La transición política de la dictadura a la democracia, mal definida como modélica, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras que controlaban los aparatos del Estado así como la mayoría de los medios de información. Este dominio determinó que el resultado de dicha transición fuera una democracia muy limitada con un estado […]
La transición política de la dictadura a la democracia, mal definida como modélica, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras que controlaban los aparatos del Estado así como la mayoría de los medios de información. Este dominio determinó que el resultado de dicha transición fuera una democracia muy limitada con un estado del bienestar muy poco desarrollado (ver mi libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país). Todavía hoy, treinta y cinco años después de la Transición, el estado del bienestar español está entre los menos desarrollados en la eurozona y en la Unión Europea de los Quince (UE-15). Incluso antes de que se iniciara la crisis, en el año 2007, el gasto público social como porcentaje del PIB era solo de un 20,7% (y solo de un 17,8% en Catalunya), frente al promedio de la UE-15 (26,9%). En Suecia era entonces de un 29,2%. Si en lugar de analizar el gasto público social (que incluye las pensiones y los servicios públicos tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, transferencias a las familias, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros) como porcentaje del PIB, estudiamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del estado del bienestar, vemos que España continua siendo de los países con menos adultos trabajando en ese ámbito. De nuevo, ya en el 2007, veíamos que el porcentaje de la población adulta trabajando en esos servicios era un 10% (y en Catalunya, un 8%), mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (un 15%) y mucho, mucho más bajo que en Suecia (24%). Es decir, que mientras en Suecia casi uno de cada cuatro suecos adultos trabajaba en los servicios públicos del estado del bienestar, en España era solo uno de cada diez (y en Catalunya no llegaba ni a esto). Así pues, la imagen promovida por los conservadores y liberales de que el empleo público era y es demasiado extenso (e hipertrofiado) no se correspondía ni se corresponde con los datos. En realidad, estos porcentajes son los más bajos de la UE-15 (solo en Portugal es menor, un 7%).
El empeoramiento de la España social
Todas estas cifras se han incluso deteriorado más con los recortes del gasto público que se han realizado como parte de las políticas de austeridad, iniciadas por el gobierno Zapatero y profundizadas, con gusto, y por mucho, por el gobierno Rajoy. Y digo con gusto porque de las declaraciones recientes del Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, parecen desprenderse orgullo y satisfacción de ello. El país que tiene un gasto y empleo público menor de la UE-15 (de lo cual el Sr. Rajoy, en unas declaraciones recientes, parecía también estar orgulloso) tiene unos dirigentes que están orgullosos no solo del bajo gasto y empleo público, sino también de su pretensión de seguir recortándolos. España es el país en el que, proporcionalmente, se está recortando más gasto público y destruyendo más empleo público. En las declaraciones conjuntas con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 21 de junio, el Sr. Montoro declaró con satisfacción que el gobierno del Partido Popular recortará nada menos que 37,62 millones de euros, casi un 4% del PIB en gasto público, lo que pone a España en el tope de la liga de los países que recortan más. Y, por si ello no fuera poco, añadió, junto con la Vicepresidenta, que en lo que va de legislatura se han destruido ya 375000 puestos de trabajo (principalmente en sanidad y educación), a lo cual se añadirán 30000 más cada año.
Pero lo que es extraordinario (y digo extraordinario porque no conozco ningún otro gobierno que esté orgulloso de los recortes que se está imponiendo a la población) es que la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría y el Sr. Cristóbal Montoro añadieran sonriendo y orgullosos que «hemos hecho la mayor reducción de consumo público de la historia de España». Es probable que otros gobiernos conservadores neoliberales estén orgullosos de su labor de austeridad, pero ninguno lo dice, solo los portavoces del gobierno español lo expresan.
Ni que decir tiene que la Sra. Soraya y el Sr. Montoro, cuando van al médico, tienen un tiempo de visita no menor de 30 minutos, sin esperas ni colas. Y de ahí que no sientan en sus carnes las consecuencias de los recortes en el tiempo de visita. Y seguro que sus familiares más pequeños van a escuelas con baja densidad de alumnado en sus aulas. Sería interesante que los medios de información hicieran un análisis de cómo las decisiones de austeridad afectan a los políticos que deciden e implementan esas políticas. Toda la evidencia científica existente muestra que los recortes significan un ataque frontal a la sanidad y a la educación pública (utilizadas por las clases populares, que constituyen la mayoría de la población), ataque que por lo visto los llena de orgullo.
¿Por qué el Partido Popular no es más impopular?
Como era de prever, el voto esperado a los partidos gobernantes que llevan a cabo esos recortes ha bajado. Pero es sorprendente que en España no haya bajado mucho más. ¿Por qué?
La respuesta a nivel de España es fácil. El nacionalismo españolista, heredero de la dictadura, moviliza todavía hoy a millones de personas que claramente votan en contra de sus intereses, a fin de defender a España frente a los que ese españolismo define como rojos, separatistas y anti-Iglesia. Cuarenta años de fascismo y treinta y cuatro de democracia supervisada y vigilada garantizan la continuidad de este rancio franquismo y su cultura nacional-católica. No es por casualidad que gran número de las reformas educativas y culturales tengan como objetivo recuperar este nacionalismo españolista que en ciertas partes de España, la España mesetaria, es todavía muy poderoso. Tanto en su versión casi religiosa -el PP- como en su versión laica -UPyD-, este nacionalismo centralista españolista está movilizando a España. Este nacionalismo, y en menor grado la religión (en España), continúan siendo utilizados para ocultar el ataque más frontal que el escasamente financiado estado del bienestar español ha padecido.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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