Con la decisión firme de dar seguimiento permanente a los acontecimientos que afectan a las mujeres y su entorno, hasta que sea necesario, terminó el sábado 22 de agosto el Observatorio Presencial de la Trasgresión Feminista. Sus integrantes regresaron a sus países, dejando en la confusión a las Feministas en Resistencia –constituidas por cinco organizaciones […]
Con la decisión firme de dar seguimiento permanente a los acontecimientos que afectan a las mujeres y su entorno, hasta que sea necesario, terminó el sábado 22 de agosto el Observatorio Presencial de la Trasgresión Feminista.
Sus integrantes regresaron a sus países, dejando en la confusión a las Feministas en Resistencia –constituidas por cinco organizaciones no gubernamentales y una diversidad de otras mujeres independientes– frente al desmantelamiento institucional en Honduras.
Pero también hay confusión de parte del observatorio, pues si bien este espacio de reflexión fue un esfuerzo sin precedentes en una crisis como esta, sacó a relucir las contradicciones profundas del feminismo institucional y su relación con el Estado, no solo en Honduras sino en toda la región latinoamericana.
El golpe produjo un shock inicial a las feministas hondureñas. Como explicó a SEMlac Carmen Castro, militante feminista y partidista, «nos hemos dado cuenta cabal de que se ha desmantelado todo por lo que luchamos».
Ahora, jóvenes y antiguas feministas, en sesiones de análisis y sentimientos, se cuestionan lo realizado tras reconocer que muchas de las funcionarias, mujeres de pueblos y comunidades, compañeras de lucha, se adhirieron al golpe, con lo cual todos los talleres y seminarios de ciudadanía y democracia para las mujeres no tuvieron efecto frente al desmantelamiento de la débil democracia hondureña.
La esperanza era crear la base social feminista que pudiera responder al autoritarismo patriarcal. En esas andaban cuando de pronto llegó el golpe. «Nuestras instituciones también sufrieron estragos, los papeles del avance pueden amarillarse en las bodegas y los archivos…». Carmen Castro hizo un relato estremecedor. Ella se enroló en la propuesta de la cuarta urna, «la gota que derramó el vaso de agua» y condujo al golpe. Dijo que el día del golpe ella había participado en una comunidad donde se votó y estuvo en la organización. «Nuestro objetivo era caminar hacia la construcción de la Constituyente», recordó. Y todo se fue al agua.
Impera la confusión
En todos los sectores hay una enorme confusión. A casi dos meses del golpe, el gobierno de facto, ilegal, ilegítimo, golpista, ha echado a funcionar el sistema, los órganos del gobierno y del Estado.
Tras la expulsión de muchos alcaldes, el desafuero y persecución de congresistas, la persecución a los integrantes del gabinete depuesto por las armas, muchas mujeres se preguntaron ¿dónde se ponen las denuncias?, ¿dónde se reclaman nuestras agendas?
Por ejemplo, la abogada Yadira Minero dice a SEMlac que, durante mucho tiempo, el Centro de Derechos de Mujeres asesoró y enseñó a las trabajadoras de las empresas maquiladoras de exportación a defender sus derechos, como algo difícil y conflictivo.
Ahora en muchas de esas empresas, instaladas en el norte del país, alrededor de San Pedro Sula, la ciudad industrial de Honduras, las fuerzan a ir a las marchas de apoyo al golpe bajo amenaza de despido; otras se han quedado sin empleo porque algunas empresas cerraron, las hay que tienen pendientes procesos laborales. «¿A dónde irán?, si, como lo han decidido políticamente, las feministas en resistencia no reconocen al gobierno de facto», reflexiona.
Esa pregunta, formulada a distintas instancias internacionales, no tiene respuesta. Los derechos de las mujeres forman parte de la política pública, que ahora está en manos de los golpistas.
La abogada Minero reconoce que en el país hay un movimiento social fuerte, pero fragmentado: cada grupo u organización no gubernamental tiene sus propios programas y agendas. Cada uno estuvo por años en sus temas. Reunirse, unificarse, ha sido muy complicado.
Lo mismo sucede con los casos de violencia de pareja, con los asuntos de los asesinatos de mujeres, las violaciones a manos de policías. A las 51 asesinadas tras el golpe, se sumaron otros tres asesinatos femeninos durante la semana del 17 al 21 de agosto.
¿Dónde se lleva la denuncia?, preguntan. Mientras, las fiscalías especiales, para Derechos Humanos y para la Mujer, como si nada hubiera pasado, se quejan de que no reciben denuncias, tal como lo manifestaron a las extranjeras del Observatorio que fueron a verlas.
Tanto Irma Grisel Anaya, fiscal de la mujer, como Sandra Ponce, de los derechos humanos, consideraron que ellas son la vía de las denuncias. Pero ¿cómo actuarán formando parte del gobierno de facto?
Las fiscalías son parte de un Ministerio Público, que en las actuales circunstancias nadie sabe si opera o no, si es independiente o no, pero es el mismo que documentó la salida de Miguel Zelaya, persigue el caso de oficio y al mismo tiempo ha recibido una queja de inconstitucionalidad por el golpe.
Algunas mujeres están allí, diciendo no al golpe, llamando espurio a todo el sistema, pero en la tentación simultánea de acudir a esas instancias. Este confuso panorama tiene a las feministas en vilo. Lo mismo sucede cuando piensan que deberían defender al Instituto Nacional de las Mujeres, ahora disminuido a una dirección y bajo la férula de una militante del Opus Dei y golpista.
«Es nuestro, nosotras lo creamos», reclaman, pero hoy es una instancia sin asidero legal ni democrático, sino un instrumento más del golpe. Estas contradicciones van en aumento: las delegadas de género de las agencias de las Naciones Unidas y de la cooperación internacional explicaron al observatorio y a las feministas en resistencia que han suspendido casi todos los apoyos, pero mantienen los que impactan en las poblaciones: salud, ayuda humanitaria y muchos de alcaldías y procesos en marcha.
