Cuba anunció hoy que incrementará desde mayo próximo las pensiones a más de dos millones 154 mil personas beneficiadas con la seguridad y asistencia sociales a un costo anual de 809 millones 900 mil pesos. La decisión, publicada en la portada del diario Juventud Rebelde y bajo el título Información a la población, está fundamentada […]
Cuba anunció hoy que incrementará desde mayo próximo las pensiones a más de dos millones 154 mil personas beneficiadas con la seguridad y asistencia sociales a un costo anual de 809 millones 900 mil pesos.
La decisión, publicada en la portada del diario Juventud Rebelde y bajo el título Información a la población, está fundamentada en el principio de la Revolución de elevar «los ingresos de los trabajadores y pensionados, comenzando por aquellos más bajos».
El gobierno -dice- decidió el incremento de un 20 por ciento promedio en el pago de las jubilaciones en reconocimiento a millones de hombres que dedicaron gran parte de su vida al trabajo creador durante casi cinco décadas y se mantienen defendiendo el socialismo.
Aparejado a ello se elevará desde el mes próximo el salario a los casi 10 mil trabajadores del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, con un incremento medio de 211 pesos en general y de 425 para jueces y fiscales.
El costo anual de esta medida es de 27 millones de pesos y el salario medio crecerá en el sector judicial de 360 a 559 pesos, el 55 por ciento, añade la nota.
El incremento de las pensiones favorecerá al 99 por ciento de los cubanos implicados en esas prestaciones, para lo cual se anunció un mínimo de 200 pesos (antes era de 164), mientras los que recibían de 202 a 360 ahora tendrán 40 más.
De 361 hasta 399 pesos la pensión se incrementará a 400.
En tanto, los núcleos familiares atendidos por la asistencia social recibirán un incremento de 25 pesos cada uno, por lo que la pensión mínima de esa categoría crecerá de 122 a 147 pesos, un 20 por ciento. Estos incrementos benefician a 2 millones 154 mil 426 personas, y en su conjunto tienen un costo anual de 809 millones 900 mil pesos.
La nota aclara que el país no está en condiciones de aplicar incrementos salariares a todos sus trabajadores, aunque adelantó que los próximos se aplicarán por sectores y prioridades.
Tales decisiones, continuó, se tomarán luego de una rigurosa evaluación de las condiciones económicas y financieras como premisa para ejecutarlas.
Los incrementos de las pensiones de seguridad y asistencia sociales y de salario de los trabajadores de tribunales y fiscalía beneficiarán a dos millones 163 mil 496 personas, con un costo anual de 837 millones de pesos.
La nota asegura que todos los beneficiados con alzas salariares contribuirán un cinco por ciento a la seguridad social, como modo de engrosar los fondos de esa conquista de la Revolución a través de la participación de los trabajadores.
Actualmente solo los empleados en empresas en perfeccionamiento empresarial (políticas de búsqueda de eficiencia económica) y los de la flota pesquera de plataforma tenían esa contribución especial a la seguridad social.
Cuando la población alcanza una esperanza de vida superior a los 77 años y experimenta un proceso de envejecimiento, nos asisten razones para fortalecer aún más el sentido de pertenencia de esa conquista, señala el documento.
Los incrementos salariales y de las pensiones se realizarán de manera gradual y diferenciada, por sectores y prioridades, avanzando progresivamente, de acuerdo con las posibilidades económicas del país, agrega.
Será indispensable trabajar duramente con la convicción de que solo tendremos más con el aumento de la producción y la productividad, el ahorro y la mejoría de la eficiencia, subraya la información.
Los organismos internacionales reconocen que más de la mitad de la población en el mundo no tiene garantía de seguridad social. En Cuba ésta ha sido asumida por el Estado, a la cual dedica cuantiosos recursos, brinda cobertura a toda la población y protege a los trabajadores impedidos por su edad, invalidez, enfermedad o maternidad. En caso de muerte del trabajador se garantiza igual protección a su familia y, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.