Más de una cuarta parte de la población en España (un 26,1%) vive en condiciones de riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que pone a este país entre los que tienen menor sensibilidad social en la Unión Europea de los Quince –UE-15– (el grupo de países más ricos de la UE). Y esta situación es incluso peor entre las criaturas, niños y niñas y adolescentes menores de 16 años, entre los cuales la pobreza es incluso mayor (28,8% de la población con estas edades). La diferencia entre los niveles de pobreza en todos estos grupos etarios en España y los niveles para cada grupo correspondiente con el promedio de la UE-15 es notable (en la UE-15 dichas tasas son, respectivamente, cinco y seis puntos más bajas). Y con los países con mayor sensibilidad social en la UE-15, como Suecia (uno de los países de tal comunidad de naciones con menos pobreza), la diferencia es enorme (en el caso de Suecia, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es ocho puntos más baja que la española para el conjunto de la población, y para los menores de 16 años).
La pobreza silenciada y ocultada por el establishment político-mediático del país
Lo que llama la atención a los observadores y analistas de la situación social de este país es el silencio que existe sobre esta situación tan dramática (y no hay otra manera de definirla) en sus principales fórums políticos y mediáticos. Esta elevada pobreza es parte de la realidad ocultada que no aparece en el discurso oficial del establishment político-mediático del país. Tal establishment, ensimismado en su propia complacencia de que España, tras un proceso de transición de una dictadura a una democracia (considerado como modélico), se ha transformado en un país democrático homologable a cualquier otro país democrático de la UE-15, ignora esta realidad que, de conocerse, amargaría la imagen tan dulcificada que tiene de nuestro país (para un análisis detallado de la situación de la pobreza en España, en comparación con el promedio de la UE-15 y de Suecia, ver mi intervención «Las estrategias para lograr el fin de la pobreza» en los cursos de la UCM de El Escorial, 21.07.20).
La pobreza es un síntoma de la enorme desigualdad de renta y riqueza que tiene el país, una de las más altas de la UE-15
Este silencio sobre la pobreza oculta también en otro grave problema que existe en España, que es su elevadísima desigualdad de rentas, de nuevo, una de las más altas de la UE-15. Cualquier indicador de desigualdades de renta (escojan el que se quiera) muestra que somos bastante más desiguales que el promedio de la UE-15 y mucho, mucho más desiguales que los países menos desiguales de la UE-15, como por ejemplo Suecia. En realidad, hay una relación directa entre pobreza y desigualdades de clase (medidas por el nivel de renta). A mayor pobreza en un país, mayores son sus desigualdades de renta. Pero es también interesante subrayar que, a mayor pobreza en un país, encontramos no solo mayores desigualdades de renta, sino también mayores desigualdades de género. De ahí que Suecia, uno de los países con menor pobreza y con menos desigualdades de renta, sea también el país con menores desigualdades de género. En el otro extremo, España es uno de los países con mayor índice de pobreza, con mayores desigualdades de renta y también mayores desigualdades de género (en índice de desigualdad de género en España es casi el doble al existente en Suecia). Esta transversalidad en los distintos problemas sociales señala una causa común. Veamos por qué.
¿Cuál es la causa común de estos graves problemas sociales?
Vayamos por partes y comencemos por el análisis de las causas de la pobreza. Y lo primero que tenemos que aclarar es que el nivel de recursos de un hogar depende de su composición (cuántos ancianos, cuántos adultos y cuántas criaturas tiene) y de los ingresos que reciban los adultos, ya sean transferencias públicas o (para la gran mayoría de las clases populares) salarios.
