En plena visita de Estado del rey Carlos III a Kenia, las autoridades locales han iniciado brutales expulsiones del Pueblo Indígena Ogiek de sus hogares en el bosque de Mau.
Guardaparques del Servicio Forestal de Kenia y del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, en colaboración con la policía keniana, están expulsando ilegalmente de sus hogares a hasta 700 ogiek en nombre de la conservación de la naturaleza. Las imágenes muestran las casas de los ogiek destruidas, algunas incluso reducidas a cenizas tras ser quemadas.
Según ha trascendido, los guardaparques están obligando a algunos ogiek a que derriben ellos mismos sus casas, para tratar de defender que las comunidades se marchan voluntariamente.
Daniel Kobei, portavoz ogiek y presidente del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek (OPDP, según sus siglas en inglés) ha declarado hoy: “Queremos decirle al rey Carlos que le diga al presidente de Kenia ‘respete la ley’. Se deben reconocer los derechos territoriales de los ogiek de Mau”. Añadió que los ogiek “viven en el miedo más absoluto” y «no tienen a dónde acudir”.
OPDP ha calificado las expulsiones como una “crisis humanitaria“. Los ancianos ogiek han intentado dialogar con los organismos gubernamentales para detener las expulsiones sin éxito. Algunos afirman que estas expulsiones están relacionadas con el mercado de créditos de carbono que el Gobierno de Kenia ha estado promoviendo durante la reciente Cumbre del Clima de África 2023.
A lo largo de los años las autoridades de Kenia han llevado a cabo numerosas expulsiones violentas y brutales de los ogiek, en las que destruyeron viviendas y propiedades e incluso asesinaron a uno de ellos cuando intentaba salvar sus pertenencias. Las tierras de los ogiek se entregaron a terceros y a compinches políticos que deforestaron gran parte del bosque para obtener suculentos beneficios económicos.
Como consecuencia, los ogiek acudieron a los tribunales para hacer valer sus derechos sobre su territorio y ganaron. Dos sentencias históricas de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, según sus siglas en inglés) ratificaron los derechos territoriales de los ogiek en el bosque de Mau. La sentencia de 2017 determinó que el Gobierno había violado los derechos territoriales de los ogiek y reconoció explícitamente el papel crucial de los ogiek en la conservación y protección del bosque de Mau.
En flagrante violación de la sentencia de la ACHPR, el Gobierno keniano siguió expulsando a las comunidades ogiek del bosque de Mau. Los ogiek volvieron a llevar su caso ante la Corte Africana. En 2022, el Tribunal dictó una sentencia de reparación en la que establecía lo que el Gobierno debía a los ogiek por no acatar la sentencia de 2017.
Los ogiek son un pueblo cazador-recolector que cuenta con entre 20.000 y 30.000 miembros. Llevan tiempos inmemoriales viviendo en las tierras altas de la región centro-occidental de Kenia. Algunos viven en lo más profundo de los bosques, a pesar de los intentos del Gobierno de restringir su caza. Otros se han sedentarizado más, y cultivan y crían ganado.
La administración colonial británica expulsó a muchas comunidades ogiek entre 1920 y 1940, sin consultarlas ni indemnizarlas, para crear parques de caza y reservas forestales. Desde que se declaró la independencia del país, varios gobiernos de Kenia han continuado con esta política, lo que ha obligado a muchos ogiek a convertirse en “refugiados de la conservación”.
Las expulsiones son habituales en el modelo colonial predominante de “conservación de fortaleza”, un modelo que se implementa para “proteger” el medioambiente y que considera a los indígenas una amenaza para la naturaleza, los expulsa de sus tierras y las militariza para impedir que regresen, a pesar de que son los mejores guardianes del mundo natural.
Survival condena las acciones ilegales del Gobierno de Kenia, las expulsiones y el acoso a los ogiek, así como la violación de las sentencias de la ACHPR. Exigimos a las autoridades que respeten el Estado de Derecho y reconozcan los derechos de propiedad territorial de los ogiek y que compensen a las comunidades que han sufrido repetidos ataques y la destrucción de sus propiedades.