Greenpeace lamenta que el Gobierno español haya cedido a las presiones de la industria química y vaya a apoyar una legislación REACH que no proteje la salud pública y el medio ambiente de la contaminación química. El Ministerio de Industria ha hecho público estos días un documento de posicionamiento sobre la futura legislación sobre químicos […]
Greenpeace lamenta que el Gobierno español haya cedido a las presiones de la industria química y vaya a apoyar una legislación REACH que no proteje la salud pública y el medio ambiente de la contaminación química.
El Ministerio de Industria ha hecho público estos días un documento de posicionamiento sobre la futura legislación sobre químicos REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La reforma legal REACH es posiblemente uno de los textos legales de mayor envergadura e importancia de los últimos años en la Unión Europea. Aunque lleva años en discusión, este documento de quince páginas es el primero en el que el Gobierno español da su opinión.
Después de fracasar en su intento de controlar la presencia y dispersión generalizada de tóxicos peligrosos en nuestro entorno (incluso en los productos de consumo diario), la UE decidió desarrollar una legislación que protegiese a la ciudadanía y al medio ambiente de la crisis química que vivimos. Esta crisis está provocando serios problemas en el medio ambiente y en la salud, ya que estamos expuestos constantemente a estas sustancias y nuestros propios cuerpos están contaminados. Esto ha provocado un incremento de la incidencia de ciertas enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico y reproductor (cánceres, asma, alergias…).
En España, el liderazgo del Ministerio de Industria en el Grupo Interministerial sobre REACH está imposibilitando que el Gobierno apoye un reglamento de químicos respetuoso con la salud y el medio ambiente.
«Es una lástima que la postura del Gobierno español apueste por mantener el status quo en lugar de evolucionar hacia una industria química segura. El Gobierno, con estas propuestas, está poniendo los intereses de la industria química por delante de su responsabilidad de proteger la salud pública y el medio ambiente», afimó Sara del Río, responsable de la campaña de tóxicos de Greenpeace. «Esto es muy difícil de entender cuando REACH es probablemente la legislación europea para la que se han hecho más análisis de impacto económico y la propia Unión Europea considera esta legislación como un incentivo a la innovación», añadió.
El Gobierno español, en su texto de posicionamiento, propone:
Debilitar el principio de sustitución, que obligaría a sustituir las sustancias peligrosas (clasificadas como «extremadamente preocupantes») por alternativas más seguras siempre que fuera posible:
● Es confuso que el Gobierno español considere que , «como principio general, las sustancias más peligrosas deben ser sustituidas por otras alternativas que entrañen menos riesgos» y que no considere «que deba exigirse de forma sistemática la presentación de planes alternativos de sustitución». El interés que dice mostrar el Gobierno por la sustitución no puede ser real mientras no exija que se convierta en requisito legal cuando exista una alternativa disponible. Sólo si se hace como imperativo legal se evitará que la industria utilice sustancias cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción e incluso disruptores endocrinos.
Eximir a la industria de obligaciones legales convirtiéndolas en acuerdos voluntarios en casos tan importantes como:
● El Deber de Diligencia plantea que las empresas tienen responsabilidad sobre las sustancias que no se registren en REACH (las que tienen producciones inferiores a una tonelada). El Gobierno español propone que este deber no sea un imperativo legal.
● La propuesta OSOR («One Substance One Registration») simplifica el sistema de registro, mejora la información sobre estas sustancias y el acceso a ella y reduce en un 24% el coste de implementación de REACH. El Gobierno español propone que se creen exenciones a su cumplimiento obligatorio.
● El sistema de Garantía de Calidad obliga a que un organismo independiente revise los datos aportados por la industria sobre las sustancias químicas. El Gobierno español cree que esta certificación debe ser voluntaria y no obligatoria.
El Ministerio de Industria expondrá mañana la postura española en el Consejo de Competitividad de la UE.
Para más información:
Sara del Río al teléfono 91 444 14 00 ó al 626 99 82 43
Prensa: Marta Rodríguez al 91 444 14 00 ó al 660 47 12 67