La organización Alternativa Antimilitarista-MOC ha iniciado la Campaña de Objeción fiscal al gasto militar correspondiente al año 2014, con la consigna «No paguemos la guerra». Se pretende con esta iniciativa que los ciudadanos renuncien a pagar en su contribución de la renta el mismo porcentaje que el estado destina en sus presupuestos a gasto militar […]
La organización Alternativa Antimilitarista-MOC ha iniciado la Campaña de Objeción fiscal al gasto militar correspondiente al año 2014, con la consigna «No paguemos la guerra». Se pretende con esta iniciativa que los ciudadanos renuncien a pagar en su contribución de la renta el mismo porcentaje que el estado destina en sus presupuestos a gasto militar y «control social» (policía, prisiones y capítulos similares). La propuesta de la Campaña es que el contribuyente destine esa parte del IRPF a organizaciones sociales o iniciativas solidarias, en todo caso, «ni un céntimo para el ejército».
De este modo, señalan los impulsores de la Campaña, «los ciudadanos expresan su rechazo al sostenimiento del ejército y otros cuerpos armados, reclama activamente la anulación del presupuesto militar, y promueve la participación social directa en la definición de las prioridades en los presupuestos públicos».
El porcentaje de los Presupuestos Generales que el estado destina a los capítulos de «Defensa» y «Control Social» representa el 9,8% del total y es, por tanto, el porcentaje que se propone al ciudadano contribuyente que descuente de su declaración de la renta (721,83 euros). Sin embargo, señalan fuentes de Alternativa Antimilitarista-MOC, lo fundamental no es la cantidad sino el «gesto simbólico», de ahí que se considere suficiente detraer aunque sea un euro del pago al fisco si es por objeción al gasto militar.
El método para objetar consiste en anotar en una casilla de la declaración la cantidad -entre un euro y 721,83 euros- que se pretende sustraer al gasto militar y para «control social». La cantidad se ingresa a continuación en la organización social y proyecto solidario que se desee, y se solicita el recibo por el ingreso realizado. En la hoja de la declaración de IRPF, previamente impresa, se anota junto al cuadro donde se ha apuntado el ingreso que el motivo es el rechazo a las inversiones en ejércitos, policía, prisiones y capítulos similares. El proceso finaliza con el envío en un sobre de la declaración al Ministerio de Hacienda, junto al recibo del ingreso en el colectivo social, y una carta al ministerio en la que se explica el porqué de la oposición a los gastos para la guerra (el modelo de escrito es facilitado por la organización antimilitarista). Para información más detallada, www.nodo50.org/objecionfiscal.
Carlos Pérez, miembro de Alternativa Antimilitarista-MOC, destaca que esta práctica es «alegal». Se trata de una «acción simbólica y de desobediencia civil que va más allá de un gesto netamente individual, es decir, forma parte de una campaña pública y colectiva contra el gasto militar». «Es un gesto activo y comprometido en que se reivindica un derecho colectivo, así como abrir un debate social con el fin de vivir en un mundo sin guerras», añade.
La campaña comenzaron a desarrollarla grupos antimilitaristas y pacifistas a partir de 1982, cuando el gobierno del PSOE aprobó un programa de compra y renovación de aviones de combate F-18 en el estado español.
En la declaración de la renta del año 2013, señala Alternativa Antimilitarista-MOC, al menos 916 personas plantearon la objeción al gasto militar en su declaración de la renta y decidieron enviar el dinero a organizaciones sociales. La suma de estos ingresos alcanzó los 116.494 euros, la cifra máxima alcanzada hasta ese momento, con 134 objeciones más que en el año 2012. Cataluña, País Valenciano, Madrid y Aragón han sido las autonomías con más dinero detraído de la declaración de IRPF. Una parte considerable de estos recursos se destinan a las mismas entidades que promueven la campaña o algunas de las que éstas proponen.
Los colectivos antimilitaristas recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 habilitaron 15.581 millones de euros para fines «estrictamente militares» (45,18 millones de euros diarios), de los que sólo un tercio viene recogido en las cuentas del Ministerio de Defensa y, el resto, se halla «escondida» en 11 de los otros 12 ministerios. Pero si se incluyen los capítulos destinados a cuerpos policiales y tareas de «control social», advierten, la cifra se eleva a 23.605 millones de euros.
Critican las organizaciones sociales que el gasto realmente ejecutado es siempre superior al presupuestado. Teniendo en cuenta las cifras de años anteriores, añaden, los gastos en defensa y «control social» podría alcanzar efectivamente los 34.000 millones de euros (el 9,8% de los presupuestos del estado). Mientras, los recortes en sanidad, educación, pensiones y desempleo en 2013 se acercaron a los 40.000 millones de euros.
Los programas de investigación son «armamentísticos», «intervencionistas» y «ofensivos», denuncia el movimiento antimilitarista. El avión de combate Eurofighter, las fragatas F-100, el submarino S-80, el helicóptero de ataque Tigre, el tanque Leopard, el avión de transporte militar A400M y los misiles Taurus e Iris-T, entre otros, han recibido 15.559 millones de euros en créditos desde el año 1997. La parte devuelta por las empresas que los han recibido no llega al 1,1% de esta cantidad. La deuda pública acumulada por estos «Programas Especiales de Armamento» supera ya los 40.000 millones de euros, que deben pagarse hasta 2030.
Por último, denuncia Alternativa Antimilitarista-MOC, el gobierno ha destinado 770 millones de euros en el año 2013 para llevar a término o mantener las operaciones militares en el exterior, sobre todo en Afganistán (la cantidad presupuestada inicialmente era de 14,36 millones de euros). El estado español es el sexto exportador de armas del mundo, según Amnistía Internacional.
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