El Gobierno Español ha dado respuesta escrita a la pregunta parlamentaria interpuesta por Laia Ortiz, del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, sobre la concesión de fondos de cooperación a Repsol-YPF. En la misma, la parlamentaria cuestionaba la necesidad de conceder fondos de cooperación a una empresa con beneficios mil millonarios, cuando la actividad de Repsol-YPF cuenta […]
El Gobierno Español ha dado respuesta escrita a la pregunta parlamentaria interpuesta por Laia Ortiz, del Grupo Parlamentario Izquierda Plural, sobre la concesión de fondos de cooperación a Repsol-YPF. En la misma, la parlamentaria cuestionaba la necesidad de conceder fondos de cooperación a una empresa con beneficios mil millonarios, cuando la actividad de Repsol-YPF cuenta además con denuncias de la sociedad civil española y ecuatoriana por daños medioambientales, sociales y vulneración de derechos humanos.
En su respuesta, el Gobierno Español se limita a negar conocimiento sobre la vulneración de los derechos humanos y medioambientales ejercida por Repsol-YPF en Ecuador. El Gobierno Español aparta la vista sobre los innumerables informes publicados sobre la actividad de la empresa en Ecuador. El Gobierno Español no responde sobre la Deuda Ecológica generada por Repsol-YPF en Ecuador, que podría obligar a la empresa en el futuro, como marca la sentencia ecuatoriana contra la empresa Chevron-Texaco, a reparar a la población indígena perjudicada por contaminación e impactos a la salud. Por otra parte, la respuesta del Gobierno Español incluye sorprendentemente, la disociación de los fines de la subvención con la actividad extractiva de la empresa, cuando la subvención busca mejorar la imagen de ésta ante las comunidades indígenas, generando una mayor dependencia hacia Repsol-YPF, estrategia fundamental para continuar la explotación petrolera en el área.
Con esta respuesta, el actual Gobierno Español, realiza un alegato en favor de Repsol-YPF y de las empresas como agentes de cooperación al desarrollo, ratifica la subvención de cooperación concedida, y traslada toda la responsabilidad de la actividad de la empresa en Ecuador al Gobierno Ecuatoriano. Así, el Estado español, continúa con una política en la que la defensa de los intereses de la empresa española están por encima de los derechos de las personas y del medio ambiente, una política muy distante del respeto a los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, ratificados por el Estado español.
Por último, remarcar que la actividad de Repsol-YPF en Ecuador carece de toda transparencia, al estar el territorio que la empresa explota, el Bloque 16, bajo soberanía de ésta, impidiéndose así realizar cualquier estudio independiente que pueda evaluar el impacto ambiental y social que su actividad petrolera tiene en Ecuador.
En este enlace tienen la propuesta parlamentaria y las preguntas realizadas por Izquierda Plural
