Las cifras en crudo revelan que las exportación de armamento español en 2014 asciende a 3.203 millones de euros, un 925% más que hace una década, según el informe «Exportaciones españolas de armamento 2005-2014» publicado recientemente por el Centre Delàs d’Estudis per a la Pau. A pesar de que la venta de armas al exterior […]
Las cifras en crudo revelan que las exportación de armamento español en 2014 asciende a 3.203 millones de euros, un 925% más que hace una década, según el informe «Exportaciones españolas de armamento 2005-2014» publicado recientemente por el Centre Delàs d’Estudis per a la Pau. A pesar de que la venta de armas al exterior por parte del estado español sea un 18% menor que en 2013, la tendencia a medio y largo plazo es netamente alcista. Uno de los estudios de referencia, el del Instituto de Investigaciones para la Paz SIPRI radicado en Estocolmo, sitúa a España como sexto exportador mundial en 2014, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania.
No es casualidad que las exportaciones de armas por el estado español representen el 4% el total mundial, ni que en una década el incremento experimentado en este capítulo sea de vértigo (más del 900%). El Centre Delás constata, en el informe número 27 elaborado por Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro, «una política gubernamental de fomento de las exportaciones» dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015, elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se califica al sector militar como «estratégico para la economía». El informe del Centre Delàs llama la atención sobre la creación de un «Grupo de Trabajo Interministerial para la internacionalización del sector de la Defensa», que se reúne con la presencia de las dos asociaciones empresariales del sector, Tedae (Asociación Española de Tecnologías de Defensa) y Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas). Ello supone un «cauce institucional y privilegiado» para que la industria bélica española pueda «llevar a cabo actividades de lobby».
Entre las medidas prioritarias señaladas en el Plan Estratégico se señala el «impulso a la internacionalización de la industria española de Defensa mediante los acuerdos gobierno a gobierno», en el que el ministerio dirigido por Pedro Morenés desempeña un rol capital. De hecho, la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa es el instrumento al que compete centralizar el apoyo institucional a la industria militar. Además de los mencionados contratos intergubernamentales, el ejecutivo español considera otras fórmulas, como los Memorandos de Entendimiento, la elaboración de un Catálogo de material excedentario y la posibilidad de lograr contratos de transferencia de armamento dentro de la OTAN, informa el Centre Delàs d’Estudis per a la Pau. El gobierno también atribuye al Ministerio del Interior un papel relevante respecto a la industria de seguridad, por ejemplo, se apunta la «contribución a la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa y la utilización de la red de embajadas, con un total de 81 Consejeros y Agregados de Interior, acreditados en 119 países».
Según el economista, investigador y activista por la paz, Jordi Calvo, «el estado español mantiene una estrategia que busca un rol militar importante en el mundo». Además de las cifras exportadoras, hace dos décadas que España empezó a participar en las operaciones exteriores de la comunidad internacional, a las que ha contribuido ya en una veintena de países. Sin embargo, estas pretensiones no siempre van acompañadas del principio de transparencia. Las ventas al exterior, subraya el informe del Centre Delás, destacan por «un importante grado de secretismo y opacidad». De hecho, «las estadísticas oficiales siguen sin aportar información sobre los contratos gobierno a gobierno de 2014», a pesar de la relevancia que está cobrando esta fórmula. Otro elemento clave para el análisis son las «puertas giratorias»: los dos principales responsables del departamento de Defensa, el ministro Pedro Morenés y el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, proceden de la industria militar.
Un 16% de las exportaciones españolas de armas en 2014, por valor de 511 millones de euros, tuvieron como destino países de Oriente Medio, principalmente Arabia Saudí (293 millones de euros), país al que España vendió un avión de reabastecimiento y municiones; también destacan las ventas a Egipto (108 millones de euros), principalmente cuatro aviones de transporte y componentes; Omán (65 millones de euros), con un avión de transporte y componentes o Bahréin (40 millones de euros), país al que España exportó munición antiaérea. Sobre estas operaciones planean muchas sombras. Por un lado, la de su ilegalidad, de acuerdo con la legislación española y europea sobre comercio de armas, ya que las ventas de armamento se realizan a una región «inestable» y a países que, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, apoyan a bandos en conflicto por ejemplo en la guerra de Siria. Además, aparece de manera recurrente la idea de la guerra como negocio.
La última gira de Juan Carlos I de Borbón como jefe de estado, entre abril y junio de 2014, se produjo a Emiratos Árabes Unidos, Kuwati, Omán, Bahréin y Arabia Saudí, países que visitó acompañado de directivos de grandes empresas españolas y varios ministros, entre ellos Pedro Morenés. Precisamente fue Morenés el primer titular de Defensa español en visitar Israel (diciembre de 2014), país que lidera las venta de armas cortas y municiones del estado español a Oriente Medio. Un ejemplo significativo de los intereses creados son los 250 tanques Leopard que, ya en 2011, España pretendía vender a Arabia Saudí. La operación, que contaba con la labor mediadora -según informaciones periodísticas- de Juan Carlos de Borbón y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, alcanzaba los 3.000 millones de euros de volumen de negocio, y significaba el mayor contrato militar de la historia de España.
Por otro lado, el informe del Centre Delás destaca la presunta trama de corrupción relacionada con el comercio de armamento en la empresa DEFEX SA, cuya titularidad corresponde al estado en un 51% y a la que el centro de investigación define como «una de las piezas de la política gubernamental para el fomento de la exportación de armas». La Audiencia Nacional ha imputado a varios directivos de la entidad, e investiga los posibles delitos cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros. El origen de la trama se sitúan en un contrato de venta de material policial a Angola en 2008 por valor de 152 millones de euros, pero el contingente enviado fue mucho menor. Supuestamente autoridades angoleñas y directivos de DEFEX se repartieron una parte del dinero de la operación a través de una red de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Desde 2003-2004 la trama podría haber actuado también en países de África y Oriente Medio (las investigaciones se centran en una decena de contratos en Arabia Saudí y Camerún), según informó en mayo de 2015 la Cadena Ser. «Probablemente la trama de corrupción de DEFEX no sea un hecho aislado dentro del comercio de armamento español; la política de fomento de exportaciones del gobierno y la opacidad y el secretismo dificultan los controles efectivos», concluye el Centre Delás.
Por otro lado, el informe del Centre Delàs d’Estudis per a la Pau recuerda que el 57% de las exportaciones españolas de armas han tenido como destino países de la Unión Europea (1.831 millones de euros), principalmente a Reino Unido (862,69 millones de euros), Francia (520,67 millones de euros), Alemania (272,45 millones de euros), Italia (96,13 millones de euros) y Grecia (47,44 millones de euros). Estas ventas corresponden principalmente a partes y piezas de los proyectos de fabricación de armas conjuntas como el avión A400M, el EF-2000 o los diversos misiles. El informe también revela detalles como que Marruecos fue en 2014 el tercer mayor comprador de municiones españolas (89,7 millones de euros), por detrás de Arabia Saudí (30,1 millones de euros) y Bahréin (13,2 millones de euros). Además, el gobierno español autorizó en 2014 exportaciones de material de defensa a países embargados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea, por ejemplo Iraq y Siria. En los dos casos, «resulta evidente que el criterio geopolítico en la autorización a las exportaciones se antepone al cumplimiento de la legalidad nacional e internacional», concluye el Centre Delàs.
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