La isla avanza en un paquete de 176 reformas en medio de las agresiones de EUA
Cuba atraviesa una de las transformaciones más profundas desde el triunfo de la Revolución y la declaración del carácter socialista de la isla. Se trata de un proceso impulsado a partir de un paquete de 176 reformas que modifica todo el andamiaje económico y social del país, y que tiene por objetivo liberalizar el capital privado y descentralizar la economía.
En medio de un intenso debate nacional, funcionarios del Gobierno cubano expusieron este miércoles (8) el alcance de las medidas referidas al modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados durante una comparecencia en la televisión nacional.
Los funcionarios señalaron que las reformas tienen por objetivo “impulsar, dinamizar y hacer crecer” el tejido empresarial. Se trata de una apuesta que busca que el tejido empresarial sea “más diverso”, con el fin de generar la riqueza que necesita el país.
Una reforma en medio de la crisis
Los cambios se producen en un contexto especialmente complejo. La isla atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, con una caída acumulada del 15 % del PIB en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, la escalada de hostilidades que Estados Unidos viene aplicando desde fines de enero, la más intensa en décadas, tiene por objetivo asfixiar todo intento de recuperación económica, una agresión que constituye una verdadera guerra económica.
Según reconoció la directora del sistema empresarial del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Yovana Vega Mato, las circunstancias que enfrentan los actores económicos, tanto estatales como privados, han afectado profundamente la capacidad de gestión y de reacción del sistema empresarial en su conjunto.
“Todo este grupo de medidas coercitivas tan profundas, tan quirúrgicas, que se han venido adoptando en el último período, pues laceran profundamente también la capacidad de gestión y de reacción que tiene el sistema empresarial en su conjunto en el país”, afirmó. Al mismo tiempo, calificó como “retos bien grandes” la capacidad de implementar las transformaciones en medio de las dificultades que atraviesa el país.
La persistente crisis cambiaria, debido a la ausencia de un mercado fluido de divisas, así como las regulaciones asociadas al control del efectivo y los topes de extracción bancaria, son factores que limitan la liquidez y la operatividad diaria de los nuevos actores económicos y constituyen tan solo algunos de los desafíos estructurales que condicionan la viabilidad de las reformas.
Según destacó Vega Mato, las nuevas disposiciones están pensadas para generar una “alta interrelación” entre los actores estatales y privados. Para ello, la reforma amplía las facultades operativas de las empresas estatales, a la vez que elimina regulaciones para las empresas privadas.
Nuevas reglas para el sector estatal y privado
Hasta ahora, la actividad de los actores económicos, ya fueran estatales, privados o cooperativos, se encontraba bajo la órbita del MEP. Esta hipercentralización introducía procesos burocráticos que restaban dinamismo a las empresas, principalmente a las estatales, que operaban en la órbita de distintos ministerios sin la capacidad real de asumir decisiones empresariales, como la elección de proveedores o clientes.
La reforma crea dos nuevas instituciones para su regulación: el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y el Instituto de Actores Económicos No Estatales. Las empresas estatales dejarán de estar sujetas a las decisiones administrativas de los ministerios y ya no dependerán de un plan centralizado que determine cómo y dónde deben operar. Asimismo, la creación de empresas privadas no dependerá de la aprobación del MEP.
De acuerdo con la información del MEP, el entramado productivo de la isla está integrado por 23.172 entidades empresariales, de las cuales 2.803 son empresas estatales, 15.200 son mipymes privadas aprobadas desde la apertura del sector en septiembre de 2021, 4.966 son cooperativas —en su inmensa mayoría del sector agropecuario—, además de 131 empresas mixtas y 72 empresas de capital extranjero.
Según explicó Vega Mato, las flexibilizaciones introducidas buscan que “todos los actores se gestionen en similares condiciones en la economía”.
Por su parte, el presidente del INAEE, Roberto Ricardo Marrero, explicó que las empresas estatales podrán crear mipymes estatales, definir su objeto social y aprobar precios, salarios e inversiones. El Estado eliminará los rescates financieros automáticos, por lo que las empresas estatales enfrentarán la posibilidad real de quiebra y liquidación. Además, las empresas estatales tendrán la facultad de crear empresas filiales.
Ricardo Marrero afirmó también que la recientemente aprobada Ley de Transparencia y la Ley de Comunicación Social, destinadas a regular la relación informativa entre las instituciones públicas y la ciudadanía en un contexto de tradicional opacidad en la gestión pública de la isla, desempeñarán un papel importante en este proceso.
“Aquí no nos podemos equivocar. Esto es algo importante; hay experiencia en el mundo que demuestra que, cuando olvidan este principio, pagan esa consecuencia”, señaló. En ese sentido, destacó que la fiscalización pública desempeña un papel fundamental dentro de este entramado de transformaciones empresariales, al sugerir un mecanismo de control ciudadano y social sobre el proceso de cambios en curso.
En el ámbito del sector privado, las reformas permitirán la creación de empresas de mayor escala, sin límite de tamaño —hasta ahora restringidas a una contratación máxima de 100 empleados—, mientras que se permitirá que las personas puedan tener más de una empresa.
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, señaló que muchas de estas organizaciones ya funcionan en la práctica como empresas debido a su volumen de producción, alcance, ingresos y resultados.
“Cuando usted ve su alcance, cuando se ve su nivel de actividad, cuando usted ve los niveles de ingresos, los resultados que vienen teniendo, usted se da cuenta de que prácticamente son empresas”, sostuvo.
También se abre la posibilidad de que inversionistas extranjeros participen directamente en negocios privados, sin la obligación de asociarse únicamente con el Estado, lo que permitirá la constitución de sociedades anónimas, una estructura que posibilita la compraventa de acciones en empresas privadas e introduce mecanismos de inversión y asociaciones financieras que no existían previamente en la legislación cubana.
No obstante, esta apertura mantendrá regulaciones específicas mediante las cuales las autoridades supervisarán qué sectores y proyectos son autorizados, priorizando aquellos orientados a la producción de alimentos, las energías renovables o la sustitución de importaciones.
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