Analizando la pobreza según los distintos modelos de familia, se ve inmediatamente cuál es la causa principal de la pobreza infantil. Las familias monoparentales, que representan el 10% de todas las familias (cifra que equivale a 1,8 millones de familias), es el grupo más importante de familias u hogares pobres. Y la gran mayoría de estas familias (un 80%) están encabezadas por mujeres y, entre ellas, las que trabajan lo hacen, por lo general, en puestos de trabajo mal retribuidos, con poca estabilidad laboral y muy precarios, o directamente no trabajan fuera de casa, pues deben atender y cuidar a sus criaturas, al no poder tener ayuda de la familia. Al no trabajar fuera de casa o tener ingresos muy limitados, caen en la pobreza. La falta de trabajo o su limitado trabajo es, pues, la causa de su pobreza. Y esta pobreza es dura y crea un enorme sufrimiento.
Los siguientes datos sobre las mujeres que encabezan las familias monomarentales y que perciben rentas mínimas hablan por sí mismos: el 23% de ellas trabajan en la economía sumergida; el 42% vive en casas con humedades, goteras o ventanas podridas; el 50% presenta graves dificultades para llegar a fin de mes; el 53% tiene recibos de servicios o de comunidad atrasados; el 35% afirma que su salud es regular o mala; el 58% admite que le cuesta conciliar el sueño; el 65% reconoce un bajo nivel de concentración y poco disfrute de la vida. Algunos de estos datos provienen del informe «Estudio sobre las familias monoparentales perceptoras de rentas mínimas», desarrollado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Sabemos cómo resolverlo, pues otros países (como Suecia) lo han conseguido
De estos datos se debe deducir que una manera de reducir la pobreza infantil es facilitando que la mujer se integre en el mercado de trabajo y obtenga buenos trabajos. Sabemos que las mujeres más integradas en el mercado de trabajo son las mujeres con formación superior, siendo las menos integradas las mujeres de clase trabajadora no cualificadas. En realidad, a medida que las mujeres con estudios de grado superior van integrándose en el mercado de trabajo más rápidamente que las mujeres trabajadoras no cualificadas, y teniendo en cuenta que las familias de rentas superiores son más estables y más biparentales (lo que les permite contratar ayuda familiar que no puede recibir la madre soltera de clase trabajadora no cualificada) que las monomarentales, se van acentuando notablemente las desigualdades entre los hogares de rentas inferiores y sus criaturas, por un lado, y los hogares de rentas superiores y sus criaturas, por el otro, desigualdades que en el caso de las criaturas marcan de una manera muy clara sus oportunidades, pues el acceso a las escuelas de infancia por parte de las criaturas de hogares de rentas superiores las dota de un capital educativo que no tienen las criaturas de las familias monomarentales.
La necesaria y urgente necesidad de crear ocupación entre las mujeres de las clases populares
La elevada pobreza infantil está causada, en gran parte, por la baja tasa de ocupación de la mujer en España, de las más bajas en la UE-15 (61%). Suecia (con un 80,2%) es de las más altas. Este diferencial de ocupación ha tenido menos visibilidad mediática que la denominada «brecha salarial». Tal brecha es más acentuada en la cúspide que en la base de la estructura social. Así, en España la brecha salarial es importante que se corrija, pero no eliminaría la pobreza entre las mujeres, pues los salarios en general son bajos. Y no hay que olvidar que este país tiene una tasa de riesgo de pobreza entre trabajadores de casi el doble de la que existe en Suecia (12,9% contra 7%). De ahí la enorme importancia del aumento del SMI, pues el nivel salarial es muy bajo. Este bajo nivel de los salarios es, pues, una de las mayores causas (junto con la baja tasa de ocupación de la mujer) de la pobreza (incluida la infantil) y de las desigualdades de renta, y ello lleva a tener que considerar las causas políticas de la pobreza.
