Están en marcha tres iniciativas que pretenden endurecer el tratamiento a la población inmigrante en situación de irregularidad: 1ª.- Proposición de Ley «De medidas para la Lucha contra la Inmigración Clandestina» que el Senado ha enviado al Congreso y que profundiza el espíritu represor de la actual legislación de extranjería y conforma un severo ataque […]
Están en marcha tres iniciativas que pretenden endurecer el tratamiento a la población inmigrante en situación de irregularidad:
1ª.- Proposición de Ley «De medidas para la Lucha contra la Inmigración Clandestina» que el Senado ha enviado al Congreso y que profundiza el espíritu represor de la actual legislación de extranjería y conforma un severo ataque a los Derechos Humanos.
En la misma resultan especialmente relevantes los siguientes puntos:
Creación de Juzgados de extranjería, con competencias penales y administrativas. Lo que sugiere otro apartheid más a la lista de discriminaciones.
Supresión de empadronamiento de irregulares. Prohíbe empadronar a los irregulares iniciales y a los sobrevenidos. Aboga por el recorte de la atención sanitaria y oculta los problemas que produciría para la escolarización de menores y otros asuntos.
Supresión del permiso por arraigo, arrojando a la marginalidad perpetua a cientos de miles de personas, con especial incidencia en los irregulares inexpulsables.
Establece en varios supuestos, como sanción a imponer obligatoriamente la expulsión de los «sin papeles». Los Tribunales, incluyendo el Supremo, han sentenciado que la simple estancia irregular, no es causa automática de expulsión.
Elevación de 1 a 3 años la exigencia de estar casado y conviviendo con español/a en los supuestos de matrimonio para solicitar la nacionalidad. Partiendo del concepto de «matrimonios de conveniencia» instala como regla general la presunción de sospecha.
Denegación de la nacionalidad española, a quienes hayan entrado de manera irregular imponiendo una penalización a perpetuidad. Tales prohibiciones se extienden a los apátridas.
Ampliación del plazo de internamiento de cuarenta a setenta días sin justificación alguna. Lo que se presenta como medida para materializar la expulsión es en realidad una pena de privación de libertad cuya duración se aumenta.
La ampliación de tres a seis años del plazo de prohibición de entrada, en casos de devolución.
Una vez transcurrido el plazo de prohibición de entrada a los sometidos a expulsión o devolución la autoridad gubernativa les podrá negar la concesión del visado.
Tutela de Menores por el Estado: Desviando las responsabilidades de la misma a la administración central del Estado.
El carácter policial y represivo de la Proposición se cierra con el llamado Plan de Control de las Fronteras, en el que el incremento de medios represivos se presenta como panacea de la «lucha» contra la denominada inmigración clandestina. Y contempla la oferta de cupos para trabajadores africanos de los países que colaboren en la prevención y represión de la inmigración.
2ª.- El Proyecto de Reforma de la Ley del Poder Judicial -enviado por el Congreso al Senado- consiste en considerar competente a la jurisdicción española para conocer – y a la policía para intervenir – hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como «Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores».
Equipara la inmigración irregular a esclavismo y a la coacción que conforma al conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos (que tiene su razón de ser exclusiva para casos como los de tráfico para la prostitución forzada, la venta de personas o la esclavitud), pretendiendo desconocer que la inmensa mayoría de los inmigrantes y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados a hacerlo, ni desconocen los riesgos que conlleva.
El falso discurso de las «mafias» como nuevos esclavistas se presenta como coartada para justificar el autoritarismo y la represión, mediante la infundiosa asimilación de inmigración irregular a delincuencia.
Desde hace más de dos años la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, están actuando en aguas internaciones y de terceros países para interceptar y capturar a los inmigrantes a los que se traslada a territorio español, o a los países que como Senegal, Marruecos y Mauritania que se han plegado a los chantajes y chalaneos del gobierno Español. Representan un intento de saltarse la legalidad internacional y constituyen una violación del derecho de toda persona a salir de cualquier país incluso el propio.
A su vez se viola el derecho al Asilo, ya que se imposibilita poder solicitarlo.
