Las autoridades rechazan ofrecer cualquier tipo de información sobre la carga realizada por el buque Bahri Yanbu en Motril. Amnistía Internacional ha dirigido una carta al Ejecutivo para pedir que aclare este asunto.
Silencio al llegar, silencio al partir. El barco saudí Bahri Yanbu se ha marchado este jueves del puerto de Motril de la misma forma en la que había entrado antes de que saliera el sol: bajo un hermetismo total. Al igual que en anteriores ocasiones, ningún estamento oficial quiso aportar datos sobre este buque, utilizado habitualmente por la naviera pública Bahri para el transporte de armamento que posteriormente se utiliza en los ataques contra Yemen.
«Es lo habitual que hacen en los puertos españoles: no programan su llegada hasta el último momento», afirma a Público el activista de la plataforma «La Guerra Empieza Aquí» de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados), Luis Arbide. En tal sentido, destaca que de esa forma la naviera del régimen saudí evita que «se puedan organizar actividades de protesta o acciones que puedan entorpecer la operación», algo que ocurrió en otras ocasiones.
No en vano, la opacidad que rodea al comercio de armas tiene su máxima expresión en las visitas de barcos saudíes a puertos españoles: ni los puertos a los que llegan ni las delegaciones de gobierno suministran información alguna sobre sus actividades, lo que impide conocer, al menos mediante vías oficiales, qué tipo de carga realizan estos buques de la naviera pública Bahri en sus escalas.
Tales dificultades para acceder a la información quedaron nuevamente expuestas en el caso del barco que sobre las 5.00 de la mañana de este miércoles atracó en el puerto de Motril. Hasta algunas horas antes, en su hoja de ruta figuraba que su destino era Génova, otro punto habitual de la ruta de la naviera Bahri.
Varias horas después de su llegada, fuentes de la Autoridad Portuaria de Motril señalaron a Público que cualquier consulta sobre la visita del barco Bahri Yanbu debía formularse a la Subdelegación de Gobierno, donde a su vez rechazaron tener competencias sobre este asunto y dijeron que la petición de información debía ser atendida por la Autoridad Portuaria.
Este mismo miércoles, Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito a los ministerios de Comercio, Transporte y Hacienda y a la Delegación de Gobierno en Andalucía para pedir información sobre este caso y reclamar que se impidiese una posible carga de armamento, remarcando que implicaba una vulneración de la legislación internacional. Citó además dos recomendaciones incluidas en un reciente informe del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se solicita precisamente a los Estados que se abstengan de proporcionar armas a las partes que podrían utilizarse en el conflicto en territorio yemení.
Según datos oficiales, la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), órgano encargado de analizar las solicitudes de exportaciones de armamento, otorgó 22 licencias de venta de material militar a Arabia Saudí durante 2019, mientras que sobre 2020 no hay aún datos disponibles.
Municiones, bombas y aeronaves
En un informe sobre las exportaciones de material de defensa realizadas en los dos últimos años, la campaña Armas Bajo Control destaca precisamente que las licencias de exportación de armamento al régimen saudí en 2019 sumaron un importe de 392,78 millones de euros, lo que «supuso 30 veces más que el año anterior».
Entre las licencias concedidas figuraban «76,2 millones de euros en munición, 1,3 millones en bombas y 315 millones en aeronaves, además de armas ligeras (por valor de 0 euros) y sistemas de dirección de tiro (3,8 millones de euros). La inmensa mayoría (97,1%) fue para las Fuerzas Armadas saudíes y el 2,9% restante para empresas privadas», apuntaba el documento de Armas Bajo Control.
Fuentes conocedoras de estas operaciones destacan que desde que se concede la licencia hasta que se efectúa la exportación pueden transcurrir varios meses. Actualmente resulta imposible determinar cuántas de esas licencias se han materializado y cuáles no, ya que el Gobierno mantiene esos datos bajo absoluto hermetismo.
«Falta de transparencia»
«Es una muestra del halo de secretismo que rodea casi cualquier cosa relacionada con la exportación de armas en España», afirma a Público el portavoz de Amnistía Internacional, Alberto Estévez, quien advierte que en este capítulo también hay «una manifiesta falta de transparencia». «Se trata de algo muy sencillo de solucionar, si hay voluntad política. Reino Unido, por ejemplo, publica en Internet cada tres meses las licencias de exportación autorizadas», subraya.
En esa línea, Estévez recordó que «el dictamen sobre las ventas de armas de 2018 y 2019 que aprobó el Congreso hace unas semanas incluye una recomendación al Gobierno, precisamente propuesta por el grupo socialista, que recoge una vieja demanda de las ONG para que el Gobierno, en sus informes al Congreso y en la medida en que disponga de más recursos, incluya las fechas de las autorizaciones de las exportaciones más sensibles».
El portavoz de Amnistía cree que «si se diesen esos pasos, en un futuro próximo sería posible cruzar datos y saber cuándo se lleva a cabo la exportación de una licencia autorizada en una fecha determinada». «No poder hacerlo redunda, por ejemplo, en un control parlamentario inadecuado de la venta de armas», lamentó.
Estévez advirtió además que «si hay casos de exportaciones como las de hoy en Motril –en caso de que se carguen armas– es porque el Gobierno actual no ha revocado las autorizaciones concedidas en 2018 por el PP y porque en 2019 concedió esas 22 licencias». «En otras palabras, si se revocan las autorizaciones, se corta el grifo de los envíos», añadió.