‘La Razón’ se ha convertido desde 2024 en el órgano de propaganda del régimen: sus dirigentes visitan Malabo y organizan encuentros entre empresarios españoles y ministros guineanos.
Un domingo de julio de 2024, los lectores de La Razón desayunaron leyendo las opiniones de Teodoro Obiang Nguema –al frente de Guinea Ecuatorial desde el golpe de 1979: el dictador en activo más longevo del mundo– sobre la monarquía española, sobre la línea aérea Madrid-Malabo, y sobre el atractivo turístico de su país. José Antonio Vera, autor de la entrevista y director de publicaciones de La Razón, escribía fascinado desde la capital guineana sobre el “impoluto Palacio Presidencial, donde relucen los mármoles y las maderas nobles”, pero no juzgó oportuno formular a Obiang ninguna pregunta sobre la corrupción del país –que en ese momento ocupaba el puesto 173 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional– o sobre el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra uno de los hijos de Obiang y otros dos altos cargos del gobierno por presunto secuestro y torturas de cuatro opositores exiliados en España. La entrevista iba acompañada de un editorial sobre “El orgullo africano de la Hispanidad”. Desde entonces, el periódico dirigido por Francisco Marhuenda y perteneciente al Grupo Planeta se ha prestado a servir de altavoz a una campaña de blanqueamiento de la imagen del régimen, e incluso ha promovido activamente su búsqueda de inversiones extranjeras.
Basta visitar las noticias con la etiqueta “Guinea Ecuatorial” en la web del diario para ver el despliegue realizado. Todavía en febrero de 2024 La Razón informaba sobre la orden de detención internacional dictada por la Audiencia Nacional contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador. A partir de esa fecha, el tono de la cobertura cambia de forma sustancial: una amable entrevista al arzobispo de Malabo, “Guinea Ecuatorial, la joya tropical más desconocida y salvaje de África Central”, “un mercado exportador en pleno crecimiento”, “puerta de entrada a África para las empresas españolas” e incluso “un paraíso por descubrir”. No más noticias sobre el juicio por secuestro y torturas de disidentes; ninguna referencia a los dos trabajadores españoles encarcelados desde enero en la prisión de Black Beach tras una “detención arbitraria”.
El objetivo último de esta campaña se intuye leyendo otro artículo del propio Vera en torno al “despegue de Guinea Ecuatorial”, donde lamenta que “inviertan allí chinos, franceses, italianos y hasta surcoreanos y rusos y, sin embargo, no hay apenas presencia de empresas españolas”. En la misma línea apunta el título del suplemento en papel encartado con el periódico en agosto de este año: “Guinea Ecuatorial. El gran salto adelante”. A lo largo de 60 páginas, con publicidad incluida de un hotel guineano y del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, La Razón trata de persuadir a los empresarios españoles para que inviertan en uno de los países más opacos y autoritarios del mundo.
El suplemento consta de varios publirreportajes sobre la economía ecuatoguineana, entrevistas con una exministra de Obiang y con supuestos expertos y varias páginas sobre los atractivos turísticos del país.
La publicación monográfica incluye dos tribunas que atestiguan las buenas conexiones de la dictadura con las élites de nuestro país. Una la firma José F. Estévez, abogado y vicepresidente de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados. Este es uno de los bufetes de referencia del régimen de Obiang, ya sea para asuntos penales, en los arbitrajes internacionales cuando incumple acuerdos con empresas, o para impartir cursos a jueces, magistrados y fiscales de Guinea Ecuatorial. El despacho llegó a figurar como apoderado entre 2017 y 2021 de SOMACOR PROYECTOS ESPAÑA SL, una empresa creada por Anita Mbasogo Obiang Mangue, hija del dictador.
Otra de las tribunas la escribe el magistrado y socio de Ramón y Cajal Abogados, Javier Gómez Bermúdez, que es el letrado que ejerce la defensa de los altos cargos guineanos acusados de secuestro y tortura de cuatro disidentes exiliados en España.
Este reportero se ha puesto en contacto con Francisco Marhuenda y otros directivos de La Razón para tratar de conocer detalles sobre el acuerdo alcanzado entre el periódico y el gobierno de Guinea Ecuatorial, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco el Ministerio de Información, Prensa y Cultura del país africano ha contestado unas preguntas al respecto.
Ministros de Guinea Ecuatorial en la sede de La Razón
Más allá de los contenidos propagandísticos publicados en el periódico, que incluyen un faldón permanente en la portada de la web con “noticias” sobre Guinea Ecuatorial, La Razón ha organizado una serie de encuentros para transmitir una imagen positiva del país. Según el último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Guinea Ecuatorial existen evidencias creíbles de “tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; detención o encarcelamiento arbitrario; represión transnacional contra personas en otro país; restricciones graves a la libertad de expresión, incluida la censura; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; y prohibición de los sindicatos independientes”.
