Por la rendija del padrón se cuelan viejos argumentos. Ni reparto de recursos, ni exclusión social: el debate sobre inmigración se centra en el control. En Leganés, en la periferia madrileña, el certificado de empadronamiento ha llegado a costar 100 euros. Cierto es que no era un papel cualquiera: el Ayuntamiento del PSOE e Izquierda […]
Por la rendija del padrón se cuelan viejos argumentos. Ni reparto de recursos, ni exclusión social: el debate sobre inmigración se centra en el control.
En Leganés, en la periferia madrileña, el certificado de empadronamiento ha llegado a costar 100 euros. Cierto es que no era un papel cualquiera: el Ayuntamiento del PSOE e Izquierda Unida cobraba esta cantidad durante 2005 a los extranjeros que estuvieran tramitando la solicitud de residencia.
Eran los tiempos de la regularización extraordinaria puesta en marcha por el entonces ministro Jesús Caldera. Como ahora, el empadronamiento era la llave para acceder a los servicios públicos, y el primer eslabón en la cadena de pruebas documentales para conseguir la tarjeta de residencia.
Esta mecánica legal, hasta ahora desconocida por la mayoría de la población no inmigrante, es la que ha quedado al descubierto con el revuelo causado por los cerrojazos censales de Vic y Torrejón de Ardoz. Dos semanas de polémica han dado para reabrir un debate lleno de malentendidos e incongruencias: las supuestas entre la Ley de Extranjería y la ley de Régimen Local que regula los empadronamientos; y las reales entre lo deseado, lo declarado y lo puesto en práctica tanto por el Gobierno como por el principal partido de la oposición.
El malentendido más utilizado por la derecha posmoderna representada por el diario El Mundo sostiene que la cuestión del empadronamiento no fue abordada en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor apenas un mes antes del comienzo de la polémica.
El argumento apuntaba tanto contra el PSOE como contra el PP, y permitía al diario de Pedro J. vestirse con los ropajes de la neutralidad para conectar con el malestar social difuso existente ante la crisis. Semejante idea ponía en bandeja al PP su siguiente reclamación: una nueva reforma en la Ley de Extranjería. En realidad, los aspectos relacionados con el empadronamiento sí fueron abordados en la reforma, y de hecho han conseguido sortear las distintas objeciones planteadas en los pasillos por las ONG (ver recuadro inferior).
Poli bueno, poli malo
Lejos de practicar la pedagogía garantista que le atribuyen los medios dedicados a defender su flanco izquierdo, Zapatero y sus ministros han recogido el guante lanzado por el PP: tanto Blanco como Corbacho desde dentro del Gobierno, como Patxi López desde la Lehendakaritza, han declarado que de Vic y Torrejón han salido, además de normas que privarían de los derechos sociales a casi un cuarto de sus poblaciones, un debate necesario.
Con la Ley ya aprobada pero sin el reglamento que realmente la desarrolla, el margen para que el supuesto debate se traduzca en un mayor endurecimiento de las políticas migratorias es amplio. En plena tormenta, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía en la Ejecutiva del PSOE celebrada el 25 de enero la dureza de su política contra la inmigración irregular (El País, 26 de enero). Una semana antes, presentaba el balance de la política de control de fronteras en 2009, con un aumento del 25% en las expulsiones.
El Gobierno también prevé incluir la «causa de inhabitabilidad» para denegar solicitudes de empadronamiento, si bien se desconoce qué baremo propondrá. La medida, que deberá ser abordada en una próxima reforma de la Ley de Régimen Local, se justifica por la lucha contra el hacinamiento y los llamados ‘pisos patera’.
‘El Mundo’ aprieta
En medio de la polémica, El Mundo ha pedido, en un editorial y a través de su subdirector, Casimiro García Abadillo, la expulsión de todas las personas sin permiso de residencia en el Estado español. De este modo, argumenta el diario, medidas como la propuesta en Vic serían innecesarias.
Y Corbacho…
En el pasado otoño, la policía local de Terrassa (Barcelona, gobernada por PSC, ERC e IC) ha efectuado visitas a casas de inmigrantes irregulares para citarles en comisaría. Una vez allí, a los inmigrantes se les abría una orden de expulsión, según denuncia la Asociación de Sin Papeles de Terrassa.
Visitas indeseadas
En su etapa como alcalde de Hospitalet, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pidió que se reformase la Ley de Régimen Local para poder limitar el número de personas empadronadas en un mismo piso.
PREGUNTAS FRECUENTES
Por Diego de las Barreras, abogado de la ODS-SECO (Madrid)
«La LOEX afecta al padrón»
¿Se contradice la Ley de Extranjería con las normas de empadronamiento?
El hecho de que te vayas a empadronar en un Ayuntamiento con un pasaporte no significa que seas inmediatamente expulsable para la Ley de Extranjería. Por ejemplo, la Ley dice que no se puede expulsar a una madre ‘sin papeles’ que tenga un hijo menor con DNI español. Las leyes no establecen mandatos, establecen supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. La consecuencia de la estancia irregular puede ser la expulsión o puede acabar en una simple multa. Esto es así porque esta Ley, como todas, se basa en una realidad. En este caso, la realidad es que el Estado tiene capacidad como para expulsar y repatriar a unas 35.000 personas al año. El PP estuvo gobernando con una bolsa de 1.500.000 irregulares, y en términos generales su vida era entonces más fácil de lo que es ahora.
¿Afecta al padrón la nueva Ley de Extranjería?
Sí. La Ley (artículo 53.2 D) establece como falta grave el empadronar a una persona sin permiso de residencia en una vivienda donde no vive realmente. Esta medida no afecta a ninguna mafia, porque quienes realmente efectúan esos empadronamientos son amigos o familiares. Se estaría atacando así a los lazos de solidaridad y apoyo mutuo que se dan en cualquier proceso migratorio. Esta infracción está penada con una multa de entre 500 y 10.000 euros, o hasta 100.000 euros si se considera que ha habido ánimo de lucro.
¿Es la legislación española tan generosa como se pretende?
La mayor apertura de la legislación española de inmigración obedece a causas complejas, aunque la tendencia es hacia el endurecimiento. Es cierto que somos el país con mayor proporción de población extranjera en la Unión Europea, pero la situación del Estado español no tiene nada que ver con la de otros países como Francia, Alemania o Reino Unido. Aquí el fenómeno de la inmigración masiva es mucho más reciente. En la medida en que se vayan asentando las poblaciones y creciendo las segundas generaciones de inmigrantes, la cuestión tomará otro aspecto, como ya sucede en Francia o Alemania, donde obviamente no se contabiliza como extranjeros a todos los descendientes de inmigrantes, pese a que en la práctica sí sean considerados como tales.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Gobierno-y-el-PP-abren-su.html