PP y Vox tumban la propuesta de Más Madrid, planteada también por el ministro Pablo Bustinduy, que pedía retirar la vía dedicada al “ideólogo” de la Gran Redada del 30 de julio de 1749: el Marqués de la Ensenada. El Ayuntamiento propone en cambio dedicar una calle al pueblo gitano.
El Tribunal Supremo es, pese a las polémicas que le rodean al tratar asuntos políticos de alto voltaje, uno de los máximos garantes de la Justicia española (no en vano Justicia es el nombre administrativo del barrio donde se encuentra). Por ello es todavía más chocante si cabe que se ubique, ocupando el número 1, en la calle del Marqués de la Ensenada. Este noble, secretario de Hacienda con Felipe V y Fernando VI, fue el protagonista de uno de los episodios más oscuros de la modernidad española: la Gran Redada de 1749 contra el pueblo gitano. Un pueblo que ahora tendrá una calle en su honor en Madrid, pero que siente como este honor no se respeta manteniendo el homenaje a quien lideró una cruzada contra sus antepasados.
Aquel 30 de julio de hace 275 años, el Marqués de la Ensenada (cuyo nombre era Zenón de Somodevilla y Bengoechea) lideró un intento de exterminio conocido también como la Prisión General de Gitanos, un evento que distintos historiadores no dudan en calificar como “exterminio” o “genocidio”. Rafael Buhigas, doctor en historia contemporánea e investigador del United States Holocaust Memorial Museum de Washington, explica que se trató de un “exterminio” fruto de “un discurso eugenésico que atribuye cualidades negativas al pueblo gitano por el mero hecho de serlo”.
“Parece una palabra grande, pero es operativa. Ya no se pretende disuadirles o mermarles mandándoles a las colonias o separando a hombres y mujeres, aunque esta maniobra se siguió ejecutando. De hecho se intensificó con intervenciones para evitar la progenie a través de la posible esterilización de mujeres gitanas, un aspecto a investigar. Lo que está claro es que se buscaba su desaparición”, expone Buhigas en conversación con Somos Madrid.
En 1721, Felipe V había creado la Junta de Gitanos, que llegó a la conclusión de que no se podían eliminar las costumbres propias del pueblo gitano ni someterlos a los mandatos de la iglesia católica, por lo que se imponía expulsarlos de España. Para ello, se negoció con el papado la retirada del asilo eclesiástico al que solían someterse los gitanos y se planificó una prisión general. Se preparaba así una expulsión masiva que luego se pensó imposible a la vista de la que se había intentado ya en el vecino Portugal y fue girando hacia un plan para recluir separadamente a los hombres y a las mujeres, evitando así que tuvieran hijos. Se estima que se detuvo a unas 9000 personas, sobre todo en Andalucía, pero también en Madrid o Catalunya.
Fue un plan meticulosamente preparado. Ensenada fue para Buhigas “el ideólogo, aunque casi con toda probabilidad contó con el beneplácito de Fernando VI”. El noble envió las instrucciones pertinentes a los destacamentos que deberían llevar a cabo las detenciones en función de listados de vecinos, estableciendo pagas especiales para los soldados. Ensenada distribuyó a los presos en diferentes destinos, mandando a los varones mayores de siete años a trabajar a los arsenales, y las mujeres y niños a fábricas.
El 30 de julio comenzó la operación a medianoche, sacando a los gitanos de sus casas y separando a los hombres y a las mujeres. Aunque se sabe que no hubo una resistencia generalizada a las detenciones, posteriormente se registraron numerosas huidas y huelgas de brazos caídos en los arsenales donde fueron enviados a trabajar una parte de ellos. Detrás del proyecto, que se extendió por todo el territorio nacional, “estaban la mayoría de gobernadores civiles y de la sociedad no gitana”. Buhigas desliza así que “no hay registros de heroicidad y resistencia entre la población no gitana, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo durante el Holocausto”.
Los perpetradores se parapetaron en acabar con el vagabundeo, “en realidad el desarrollo de oficios como la trashumancia que hoy vemos honrados”, apostilla el historiador. Sobre todo en los caminos, donde no existía un cuerpo de vigilancia un siglo antes de la creación de la Guardia Civil. Lo paradójico, apunta, es que la represión fue especialmente efectiva y severa con quienes contaban con mayor integración y regularización: “Reprimieron a quienes sí tenían controlados, a las personas empadronadas”.
