Se suele apuntar a la crisis económica como causa del cierre de empresas y el paro. Muchas veces, sin embargo, esto es más bien una excusa para disfrazar prácticas irregulares o una mala gestión. Los dos hoteles que integraban el Grupo Sidi -Sidi Saler en Valencia y el Sidi San Juan en Alicante- han cerrado […]
Se suele apuntar a la crisis económica como causa del cierre de empresas y el paro. Muchas veces, sin embargo, esto es más bien una excusa para disfrazar prácticas irregulares o una mala gestión.
Los dos hoteles que integraban el Grupo Sidi -Sidi Saler en Valencia y el Sidi San Juan en Alicante- han cerrado sus puertas y han dejado 180 trabajadores en la calle. El grupo empresarial, presidido por el alemán Manfred Stier, ha justificado la clausura de los dos hoteles por los efectos de la crisis y la situación de insolvencia de la compañía.
Pero la historia del cierre de estos dos hoteles de cinco estrellas, ubicados en primera línea de playa, y nacidos a mediados de los 70, al calor del «boom» turístico e inmobiliario en la costa valenciana, resulta bastante más compleja. Ambos hoteles fueron en su día un referente del turismo de lujo, aunque en los últimos años habían perdido parte de su antiguo esplendor.
La historia no puede contarse disociada de la figura de Stier, propietario y principal accionista de Sidi Hoteles SA. De trato paternalista y empresario hecho a sí mismo, saltó a las páginas de los periódicos, en diciembre de 2008, como una de las 67 personas nacidas o residentes en España con dinero en el paraíso fiscal de Liechtenstein y a las que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando. Stier habría ocultado al fisco, según estas informaciones, tres millones de euros.
Tampoco puede entenderse la cuestión sin la polémica originada en el País Valenciano por la aprobación, en 1988, de la Ley de Costas. Con una primera línea de playa sembrada de chalés, chiringuitos y construcciones irregulares, los deslindes previstos en el texto legal, que recuperaban el dominio público marítimo-terrestre, desenterraban el eterno conflicto entre la protección de la costa y los derechos del propietario.
El deslinde de El Saler, aprobado en diciembre de 2007, incluía el Hotel Sidi Saler de Valencia dentro de los 3.900 metros de dominio público marítimo-terrestre. En la práctica, esto significaba que Manfred Stier perdía los derechos de propiedad sobre el hotel en favor del Ministerio de Medio Ambiente, aunque se le cedía la explotación durante 30 años, prorrogables por otros 30. El litigio por la titularidad está aún hoy en día en los tribunales.
Pero lo importante es que antes de que se apruebe el deslinde, se fragua una operación financiera de compra-venta que está en el origen de la crisis actual. Consciente de la devaluación del hotel al incluirse en el dominio público marítimo-terrestre y perder su condición de propietario, el hotelero alemán vende por cerca de 30 millones de euros al BBVA y al Banco de Valencia el Sidi Saler y el Sidi San Juan. A continuación, las dos entidades financieras ceden en régimen de «Leasing» (alquiler con derecho a compra) los hoteles a sus antiguos propietarios.
Grupo Sidi decide cerrar los hoteles en enero de 2011 y apunta como justificación las pérdidas acumuladas -cerca de 12 millones de euros entre 2008 y 2010- como consecuencia de la crisis económica. Un total de 180 trabajadores, a los que la empresa adeuda las nóminas de tres meses más dos pagas extraordinarias, se quedan sin empleo y comienzan a movilizarse.
Según Mateo Torres, presidente del Comité de Empresa del Hotel Sidi Saler por UGT, «estamos absolutamente sorprendidos e indignados por la actuación de la empresa; han cerrado unos hoteles que consideramos viables sin darnos más que explicaciones peregrinas. El presidente del grupo ha llegado a decirnos incluso, en su habitual tono paternalista, que disolvía la empresa por motivos de salud».
Hay una pregunta clave en el proceso, sin embargo, que permanece sin respuesta. ¿Dónde están los cerca de 30 millones de euros ingresados por la venta de los hoteles al BBVA y Banco de Valencia? Fuentes del Comité de Empresa sospechan que el dinero ha ido a una fundación -Inva Stiftung- de la que se desconoce su objeto y los intereses a los que responde. De hecho, documentación aportada por la empresa señala el ingreso de 42 millones de euros en las cuentas de esta fundación.
Otro dato que mueve a la sospecha es que antes de la venta en 2007 de los dos hoteles a BBVA y Banco de Valencia, el Grupo Sidi arrojaba beneficios. Es a partir de la enajenación de su patrimonio hotelero y la firma del contrato de «Leasing» cuando los hoteles empiezan a dar pérdidas. Todo ello apunta, según los sindicatos, a una premeditada estrategia desinversora y de lucro a corto plazo por parte de la empresa.
Para redondear la jugada, el Grupo Sidi vende los dos hoteles a las entidades financieras a través de una de sus empresas (Sidi Valencia) y firma el «Leasing» a través de otra entidad del grupo (Sidi Hoteles), que es la encargada de la explotación de los hoteles, en un solo día. La urgencia de esta operación perseguía no levantar sospechas en los bancos y, con este motivo, de inmediato una empresa del grupo se encargaba de la explotación. Así lograron deshacerse de un hotel que perdería gran parte de su valor con la aprobación del deslinde de costas, y desviar presuntamente los ingresos de la venta a una fundación.
Así las cosas, la Dirección General de Trabajo ha rechazado este mes de marzo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado por la empresa para extinguir los contratos de los 180 trabajadores de los hoteles Sidi Saler de Valencia y Sidi San Juan de Alicante. La resolución, que obliga a la readmisión de todos los empleados, alega que la empresa ha sido solvente durante años, las pérdidas se registran sólo en los meses de temporada baja, y además se atisban buenas perspectivas para el sector turístico.
Los trabajadores no pueden reincorporarse a su trabajo ya que los hoteles permanecen cerrados. Han optado entonces por presentar dos demandas contra la empresa en los juzgados de lo social. La primera, para reclamar el pago de los sueldos atrasados (enero, febrero y marzo más dos pagas extraordinarias). Y una segunda, de «despido tácito», para poder cobrar los subsidios de desempleo mientras se resuelve el litigio.
Esta semana el Comité de Empresa ha solicitado además la tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de cinco meses para que se suspenda la relación laboral y que el INEM abone los correspondientes subsidios.
«Con independencia de que se hayan producido o no actos delictivos, el comportamiento de la empresa es moralmente muy reprobable; han dejado a 180 familias en la calle sólo por una estrategia empresarial que persigue ganar más dinero», concluye Mateo Torres.
Mientras los trabajadores reivindican las deudas pendientes y pugnan por sus derechos, numerosas dudas planean sobre determinadas operaciones realizadas por la empresa. De hecho, muchas de las grandes jugadas especulativas no se consuman fuera de la legalidad, sino en los oscuros recovecos que dejan las normas.
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