Gómez negocia contrarreloj la reforma de las pensiones El compromiso del Ejecutivo con los socios europeos y con los mercados de actuar y de hacerlo con rapidez es firme. El presidente Zapatero ha dado de plazo al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, hasta el 28 de enero para que logre un acuerdo de reforma del […]
Gómez negocia contrarreloj la reforma de las pensiones
El compromiso del Ejecutivo con los socios europeos y con los mercados de actuar y de hacerlo con rapidez es firme. El presidente Zapatero ha dado de plazo al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, hasta el 28 de enero para que logre un acuerdo de reforma del sistema de pensiones.
Ante Gómez, el reloj, negociaciones en diciembre con los distintos grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, negociaciones con empresarios y sindicatos en enero y tres medidas claras cuyo objetivo, según el ministro, es seguir teniendo un sistema público de pensiones sólido y saneado dentro de 15 o 20 años.
En una entrevista con Valeriano Gómez, que publica hoy El País, el titular de Trabajo e Inmigración asegura que en 2050 habrá prácticamente 17 millones de pensiones, frente a los menos de 9 actuales, lo cual haría inviable el sistema de cobertura a no ser que se acometan reformas.
Esas reformas se concretarían principalmente en tres: «Aumentar el periodo de cómputo de la pensión, ahora en 15 años; dificultar las jubilaciones parciales y desplazar la edad legal de jubilación«, según Gómez.
El desplazamiento del que habla el ministro supone que el Ejecutivo está pensando en fijar en 67 años, en lugar de en los 65 actuales, la edad legal de jubilación, aunque admite que «los detalles están abiertos» al diálogo y que buscan «consenso con los grupos parlamentarios». Al mismo tiempo asegura que la medida contemplaría excepciones y que la flexibilidad de la misma sería necesaria.
Para Valeriano Gómez, el aumento de la esperanza de vida, el no excesivo aumento de la tasa de natalidad y el hecho de que la inmigración no sería realmente la solución que sostuviera las pensiones, hace preciso que se actúe ya mismo.
El actual sistema «solo se podría sostener con un aumento muy significativo de la población, perspectiva que no aparece en ninguna de las previsiones».
El retiro a los 65 se jubila pronto
La jubilación a los 65 años va camino de convertirse en un anacronismo. Tras varios meses de titubeos, el Gobierno renuncia por primera vez a los eufemismos en el debate sobre la reforma de las pensiones, la más importante de las tareas pendientes. La referencia a los 67 años como edad de retiro había permanecido en la agenda oculta del Ejecutivo prácticamente desde que la formuló, hace ya casi un año. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha renunciado a ese giro radical en el sistema público, aunque tanto él como sus ministros han sorteado la mención expresa para evitar la confrontación política y social. Pero los tabúes sobre la edad legal han acabado.
Los asuntos más controvertidos se abordarán la próxima semana
La reforma llegará un año después de que el Ejecutivo abriera el debate
El Ministerio de Trabajo perfila ya un modelo de reforma basado en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El único margen que contempla este departamento -y con el que espera atraerse a una parte significativa del Parlamento- consiste en flexibilizar esa obligación de alargar la vida activa en determinados casos. Aunque no está cerrado, las alternativas más plausibles consisten en eximir a algunos colectivos con trabajo especialmente penoso y a los trabajadores con carreras de cotización más largas.
La principal incógnita reside en el grado de flexibilidad que el Ministerio de Economía está dispuesto a admitir. Porque Trabajo se ha mostrado siempre partidario de buscar alternativas eficaces a ese retraso generalizado, pero fue la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, la que comprometió ante Bruselas y el resto de agentes inquietos con el futuro de España un enunciado tan claro y contundente como prolongar a los 67 años la permanencia en el mercado de trabajo. Y cualquier alternativa a esa idea resultará menos vistosa. Países como Alemania, Reino Unido y Dinamarca ya han prolongado la edad legal de jubilación.
«La clave es que el Gobierno pueda contarlo en Bruselas y hacerlo ver», reflexiona Carles Campuzano, portavoz de CiU en el Pacto de Toledo. Junto con el PNV, esta formación es clave en el acuerdo parlamentario que el Ejecutivo aún no ha perdido la esperanza de lograr. Oficialmente, el Gobierno trabaja con la hipótesis del pacto, pero la posibilidad de un fracaso cobra cada vez más fuerza. Si nada lo remedia, el nuevo marco para las pensiones repetirá el esquema de la reforma laboral, en que los plazos para acordarla se dilataron hasta el extremo sin resultado alguno. Consciente de que los mercados están ávidos de señales reformistas, el Ejecutivo ha acortado dos veces la fecha límite en las últimas semanas, en un intento por salir airoso del retraso que consintió respecto a la fecha inicialmente prevista: diciembre de 2010.
La fecha del 28 de enero no es casual. Ese día se cumplirá un año desde el momento en que trascendió públicamente que Zapatero pretendía elevar a 67 años la vida activa de los españoles. Un plazo más que suficiente para haber alcanzado un acuerdo -o constatado el desacuerdo- en el Parlamento. Pese a todo, algunos grupos políticos se muestran molestos ante el ultimátum que acaban de recibir. «Es la primera vez que nos ponen condiciones y plazo. Nunca se nos había exigido. Se sienta un mal precedente», advierte Tomás Burgos, portavoz del Partido Popular en la comisión del Pacto de Toledo, que desde 1995 sienta las bases para las reformas de pensiones.