Los efectos fueron devastadores: “Las cifras hablan de 10.000 asesinados, pero el número va más allá porque no se han consultado todos los archivos locales”, dice Buhigas. Además, se produjo “una complicación de la vida cotidiana que dificultó su encaja social en ese momento y posteriormente. Recuerda que respecto a los arreones represivos del siglo XV ya se habían solventado en gran parte los problemas de esta población y cada vez más gitanos contaban con oficio y domicilio conocido por las autoridades: ”Habían abandonado mayoritariamente la itinerancia“. A todo ello se sumó una ”pérdida simbólica de memorias y costumbres“.
Miles de personas sufrieron más de quince años de reclusión hasta que se produjo el indulto de 1763, durante el reinado de Carlos III. “Acaba, pero durante años se siguió juzgando a los gitanos bajo esos criterios creados en la Gran Redada”, recalca el investigador sobre las bases legales impulsadas por el Marqués de la Ensenada.
Es por ello que entidades como el Instituto de Cultura Gitana, la Asociación Memoria Genocidio Gitano o la Unión Romaní Madrid exigen la eliminación de la vía que rinde tributo a este líder político del XVIII. Una medida que el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida rechazó en el pleno municipal del pasado 23 de julio.
El Ayuntamiento rechaza la propuesta de Más Madrid y el Gobierno central
Y que ha llegado al Gobierno central: el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha exigido a Almeida cambiar el nombre de la calle Marqués de la Ensenada por “ser el responsable de un plan para exterminar a la población gitana”. Lo hizo ese mismo martes 23 en la sede del Ministerio, que acogió la conmemoración del Samudaripen, un memorial con el que se rinde homenaje a las más de medio millón de personas de etnia gitana que fueron perseguidas, confinadas y asesinadas durante el Holocausto de la II Guerra Mundial.
Los votos del PP y Vox en el pleno municipal tumbaron, sin embargo, la pretensión de Más Madrid de cambiar la calle del Marqués de la Ensenada por calle del Pueblo Gitano.Y eso que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, se definió a sí mismo como “gitano de condición”, honor que le han concedido los gitanos mayores del Rastro. El edil propuso al Estado, en el propio pleno del 23 de julio, que destine el edificio de Tabacalera a acoger un museo de la historia del pueblo gitano, además de anunciar que el equipo de Almeida incluirá en el callejero una calle en homenaje a esta población.
“Fenomenal lo del museo pero qué tiene que ver con el nombre de la calle”, planteó la concejala Pilar Sánchez, perteneciente a la formación que en la ciudad lidera Rita Mestre. La iniciativa ha sido respaldada por el PSOE. “Ciudades como Lleida o como Cádiz ya han eliminado de sus calles al Marqués de la Ensenada a este personaje siniestro que encarna el odio, la discriminación y el racismo al pueblo gitano. Con el cambio de denominación no se trata de borrar ningún elemento histórico sino de reivindicar el derecho a ser, a ser con dignidad, a ser en libertad y a ser en igualdad”, expuso Sánchez.
Segura, con corbata “azul del cielo, verde de la tierra y el corazón rojo de la roca y de la rueda”, los colores y símbolos de la bandera del pueblo gitano, explicó que se ha reunido con ellos para escucharles “mientras compartía un puchero” y les ha trasladado que el Gobierno municipal les ha “puesto en valor”. Citó los primeros premios del pueblo gitano, con los que el Consistorio “reconoció el aporte histórico del pueblo gitano y los agravios que habían sufrido”.
“El PP y este Gobierno condenan aquella Gran Redada, la condenan hoy, la condenan mañana. Pero condenamos también tanto los asesinatos y verdugos que hay ahora y que había hace 50 años”, argumentó Segura. La concejala socialista María Caso recalcó que no se puede borrar ni reescribir la historia, ni tampoco juzgarla con los ojos del presente, pero eso no significa que la postura sea no actuar: “Sí podemos hacer dos cosas. Podemos elegir a quién le damos el altavoz para contarla, a las víctimas o a los verdugos. Y podemos decidir cómo construimos el presente, en base a qué valores y con qué referentes”.
Respecto a esta polémica por la presencia del Marqués de la Ensenada en el callejero urbano, Buhigas aboga por una “aplicación real de la Ley de Memoria Democrática”: “Si creamos una comisión de reconciliación con el pueblo gitano, es una mínima puerta que abrir desde el punto de vista simbólico”. El historiador apuesta por “generar debate” y subraya que “este no tiene que ser el techo de cristal a romper” para el reconocimiento del pueblo gitano: “Hay que aspirar a mucho más”.
En la calle del Marqués de la Ensenada, además del Tribunal Supremo, se encuentra también la sede del Consejo General del Poder Judicial. El pueblo gitano solo pide que se haga memoria, que es hacer justicia, en una zona donde a priori esta campa a sus anchas.