se vuelve un instrumento de control social que promete la impunidad a sus aliados y el terror a las víctimas que se organizan para enfrentarlo.
¿Por qué se mata a las mujeres?
«Mi hija María Isabel de 15 años era estudiante y trabajaba en una boutique en vacaciones. La noche del 15 de diciembre fue secuestrada en la capital y apareció poco antes de navidad violada, amarrada de pies y manos con alambres de púas, acuchillada y estrangulada, metida en una bolsa y su cara desfigurada a golpes, tenía hoyitos en el cuerpo, una soga al cuello y las uñas volteadas. Cuando me entregaron el cuerpo, yo me tiré al piso a gritar y llorar y todavía me decían que no exagerara». El testimonio de la madre de María Isabel Veliz Franco, secuestrada y asesinada en diciembre de 2001, encabeza el extenso informe de Amnistía Internacional titulado «Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala». El símil que tiene con las demandas y testimonios de los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, salta a la vista para cualquier lector mexicano: violencia descarnada contra el cuerpo de una mujer joven y trabajadora y ridiculización y menosprecio hacia el dolor de su madre.
No obstante, la brutal violencia sexual de la cual fue objeto María Isabel tras ser secuestrada y antes de que fuera asesinada es característica no sólo de los centenares de homicidios de mujeres y niñas a lo largo de toda la franja maquiladora de América (de la frontera méxico-estadunidense hasta Panamá) registrados en los últimos años, sino también de la represión que sufrieron las mujeres durante la época de los conflictos armados.
Últimamente, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos ha confrontado los testimonios de violaciones masivas y asesinatos de mujeres recogidos por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), de Guatemala, con las narraciones que aparecen en la prensa y en el informe de Amnistía Internacional, para subrayar la continuidad de la violencia sexual como un acto de poder ejercido contra aquel que se considera inferior. Durante las guerras, las mujeres son particularmente vulnerables, y en el caso de las indígenas y negras, la discriminación racista las lastima todavía más.
Es igualmente cierto que la violación sexual fue practicada sistemáticamente en El Salvador y en Guatemala en los casos de represión selectiva de mujeres líderes; es decir, cuando las mujeres eran consideradas «peligrosas». Las autoridades, tal y como el machismo (entendido como una institución que rige las relaciones entre los sexos desde un poder ilegal que sabe que puede ser derrocado), se ensañaron contra todo síntoma de cuestionamiento de las relaciones desiguales de poder: las mujeres líderes de organizaciones de lucha de trabajadores, y con mayor razón si eran negras e indígenas, debían ser castigadas porque enfrentaban al mismo tiempo el machismo, el clasismo y el racismo, poniéndolos en riesgo como sistema multipolar de opresión.
Hoy en día se desconoce el número exacto de mujeres asesinadas. La cifra varía según las instituciones y se establece según criterios distintos. En este contexto confuso, las autoridades de los países centroamericanos manifiestan una tendencia a dar respuestas superficiales e inadecuadas a las demandas de justicia, semejantes a las que daban a los familiares de las víctimas de la represión y a los defensores de derechos humanos en el pasado. ¿Están, como entonces, coludidas con los victimarios?
En Guatemala, sólo 7% de los asesinatos cometidos en centros urbanos tienen investigaciones que establecen el posible victimario; en El Salvador, el porcentaje sube a 8%, y en Honduras baja a 6%. En el caso de los asesinatos de mujeres, sólo 26% de ellos son investigados.
Las autoridades y los sectores más conservadores de la sociedad afirman que el feminicidio no existe, que hay más asesinatos de hombres que de mujeres y que la impunidad es igual en ambos casos. En otras palabras, plantean que las «muertes» de mujeres tienen que ver con violencia intrafamiliar, «líos con maras», delincuencia común y que no existe intencionalidad de matar mujeres ni una acción del Estado que favorezca esta situación.
Por el contrario, defensores de derechos humanos y feministas avanzan en la hipótesis de que el feminicidio es parte de una conspiración a favor de un orden conservador y neoliberal para generar miedo mediante el uso de patrones de violencia. De ser así, la política del terror utilizaría la tendencia a agredir a las mujeres y las niñas por parte de una sociedad con relaciones de poder desiguales, para aterrorizar a aquellas que emergen como actrices de su propio destino y del cambio social y económico. El feminicidio sería entonces una especie de «acción de ablandamiento» para disuadir a las mujeres de participar política, sindical y culturalmente, que contara con todo el apoyo de los sectores más violentos y conservadores de la sociedad.
Encuesta de Parametría
Los asesinatos de mujeres en Juárez, tema de opinión pública
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez son un asunto del que, a diferencia de otros temas de interés público, cuentan con un nivel de conocimiento muy alto de los ciudadanos: nueve de cada diez mexicanos están enterados de lo que ocurre en la ciudad fronteriza.
Una buena parte piensa que la responsabilidad de resolver los crímenes es del gobierno federal y otra que le corresponde al gobierno local. La mayoría sigue pensando que no se ha hecho lo suficiente para resolver los feminicidios y un alto porcentaje está de acuerdo en la intervención de organismos extranjeros con tal de que estos se resuelvan.
Alto conocimiento
Alto conocimiento
A pesar de la insistencia gubernamental de que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez se han ido esclareciendo, una buena parte de la sociedad sigue cuestionando la capacidad del Estado para resolverlos.
La Carta Paramétrica, que aquí se ofrece por adelantado, muestra un primer dato revelador: el conocimiento de los crímenes de Ciudad Juárez es muy elevado. En mayo de 2003, siete de cada diez mexicanos estaban enterados del tema. Actualmente, nueve de cada 10 lo conocen.
¿Quién debe resolver el problema?
Es de llamar la atención, señala Parametría, «que desde hace dos años la población piensa que el principal responsable de aclarar los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el gobierno federal (34% en 2003 y 37% en 2005). En segunda instancia los mexicanos ubican al gobierno del estado de Chihuahua (25%).
No obstante, abunda Parametría, para casi una cuarta parte de las personas entrevistadas en 2003 y 2005, todos estos actores son responsables en cierta forma de ayudar a resolver los asesinatos.
Un dato que resultó sorprendente en la medición de 2003 fue que 76% de los ciudadanos se manifestaban a favor de la intervención de instancias extranjeras con tal de que se solucionara el problema. Esta postura cuestiona la capacidad de las autoridades mexicanas. En la medición reciente continuó siendo elevada: todavía seis de cada diez personas apoya la idea de que organismos extranjeros intervengan en el caso, mientras que tres de cada diez no lo hacen.
(La nota metodológica puede consultarse en www.parametria.com.mx)