La Generalitat se personó como acusación particular en la causa y su letrado pide una prisión superior a la solicitada por la Fiscalía. La mañana del 29 de marzo de 2012 numerosos piquetes informativos recorrían la ciudad de Barcelona en el marco de la jornada de huelga general. En las zonas industriales estas acciones las […]
La Generalitat se personó como acusación particular en la causa y su letrado pide una prisión superior a la solicitada por la Fiscalía.
La mañana del 29 de marzo de 2012 numerosos piquetes informativos recorrían la ciudad de Barcelona en el marco de la jornada de huelga general. En las zonas industriales estas acciones las lideraban los sindicatos, pero en los barrios barceloneses los comités de huelga estaban formados principalmente por activistas de los movimientos sociales. Uno de estos grupos, formado por más de 200 personas, recorrió las calles del Poblenou, cortando el tráfico viario y bajando las persianas de algunos establecimientos que se encontr aban abiertos al público. A la altura de la Rambla de Poblenou con la avenida Diagonal una dotación de antidisturbios cargó contra las manifestantes, alegando que estaban cortando la circulación con «peligro para los conductores». Carreras, porrazos, dos personas detenidas y una identificada. Al día siguiente, otro joven del barrio que circulaba a pie fue parado por una patrulla ordinaria de los Mossos y quedó detenido. Uno de los agentes escribió en la minuta de la detención que «sin lugar a dudas es la persona que lideraba el grupo que realizaba los actos violentos y en el momento que se realizó la acción policial huyó corriendo del lugar».
El juzgado de instrucción 18 de Barcelona -el mismo que instruyó el caso 4F- abrió diligencias contra estos cuatro huelguistas y la fiscalía solicitó para cada uno una pena de dos años de prisión. La Generalitat de Catalunya, sin embargo, se personó como acusación particular, reclamando una pena aún superior, de tres años de prisión y dieciocho meses de multa. Si repasamos el contenido de los atestados policiales, sin embargo, están llenos de contradicciones, ya que a pesar de que se hace una acusación genérica de un presunto delito de desórdenes públicos se reconoce que «no han visto cómo esta gente hacía estos daños» o «los agentes no han podido observar que iban haciendo, sólo podían ver que no tocaban mobiliario urbano «.
Otro de los aspectos controvertidos del juicio es la valoración de los daños supuestamente causados a los contenedores de basura. Un escrito de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona -que se incorporó a la causa en abril de 2012- cifra en 22 los contenedores dañados y lo valora en 9.131 euros. Sin embargo, en un informe adjunto al escrito se detalla que 20 de estos contenedores se repararon en el mismo lugar de los hechos, no habían sufrido daños de suficiente gravedad que obligara a trasladarlos a los almacenes municipales y sustituirlos. Tampoco en las minutas policiales se hace constar que ningún contenedor resultara incendiado. Por su parte, el abogado de la defensa pide la libre absolución de los cuatro encausados. El juicio se celebrará este lunes por la mañana en la Ciudad de la Justicia.
Jornada de solidaridad en Can Felipa
El viernes 2 de octubre se ha convocado en el centro cívico Can Felipa de Poblenou una jornada de solidaridad con los «4 de Poblenou», con una charla a cargo de Enric Pubill, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo; Montse Milán, ex trabajadora de la Maquinista detenida por la huelga de 1971; August Gil Matamala, abogado que ejerció ante el Tribunal de Orden Público durante la dictadura y Gabriela Sierra, activista antimilitarista y elegida recientemente diputada en el Parlamento de Cataluña por la CUP-CC. También con la intervención de miembros de Ni muts ni la gàbia i del Grup de suport del Clot. Podeu seguir l’actualitat del cas a través de l’etiqueta #29MPoblenou.
[Artículo publicado originalmente en La Directa y traducido por La Marea]