Comunicado del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción a raíz del incumplimiento de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, la cual obliga al ejecutivo español a disponer antes del fin de la legislatura de dos nuevos Proyectos de Ley que regulen «el Fondo de Ayuda al […]
Comunicado del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción a raíz del incumplimiento de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, la cual obliga al ejecutivo español a disponer antes del fin de la legislatura de dos nuevos Proyectos de Ley que regulen «el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los créditos CESCE para minimizar su impacto en la generación de deuda», obligación que el mismo Gobierno ha admitido que incumplirá.
El 19 de noviembre el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, admitió ante la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados que el gobierno no disponía aún de los proyectos de ley que permitan la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de crédito a la exportación de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Afirmó también que los intereses comerciales del Estado español en la concesión de estos créditos se habían reducido «a la mínima expresión».
Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción, expresamos nuestra más profunda preocupación ante esta situación y evidenciamos una vez más la falta de voluntad política que tiene el Gobierno para acabar con la Deuda Externa. Nos encontramos ante un total incumplimiento de la Ley 38/2006 del 7 de diciembre de 2006, Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa. Dicha Ley estableció en las Disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente, la obligatoriedad que tiene el Gobierno de presentar en la presente legislatura dos nuevos Proyectos de Ley que regulen tanto el FAD como CESCE. Recordamos que ambos instrumentos constituyen los dos principales mecanismos generadores de deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español. Además, ambos mecanismos vienen anteponiendo durante más de 3 décadas los intereses comerciales y los beneficios de las empresas españolas al derecho al desarrollo y la vida digna de los pueblos del Sur. Su regulación resulta de una importancia crucial y permitiría modificar de manera radical el sentido de ambos instrumentos, de manera que no sigan implicando impactos negativos a nivel social, ambiental y económico sobre los países del Sur.
Por otra parte, destacamos que las declaraciones del Gobierno minimizan la importancia real del Fondo de Ayuda al Desarrollo, cuya atribución ha seguido una tendencia contraria a las afirmaciones del Señor Mejía. Así, los presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (Artículo 58 de la Ley 42/2006) estipulaban que el Consejo de Ministros podía aprobar operaciones con cargo al FAD por un importe de hasta 1.504 millones de Euros. En los Presupuestos Generales del Estado para 2008 (Artículo 60 de la Propuesta de Ley de Presupuestos) las operaciones con cargo al FAD pueden llegar hasta 2.542 millones de Euros. En ambos años las operaciones a iniciativa del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, que son las que generan deuda en los países empobrecidos, pueden llegar hasta 500 millones de euros. Se destaca de esa manera, no una «reducción a la mínima expresión», sino al contrario, un mantenimiento del elemento crediticio y un aumento de la dotación del FAD de prácticamente el 70% de 2007 a 2008. El incremento es aún mayor desde el inicio de esta Legislatura, cuando el Consejo de Ministros podía aprobar únicamente hasta 672 millones de Euros. El incremento de la dotación del FAD desde que el PSOE llegó al poder ha sido del 280%[1].
El Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción consideramos lamentables las declaraciones del Gobierno. El incumplimiento de la legislación pone en evidencia una vez más la poca relevancia que el Gobierno da al tema de la deuda externa y la falta de voluntad política real en la lucha contra la pobreza, sobretodo cuando ésta se debe priorizar por delante de los intereses de las empresas españolas. Mejía evidenció en su comparecencia que «el mundo necesita del sector privado para desarrollarse convenientemente, y queremos crear las condiciones necesarias [para ello]», convirtiendo la creación de condiciones para la inversión extranjera en «interés público».
Tanto el FAD como los seguros CESCE por cuenta del Estado siguen siendo instrumentos ampliamente utilizados por el Gobierno español en el fomento de la inversión extranjera. Así, mientras el Gobierno anuncia a bombo y platillo en repetidas ocasiones la cancelación de deuda a los países más empobrecidos, sigue atorgando créditos FAD ligados a los intereses comerciales españoles, como en el caso de la concesión el pasado 29 de junio de un crédito a la República de Ghana, por 7 millones de Euros para el sector pesquero. ¿Podemos desvincular este crédito de los intereses de las empresas pesqueras españolas para tener una infraestructura adecuada para la exportación desde la región?
En el mismo sentido el Gobierno acaba de firmar un acuerdo de «promoción y protección recíproca de las inversiones» con Angola, incluyendo dos líneas de crédito de 600 millones de dólares. Estas serán complementadas la reabertura de las operaciones de CESCE en el país, incluyendo una nueva sucursal en Angola, y con donaciones para la financiación de estudios de viabilidad. ¿No estará el Gobierno español ofreciendo recursos para pagar con dinero de cooperación estudios de viabilidad de las inversiones de las empresas privadas españolas?
En definitiva, la agenda corporativa del Gobierno español y el uso de la política de cooperación como Caballo de Troya para ejecutar dicha agenda son cada vez más evidentes. Las futuras Leyes sobre FAD y CESCE podrían llegar a ser una buena oportunidad para que el Gobierno y los diferentes partidos políticos mostrasen una sensibilidad real ante las demandas de la sociedad civil, así como la voluntad de revertir y reparar la opresión que desde el Estado español se ha ejercido y se está ejerciendo sobre los países del Sur. Emplazamos pues a la sociedad civil a exigir al Gobierno español que cumpla con la Ley. Nota:
[1] El Fondo de Ayuda al Desarrollo se divide en tres categorías: el FAD Cooperación, que, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aporta recursos a Instituciones Internacionales no Financieras del Sistema de Naciones Unidas; el FAD para Instituciones Financieras Internacionales y para la Gestión de la Deuda Externa (FIDE), el cual, a solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda, concede fondos y paga cuotas a Instituciones Financieras Internacionales (FMI, BM y Bancos Regionales de Desarrollo) y, por último, el FAD para la Internacionalización, que, a potestad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sirve para internacionalizar la economía española. Éste último es el que se conoce como Créditos FAD ya que es el único que utiliza créditos bilaterales y es, por ello, el responsable de la generación de deuda en los países del Sur.
Más información:
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