Hace tiempo que la política valenciana permanece abonada a la escandalera. Los últimos episodios, el ERE y cierre de Radiotelevisió Valenciana (1.600 despidos y una deuda acumulada de 1.300 millones de euros); la firma de una petición de indulto para el exalcalde de Torrevieja (condenado por falsedad documental y prevaricación) por 45 diputados del Partido […]
Hace tiempo que la política valenciana permanece abonada a la escandalera. Los últimos episodios, el ERE y cierre de Radiotelevisió Valenciana (1.600 despidos y una deuda acumulada de 1.300 millones de euros); la firma de una petición de indulto para el exalcalde de Torrevieja (condenado por falsedad documental y prevaricación) por 45 diputados del Partido Popular; o la condena a cuatro años de prisión impuesta al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Otros casos, que no han suscitado titulares tan llamativos, implican de manera sorda un severo castigo a la ciudadanía afectada.
Unas 50.000 familias valencianas (cerca de 133.500 personas afectadas de manera directa) se encuentran a la espera de que el Gobierno Valenciano les abone las ayudas para la compra, alquiler o rehabilitación de una vivienda protegida, según denuncia la plataforma de afectados. La deuda acumulada, desde el año 2008, asciende a 250 millones de euros, según datos de la Generalitat Valenciana. Se trata de ayudas que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha reconocido individualmente a cada uno de los peticionarios, pero que por el momento no ha satisfecho.
Entre los años 2008 y 2014 la Generalitat Valenciana ha consignado en sus presupuestos más de 384 millones de euros en un capítulo genérico destinado a planes de vivienda, pero continúa adeudando 250 millones de euros a unas familias que, en muchos casos, pensaron que contarían con la ayuda a la hora de suscribir un préstamo hipotecario y, ahora (en un contexto de aguda crisis) se ven en una situación muy apurada. Los recursos se han dedicado a otros menesteres. Por ejemplo, de la partida presupuestaria de 11,3 millones de euros destinada a los planes de vivienda en 2013, la Generalitat Valenciana dedicó 7 millones de euros a financiar el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).
La tipología de ayudas incluye arrendamiento, rehabilitación y adquisición de una primera vivienda en propiedad. En una reunión mantenida el pasado 1 de julio con la plataforma de afectados, la Conselleria de Infraestructuras reconoció que hay 14.000 expedientes pendientes de pago (algunos, incluso de 2007) por el «cheque» acceso a la vivienda, lo que supone una deuda de 140 millones de euros (el resto, hasta sumar los 250 millones de euros del débito total, corresponde a alquiler y rehabilitación).
Además, una de las principales inquietudes de los afectados es el problema de las prescripciones. Las ayudas no satisfechas prescriben a los cinco años, según el artículo 18 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, desde el nacimiento de las obligaciones o su reconocimiento (a menos que los interesados presenten los documentos que justifiquen su derecho). El Gobierno Valenciano ha asegurado verbalmente a la plataforma que no aplicará este artículo, lo que no implica -según los afectados- garantía ni certeza alguna.
Para las ayudas a la compra, se exige a los particulares numerosos requisitos, como presentar las declaraciones de IRPF de los años anteriores, demostrar que no se dispone de otras propiedades (que se trata de la primera vivienda) y también se establece un límite al porcentaje del precio del piso que se puede financiar mediante el préstamo hipotecario (lo que supone un importante esfuerzo de ahorro o suscribir además un préstamo personal). Además, durante los 10 primeros años no se puede vender ni alquilar y, en los cinco siguientes, la venta de la vivienda se condiciona a un precio tasado por la Generalitat. Y ello, por unas ayudas en muchos casos pendientes de cobro y que el Gobierno Valenciano no contabiliza como deuda.