Pretende burlar la jurisprudencia ya que la gran mayoría de los juzgados y tribunales han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas.
3ª. Protocolo de Actuación en las repatriaciones elaborado por la Policía. Las normas de actuación en la expulsión o la repatriación contempladas en el Protocolo elaborado por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, (que así se autoproclama legisladora en materia de derechos fundamentales) constituyen el visto bueno a la arbitrariedad y las prácticas de violencia habituales en las expulsiones, que sistematizan las mismas y garantizan la impunidad de los agentes.
Convierte en norma el tratar a las personas que se expulsa como peligrosas y violentas y establece el uso generalizado de realizar el embarque en los aviones conduciéndolas atadas con «lazos de seguridad» a plena vista del público, pasajeros y tripulación, instituyendo la utilización de «grilletes metálicos», «capuchas» y «cascos», «correas de sujeción» y «camisas de fuerza»… lo que configura un conjunto de prácticas torturantes, crueles, inhumanas y degradantes..
CONSIDERACIONES
Las finalidades de estas iniciativas son inaceptables desde la convivencia y el respeto a los Derechos Humanos.
Los derechos humanos (y entre ellos el de libre circulación) se tienen por ser persona; no deben ser otorgados por unos «papeles» sino reconocidos y protegidos por leyes que promuevan la convivencia.
Las iniciativas son un paradigma de RACISMO INSTITUCIONAL que da vía a la xenofobia y el racismo e inventa enemigos que distraigan sobre los problemas reales como la privatización de la sanidad y la enseñanza, los servicios sociales, y la vivienda, tratando a las personas migradas en situación irregular como los culpables y un ENEMIGO PELIGROSO .
El colonialismo y la globalización capitalista que impone los intereses económicos de las multinacionales son la causa de la desestructuración de las economías de los países generando dinámicas de empobrecimiento de sus ciudadanos y empujando a muchos de ellos a emigrar.
Las personas migradas son, en gran parte, las víctimas de las consecuencias de las políticas neoliberales, del expolio por los llamados países desarrollados, de conflictos bélicos, de catástrofes medioambientales, etc.; luchar contra las personas que migran en lugar de contra las causas que les empujan a ello es inmoral e injusto.
Ese no es el camino. El confundir las causas de la inmigración con los efectos que provocan y mantener que suprimiendo las consecuencias se eliminan las causas es absurdo. Pero incluso aunque no existieran esas causas, el ser humano tiene derechos inalienables entre ellos el de libre circulación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La existencia de una Ley de Extranjería es la primera fuente de discriminación, al establecer para un colectivo de personas, las migradas, unos derechos recortados, cuando no inexistentes, respecto al resto de la población.
Y en el momento actual no solamente no se cuestiona esto por las Instituciones del Estado sino que se pretende dar una vuelta más de tuerca, para aumentar las muertes, el sufrimiento y desprecio hacia las personas inmigrantes no documentadas.
PROPUESTAS
Expresamos el total rechazo a las iniciativas mencionadas y solicitamos sean retiradas.
Recabamos de la sociedad, las organizaciones y entidades la oposición a las mismas y el pronunciamiento en contra con el fin de impedir tan aberrantes medidas, que promueven la violación consentida del articulado y del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (a la que remite la Constitución española en su artículo 10).
Reclamamos del cuerpo legislativo la reconsideración de toda la Política de Inmigración que hasta ahora se ha estado llevando a cabo y que se dé un giro total, bajo la guía efectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que se tenga el coraje de llevar a la Unión Europea esta nueva mirada.
Instamos al Estado Español a la ratificación de la «Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares» de la ONU. .
Organizaciones Firmantes:
AC COIN, Afro-Aid España, Asociación Cultural Brasileña Maloka, Asociación Entreiguales-ENAR España, ATRAIE, APDHE, CEAR-Madrid, CEDEHU, Centro Uruguayo-CTIU, CEPAIM, CGT, Cristianos por el Socialismo, FAYCUE, FERINE, Foro Religioso Popular de Vitoria, IU Madrid, Jóvenes de IU, Lucha Internacionalista, MPDL, SOS Racismo, Pueblos Unidos.