Ellas mismas, Aleida Ramíres, de UNFPA; Nilla Inastorp, de la cooperación sueca; Silvia Felipe de UNIFEM; Raquel Fernández de la OPS, y Melba Hernández de la Unión Europea, manifestaron sus confusiones y sus contradicciones.
Hablaron de suspensiones temporales y de mantener el mandato de la ONU, de no reconocer a los golpistas como gobierno, pero se lamentaron de que haya quedado trunco el apoyo para la formación de mujeres en participación política, por ejemplo.
A la comunidad internacional le preocupan cuestiones básicas: agua, alimentación, medicina; por eso, explica Raquel Fernández, se mantiene la distribución de retrovirales para el VIH/sida y cuestiones de derechos sexuales en no pocas alcaldías, muchas de las cuales están sosteniendo al gobierno golpista, que en los medios de comunicación y la jerga oficial se denomina «gobierno de sucesión».
Las mujeres en resistencia manifestaron, de distintas maneras, sus preocupaciones, como los rumores de que a ellas también se les supenderán los fondos. Lo más grave es que muchos de los programas que realizan están ligados a las instituciones gubernamentales, ahora en manos del gobierno de Micheletti.
La reflexión
En un documento elaborado tras el golpe, las feministas en resistencia definen algunas de estas contradicciones. Explican que hace una década, mediante sus instituciones, realizaron un trabajo político para ganar espacios, establecer acuerdos y alianzas con el gobierno de José Manuel Zelaya, al tiempo de ampliar sus trabajos hacia el movimiento popular que iba creciendo.
Su principal escollo, señalan, fue siempre el Congreso. Tuvieron dificultades, pero se entregaron a impulsar leyes; igual acordaron apuntalar al Instituto Nacional de las Mujeres y consiguieron que el presidente Zelaya vetara la ley que prohibía la anticoncepción de emergencia.
También se sentaron a la mesa de negociaciones para incluir la agenda de las mujeres en el movimiento social, y empezaron a relacionarse tímidamente con las integrantes de ese movimiento. Incluso habían decidido su participación en la organización de la consulta popular que conducía hacia la Constituyente o la cuarta urna, como se conoce.
En ese proceso, Gilda Rivera y Breny Mendoza, ambas del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se dieron cuenta de la posibilidad de un golpe de Estado. Pero no creyeron que sucedería. Lo más grave es que ahora saben que no hubo cuidado en fundamentar la consulta popular legalmente, lo que dio la oportunidad al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia para declararla ilegal.
El documento de referencia, que fue explicado a SEMlac, sostiene que la estrategia golpista se ha asentado en un marasmo de ilegalidades presentadas como si fueran de pleno derecho. Lo cierto es que ahora no hay Estado de Derecho, ni mecanismos para continuar con las demandas de las mujeres y tampoco con las que enarbola el movimiento social en distintos frentes.
Lo que hay en Honduras, dice Gilda Rivera, es un «colapso absoluto» y agrega: «no podemos confiar en nadie».
Las Feministas en Resistencia apuestan a mantenerse en la lucha y trabajar con su agenda en una futura Constituyente, lo que dependerá de las resoluciones que, empujadas por las cortes internacionales de la ONU, la OEA, los vigilantes de los derechos humanos y la capacidad del movimiento -cuya unidad está en manos de las reacciones de los dirigentes de la resistencia-, dé cara a un proceso electoral que se anuncia como posible y cierto, para realizar elecciones presidenciales en noviembre.
En la última sesión de intercambio con las integrantes del Observatorio de la Transgresión Feminista, se atestiguó una discusión inicial: ¿que hacemos si se nos llama a participar en las elecciones?, ¿qué hacemos si hay mujeres y feministas que quieran ser candidatas? Antes del golpe había invitaciones y pre candidaturas, lo que en opinión de Gilda Rivera y Mirta Kennedy, otra importante dirigente, podría fracturar la unidad del movimiento pero, seguramente, también la del frente nacional de resistencia.
«Nadie imagina que la ultraderecha de un país tan pequeño y pobre como Honduras pueda mantenerse por tanto tiempo sin un apoyo político y financiero internacional, pensando que la postura de los gobiernos y la ONU es tan monolítica en contra del golpe», dijo Kennedy.
Apenas atinan a una visión de futuro tan incierta y confusa, por tiempos donde todo cambia a diario, marchas menos numerosas, comunicaciones dispersas, conflictos de todo tipo, incluidos los temas delincuenciales, de narcotráfico, de mafias apostadas en el país y de falta de legitimidad. Adicionalmente, en el frente político, dirigido principalmente por hombres, ellas tienen que luchar por su espacio.
Lo paradójico, dicen, es que la ultraderecha en Estados Unidos se encuentra en su peor crisis y tiene una historia de desprestigio, escándalos sexuales de los republicanos, contra lo que las feministas llaman ‘imperialismo humanitario’, que comenzó con Bill Clinton, pero que no ofrece una salida para Honduras.
Al final del observatorio presencial, lo que queda, afirmó María Suárez, coordinadora de la iniciativa, es continuar la vigilancia del proceso, elaborar un informe contundente de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, acudir con él para ayudar a todas las que están en peligro, en todas las instancias internacionales.
«Hay que gestionar el castigo de los culpables de esas violaciones, asegurar tiempos mejores de vida a la población, a las feministas en resistencia y a sus iniciativas –muchas muy creativas–, para seguir en su lucha emprendida a restituir el Estado de derecho y la constitucionalidad en Honduras». Qué así sea.