Un vecino de Valencia, que prefiere mantener el anonimato, recibió en noviembre de 2011 la resolución por la que se le reconoce la ayuda para la compra de un piso, por un importe de 11.100 euros. Pero a día de hoy todavía la Generalitat Valenciana no le ha efectuado este pago. Con 33 años, este diplomado universitario lleva tres años en el paro (sólo consigue engarzar trabajos poco cualificados de una duración no superior a tres meses). Dado que ha agotado la prestación por desempleo, se ha visto obligado a volver a casa de sus padres con el fin de ahorrarse facturas de luz, agua y gastos en alimentación. Afirma que si hubiera percibido la ayuda de la Generalitat (11.100 euros) podría afrontar la hipoteca de varios años. En cambio, añade, al retornar al hogar familiar corre el riesgo de que se le retire el «derecho» a la ayuda, pues incumpliría uno de los requisitos para su percepción (residir en la vivienda para cuya compra ha solicitado la ayuda).
Un matrimonio también residente en Valencia denuncia que se le adeudan 16.000 euros (12.000 euros del «cheque» acceso a la vivienda y otros 4.000 euros para la subsidiación del préstamo hipotecario). Ella regentaba una peluquería en un local alquilado, pero debido al impago de las ayudas, el descenso de ingresos por la crisis y los efectos de la subida del IVA del 8 al 21%, resolvió trasladar el lugar de trabajo (de manera legal) a su domicilio particular.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y su titular Isabel Bonig, no está ofreciendo garantías ni respuestas en la interlocución con los damnificados. La callada por respuesta. «El resultado de las diferentes reuniones es una retahíla de promesas incumplidas», asegura José Morán, portavoz de la plataforma. Y pone como ejemplo de estos incumplimientos el compromiso de pago para el año 2013 (por parte de la consellera Isabel Bonig) de 38,4 millones de euros, así como el establecimiento de un plan de viabilidad con calendario de pagos. Critica, además, que en 2013 se haya pagado únicamente una ayuda en concepto de compra a la vivienda (de los 14.000 expedientes pendientes), y que en 2014 se destine únicamente al abono de ayudas (en este caso, por anticipos bancarios) 149.780 euros (el 0,06% del total de la deuda), de los que se beneficiarán sólo 27 personas. «Tampoco, según la Ley General de Subvenciones, se pueden reconocer estas ayudas como se ha hecho, es decir, sin tener reservada la correspondiente partida presupuestaria», remata José Morán.
Constituida recientemente en asociación, la plataforma de afectados nació en noviembre de 2012 y cuenta con secciones en Valencia, Castellón y Alicante. Han presentado reclamaciones ante la Sindicatura de Comptes y la Sindicatura de Greuges, se han reunido con los partidos políticos de la oposición (el PP ha declinado los contactos) y con la cúpula de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (en este último caso, sin resultado). A la solicitud de reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no han recibido respuesta. El vicepresidente del Gobierno Valenciano, José Císcar, les contestó que no disponía de tiempo, aseguran. En relación con los impagos, también han presentado una Petición al Parlamento Europeo para que llame la atención al Gobierno de España en su función de control presupuestario de las Comunidades Autónomas. Los afectados han recibido mociones de apoyo de diferentes ayuntamientos (entre ellos, los de Castellón y Alicante) así como de la diputación castellonense.
La plataforma de afectados denunció hace dos días que la conselleria «vendió», en una nota de prensa, el inicio del pago de las ayudas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, el PROP (oficina de la Generalitat que tramita las ayudas) negaba unos días después que se hubieran realizado dichos pagos, y alegaba la falta de firmas y reuniones internas. El comunicado de prensa de la conselleria tuvo repercusión en algunos medios, pero fue posteriormente retirado de la página web.
Además, en una nota a los medios del 21 de noviembre los afectados aseguran que la Generalitat ha introducido «de soslayo» un nuevo modelo de aprobación de ayudas, «con el que se exonera sine die de la obligación de pagar a miles de beneficiarios de ayudas a la vivienda protegida reconocidas a partir de mediados de 2012, quienes tienen en la práctica un papel mojado«; «se trata de una estafa en toda regla a ciudadanos que accedieron a una vivienda protegida cumpliendo unos requisitos», concluye el colectivo de afectados.
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