La reflexión de Burgos obvia es que también por primera vez España está bajo escrutinio internacional y que los inversores le exigen insistentemente que acometa reformas para inspirar confianza. La de pensiones encabeza la lista, a pesar de que, tras más de dos años de crisis, la Seguridad Social conserva un discreto superávit. El Parlamento no ha interiorizado la excepcionalidad de la situación y, casi un año después de recibir la propuesta oficial, el Pacto de Toledo no ha analizado los asuntos más espinosos: edad de jubilación, periodo cotizado para calcular la pensión y para acceder a ella, prestaciones de viudedad… Con suerte, la próxima semana comenzará el debate crucial.
«Ya que el Gobierno ha alterado el calendario, propuse [en la reunión de esta semana] que entráramos directamente a debatir la edad de jubilación. Pero no hubo acuerdo», explica Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, que se pregunta si el Gobierno está «guardando las formas o configurando el Pacto de Toledo como un paripé, un trámite necesario» para luego ignorarlo en el proyecto de ley que prepara.
Esa hipótesis amenaza la supervivencia misma del Pacto de Toledo, una herramienta que durante 15 años ha logrado sacar las pensiones de la contienda electoral y dotar de estabilidad al sistema. El portavoz del PNV en esta comisión, Emilio Olabarría, considera que si no hay acuerdo o el proyecto final -«que el Ejecutivo ya tiene»- se aleja mucho de las recomendaciones parlamentarias, este foro carecería de sentido. «El Pacto de Toledo estaría amortizado», zanja. Pese al aviso, Olabarría muestra una de las posiciones más abiertas a la negociación. «Estamos dispuestos a hablar de todo», asegura.
Sin haber entrado en materia, el Pacto de Toledo trabaja con el horizonte de haber esbozado un texto antes de Navidad. «Si no, estaría incumpliendo el mandato del Gobierno», advierten fuentes del Ejecutivo. La mayor responsabilidad de ese mandato recae en el grupo socialista, que exhibe un sorprendente optimismo: «Va a haber un buen acuerdo, probablemente en la semana del 24 de diciembre», vaticina Isabel López i Chamosa, portavoz del PSOE en la comisión.
Pero la llave a la que este grupo confía el consenso está lejos de ser asumida por todos. Tanto el Gobierno como los diputados socialistas esperan del Parlamento un texto generalista capaz de acoger cualquier reforma que plantee Zapatero. Es lo que Llamazares denomina la fórmula Romanones: haga usted la ley y déjeme a mí los reglamentos. Además de este diputado, también el PP se opone firmemente a la ambigüedad. Con esas condiciones, será difícil lograr la cuadratura del círculo: un texto que aluda a la edad legal de jubilación sin recomendar explícitamente aumentarla.
Si compleja resulta la negociación parlamentaria, la sindical se da prácticamente por perdida. Con la aceleración de plazos, el Gobierno apenas ha dejado días hábiles para discutir el proyecto con Comisiones Obreras y UGT, consciente de que hay poco margen de diálogo. Los sindicatos probablemente plantearán una segunda oleada de movilizaciones, pues el rechazo que les provoca el retraso en la edad de jubilación es tan enérgico como el que ha suscitado la reforma laboral.
Elementos clave para el acuerdo del Pacto de Toledo
– Jubilación a los 67 años. Es el punto más concreto de la propuesta que el Gobierno envió a comienzos de año al Parlamento. La medida levanta el rechazo de los sindicatos y de algunos grupos políticos (principalmente, Partido Popular e Izquierda Unida). El Ejecutivo está dispuesto a sacarla adelante con matices. Para ello confía en que la redacción de las recomendaciones del Pacto de Toledo sea poco concreta y le deje margen para aprobar su proyecto sin contradecir a la comisión parlamentaria.
– Periodo de cómputo. Es uno de los aspectos que más consenso concitan. Ahora se toman los últimos 15 años de vida laboral para calcular la cuantía de la futura pensión. El Gobierno ha hablado de alargar este periodo a 20 o 25 años. La medida supone un recorte de la pensión para la gran mayoría de trabajadores.
– Pensión completa. A la hora de jubilarse, para cobrar la totalidad de la pensión es necesario haber cotizado al menos 35 años. Una de las posibilidades que provocaría un retraso real de la edad real de retiro es aumentar el número de años. El Gobierno parece descartar, al menos de momento, elevar ese umbral.
– Mínimo cotizado. Para tener derecho a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos durante 15 años. Ampliar ese periodo constituye uno de los puntos que parece contar con mayor apoyo parlamentario, aunque dependerá de las condiciones exigidas.
– Pensión de viudedad. El Pacto de Toledo ya abogó en 2003 por reformular esta figura para las generaciones futuras. Por ahora, la opción más probable apunta a un mayor equilibrio entre pensiones de viudedad y de orfandad, aún muy bajas.
– Mutuas laborales. La intención del Gobierno de modificar el régimen de las mutuas de accidentes laborales separa al Gobierno de los demás grupos, sobre todo del PP, PNV y CiU.
– Congelación de las prestaciones. La decisión del Gobierno de congelar las pensiones en 2011 ha envenenado el debate parlamentario. El ministro admitió la semana pasada ante los diputados que esta decisión violaba la literalidad del Pacto de Toledo.