Las causas políticas de la pobreza
Una de ellas es el mayor poder sindical en Suecia que en España. El 67% de la fuerza laboral está sindicalizada en Suecia, por solo el 13,9% que lo está en España. De ahí la enorme necesidad de revertir y anular las reformas laborales aprobadas por los gobiernos españoles en los años 2010 y 2012, que fueron esenciales para debilitar a los sindicatos, lo que resultó en un gran aumento de la precariedad y del desempleo. Para disminuir la pobreza hará falta el empoderamiento de las instituciones que canalizan el poder de género, pero también el de clase. Puesto que la mayoría de las mujeres pertenece a las clases populares, es fundamental que se refuercen los instrumentos de poder de género y de clase, pues no se resolverán los grandes problemas de pobreza y desigualdad sin empoderar a la mujer trabajadora y de las clases populares, para que sea consciente de que la eliminación de la explotación de género no se resolverá sin que se elimine la explotación de clase. No olvidemos que durante los años de la Gran Recesión las rentas derivadas de la propiedad del capital y del mundo de las grandes empresas crecieron significativamente, a costa de que las rentas del trabajo disminuyeran, tema sobre el cual también hay un silencio ensordecedor. Todo ello me lleva a hablar del cuarto pilar del Estado del Bienestar.
La urgente necesidad de establecer y expandir el cuarto pilar del Estado del Bienestar
En los países escandinavos, de tradición progresista, existe un derecho universal, de carácter individual, de acceso a los servicios de ayuda a las familias, que incluyen escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia (que, a su vez, incluyen servicios domiciliarios a personas con dependencia y servicios de atención a la dependencia de larga duración, como las residencias de ancianos). Este derecho complementa los otros tres derechos del Estado del Bienestar de tradición progresista escandinava: el acceso a la sanidad (1.er pilar); a la educación (2.º pilar); a la jubilación y las pensiones (3.er pilar); y a los servicios de ayuda a las familias (4.º pilar).
En España, este cuarto pilar del Estado del Bienestar está muy poco desarrollado (debido al escaso poder de la mujer y, muy en especial, de la mujer trabajadora). Este pilar ha sido fundamental en Suecia para corregir la pobreza infantil y la pobreza en general, así como para reducir las desigualdades de renta, de clase y de género. Siguiendo una estrategia basada en la expansión del Estado del Bienestar, se podrían crear 700.000 nuevos puestos de trabajo, facilitando además la integración de 1,5 millones de mujeres al mercado de trabajo. Ello permitiría también la reducción de la economía sumergida, generando ingresos por impuestos y aportaciones a la Seguridad Social debido al aumento del empleo.
Hay que reconocer el derecho del hombre a cuidar de su familia
El establecimiento del cuarto pilar del Estado del Bienestar implica la creación de unos servicios públicos suficientes y de calidad, con empleados públicos y a tiempo completo, garantizando a la vez la corresponsabilidad del hombre en el cuidado de la familia, reforzando su derecho a cuidar de su familia, lo cual requiere una reducción del tiempo de trabajo semanal, pasando de 40 a 35 horas, en cinco días, requisito indispensable, pues el trabajador en España es el que trabaja más horas por semana en la UE-15, lo que dificulta la conciliación de su responsabilidad laboral con su derecho a cuidar de su familia, un derecho fundamental para el propio desarrollo emotivo del hombre, mejorando la calidad de vida de la familia en su conjunto.
Hay que facilitar la igualdad de oportunidades disminuyendo las desigualdades
Este cuarto pilar del Estado del Bienestar es también esencial para garantizar una igualdad de oportunidades para las criaturas de familias trabajadoras de escasos recursos, que son las que en España tienen menos acceso a las escuelas de infancia, creando con ello un déficit educativo que los marca para el resto de sus vidas, poniéndolos en situación de desventaja con respecto a las criaturas que han podido acudir a estas escuelas de infancia. Por todas las razones expuestas anteriormente, tal derecho debería establecerse como un derecho fundamental en la Constitución Española, lo cual no existe en el documento marco de nuestra democracia.
