El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. También refuta derogar la Ley de Amnistía y considera que una «Comisión de la Verdad» no sería adecuada para el sistema constitucional. Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados […]
El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. También refuta derogar la Ley de Amnistía y considera que una «Comisión de la Verdad» no sería adecuada para el sistema constitucional.
Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterrados cerca de 114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español.
Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos «difícilmente podrían encajarse en la figura de ‘genocidio’ que exige ‘la eliminación, de forma total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso».
Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los motivos por los que el Gobierno denegó la extradición a Argentina de los 17 responsables de la dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del país sudamericano en aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministros Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
El Ejecutivo alega también que la Audiencia negó la calificación de dichos delitos como de «lesa humanidad» cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores
De esta manera, el Ejecutivo alega también que la Audiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos como de «lesa humanidad» cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra ‘Billy el niño’, por considerar que los delitos no formaban parte de un «ataque sistemático y organizado a un grupo de población».
«De probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que no cabe soslayar», señala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso este diario.
Imposibles de juzgar
La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en España, ni en ningún lugar del mundo.
En primer lugar, porque «el ordenamiento jurídico español establece que corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español». «Se trata del principio de jurisdicción preferente«, acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el llamado «principio de jurisdicción universal».
La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar.
En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, «instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles». Y en tercer lugar porque, aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias «del principio de legalidad» no permitirían que fueran juzgadas de manera retroactiva «sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Admnistía».
Asimismo, el Gobierno insiste en que en este hipotético caso ya mencionado, los delitos de la dictadura estarían prescritos y señala que también habría que tener en cuenta la concurrencia de otras circunstancias como «la extinción de la acción por fallecimiento».
La ONU, en contra
Los argumentos del Gobierno, por tanto, se basan en los principios de prescripción y de extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido reiteradamente al Gobierno que estos argumentos «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos».
«El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos», señalaron, al insistir en que «la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad», señalaron cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura argentina.
No a la Comisión de la Verdad
El Gobierno también rechaza de plano en el escrito la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad, que investigue lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura y establezca una relato riguroso de los hechos. En este sentido, el Ejecutivo considera que «crear comisiones o grupos de averiguación que tiendan a investigar conductas delictivas», no resultarían «en modo alguno adecuadas a nuestro sistema constitucional». Sobre todo, cuando los hechos a investigar por la Comisión de la Verdad se hallarían bajo «el ámbito de la aplicación de la Ley de Amnistía».