Y sí, se pueden pagar los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar, fundamentales para conseguir la igualdad de la mujer, mejorar la calidad de vida de las familias, reducir las desigualdades por clase social y por género, y resolver el enorme problema del desempleo en España
Por último, es justo subrayar que la no existencia de este derecho no se debe a causas económicas (falta de recursos), sino a causas políticas. El país dispone de recursos suficientes para financiar tal derecho. En el caso de los servicios de atención a la dependencia, aunque el coste total sería en 10 años de 11.680 millones de euros, en realidad a tal cantidad deberían sustraerse 4.719 millones, los cuales se obtendrían de los impuestos y cotizaciones sociales de la nueva población empleada, que podría llegar a ser de casi dos millones de personas, y también 2.140 millones que el Estado adquirirá al terminar con las desgravaciones relacionadas con la dependencia, que dejarían de existir para convertirse en servicios públicos. Ello determinaría que el coste total sería de 4.821 millones que, divididos en 10 años, equivaldrían a aproximadamente 500 millones anuales, una cantidad muy asumible por el Estado español (ver el documento «El cuarto pilar del Estado del Bienestar. Una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género», propuesta preparada por el JHU-UPF Public Policy Center para el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados).
No es un problema económico: es un problema político
A lo largo de esta exposición he mostrado la clara relación entre los dos principales problemas que tiene España: la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (incluso más acentuada entre los menores de 16 años) y las enormes desigualdades por clase social y por género. Este artículo muestra cómo están claramente relacionados y responden a una causa común: el enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado español, que determina la aplicación de políticas públicas claramente regresivas que favorecen los intereses de las clases más pudientes a costa de los intereses de la mayoría de la población y, muy en particular, de sus clases populares. La mejora del bienestar de estas clases populares pasa por la movilización para cambiar y revertir las políticas regresivas y de austeridad que han dominado la vida pública del país y de la UE durante varias décadas. Tales políticas, de continuarse, llevarían a un incremento de la pobreza y de las desigualdades. La solución pasa por desarrollar políticas públicas redistributivas que mejoren la calidad del mercado de trabajo y aumenten la ocupación (y, sobre todo, la buena ocupación) mediante la expansión del estado del Bienestar, con pleno desarrollo de su cuarto pilar, para avanzar hacia la igualdad de género, el mejoramiento del empleo y ayudar a las olvidadas familias españolas a alcanzar el nivel de calidad de vida que se merecen.
Para hacerlo es importante tomar como punto de referencia la experiencia de los países escandinavos, que han sido gobernados por coaliciones de partidos progresistas de izquierdas durante la mayor parte del período posterior a la II Guerra Mundial. Sería aconsejable que, en estos momentos históricos en España en los que se está experimentando con un gobierno de coalición de izquierdas, se tomaran como punto de referencia tales experiencias, no para copiarlas, pero sí para darnos seguridad de que sí se puede hacer lo que pedimos, pues otros lo han hecho antes que nosotros. Hay que ser conscientes de que las derechas de siempre utilizarán los argumento de siempre: que no hay dinero, que arruinarán el país, etc. La respuesta es fácil: miren qué ha pasado en aquellos países gobernados por dichas coaliciones de izquierdas. Incluso el Foro de Davos, el Vaticano del neoliberalismo, ha reconocido que sus economías están entre las más eficientes hoy en el mundo. En realidad, la equidad social es fundamental para conseguir una economía al servicio de la gran mayoría de la sociedad. La evidencia científica que apoya esta observación es abrumadora, aunque no lo verán así en los principales medios de información y persuasión que existen en el país. Es triste ver que, en el debate en La Sexta Noche entre dos economistas, el que supuestamente es de izquierdas dijera que, a la larga, no había otra solución que recortar las pensiones así como los salarios y empleo públicos, que ya son de los más bajos que existen en la UE-15. Ahora bien, está claro que está surgiendo un deseo de cambio profundo que abre toda una serie de esperanzas y que constata que la solidaridad es más necesaria que nunca para salir de la pandemia y también de la profunda crisis económica que vive la población española y, muy en particular, sus clases populares.
Vicenç Navarro es catedrático emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; Director del JHU-UPF Public Policy Center.