En abril de 2025, una delegación de La Razón compuesta por Andrés Navarro Toledo, consejero delegado, y el citado Vera, se reunió con Obiang en el Palacio del Pueblo de Malabo para “intercambiar impresiones sobre el interés de este medio de comunicación por profundizar en el conocimiento de la realidad de nuestro país”.
A lo largo de 2025, ya en España, se han celebrado hasta tres encuentros y mesas redondas con empresarios y periodistas para vender las “oportunidades de inversión” y el “atractivo turístico” de la excolonia española. A finales de 2024 se celebró en Madrid el I Foro Guinea Ecuatorial-España, oportunamente cubierto por el periódico de Marhuenda, por iniciativa de KBCF Consultores y con el apoyo de Avante Comunicación, una compañía española de relaciones públicas que en septiembre de 2024 se convertía en “la primera agencia de medios de Guinea Ecuatorial”.
Según una investigación publicada en Diario Rombe, un medio dirigido desde el exilio español por el periodista Mocache Massoko, KBCF Consultores SL es una empresa “creada con un capital social ridículo de 3.000 euros, con la clara intención de servir como fachada para estas operaciones de relaciones públicas”. Siguiendo a Massoko, “en septiembre de 2024, se da un nuevo paso con la creación de Avante Guinea Ecuatorial, una filial de Avante Comunicación S.L., cuyo administrador único es Jesús Suso Teixidor. Esta filial guineoecuatoriana está dirigida por Sharon O. Bindang, hija de Mariola Obiang Bindang, una de las figuras más poderosas del régimen de Obiang”. Consultado por este medio, Suso Teixidor asegura “desconocer la relación que existe entre La Razón y el gobierno de Guinea Ecuatorial” y añade que, en caso de existir, “Avante no participa en ella”.
Suso Teixidor no aclara cuál es la relación entre su agencia, el periódico y el encuentro de inversores en Madrid, aunque aparece citado en el monográfico en papel publicado por La Razón hasta en tres ocasiones y en tres publirreportajes distintos. En dos de ellos sale citado como CEO de Avante, y en otro como “geógrafo y especialista en desarrollo sostenible”.
Tampoco explica Teixidor su presencia en el último evento organizado en el marco de esta campaña de blanqueamiento. El pasado 11 de diciembre, La Razón organizó en su sede madrileña un desayuno informativo en torno a la diversificación económica de Guinea Ecuatorial. El encuentro, presentado por Marhuenda, contó con las intervenciones de Guillermina Mekuy, exministra de Cultura y Turismo en Guinea Ecuatorial; Job Obiang Esono Mbengono, ministro secretario general de la Presidencia del Gobierno de Guinea Ecuatorial; Jerónimo Osa Osa Ecoro, ministro de Estado de Información, Prensa y Cultura; Iván Bacale Ebe Molina, ministro de Hacienda, y Antonio Oburu Ondo, titular de Hidrocarburos y Desarrollo minero.
Aunque La Razón no ha publicado ningún contenido en su web sobre este encuentro, la oficina de prensa de la embajada de Guinea Ecuatorial ha difundido fotografías y vídeos del evento. En ellas aparecen personalidades como el abogado y expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez, o el empresario Enrique Cerezo.
Este medio ha intentado hasta en tres ocasiones recabar la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre la visita de estos cuatro ministros ecuatoguineanos a nuestro país, pero no ha obtenido respuesta.
“Hablar de seguridad jurídica en Guinea es irresponsable”
Una empresaria establecida en Guinea Ecuatorial, que prefiere mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, considera desde su experiencia profesional y conocimiento directo del funcionamiento político y económico de Guinea Ecuatorial, que los mensajes difundidos por La Razón presentan “una imagen que no se corresponde con la práctica diaria que afrontan las empresas extranjeras en el país”.
Bajo el punto de vista de esta empresaria, los contenidos publicados por el diario madrileño “omiten deliberadamente cuestiones esenciales como la ausencia de independencia judicial, la arbitrariedad administrativa, la corrupción estructural y el uso del aparato del Estado como mecanismo de presión económica. Hablar de ‘seguridad jurídica’ en Guinea Ecuatorial, sin matices ni advertencias, no es solo inexacto, sino profundamente irresponsable, especialmente cuando puede inducir a error a empresarios e inversores que desconocen el terreno”.
El informe Basel AML Index 2025, publicado hace pocos días por el Basel Institute on Governance y que mide la vulnerabilidad de un país ante el blanqueo de capitales y su capacidad para responder, sitúa a Guinea Ecuatorial como el quinto Estado del mundo con mayor riesgo de blanqueo de capitales.
“La palabra que mejor define la experiencia del inversor extranjero en Guinea Ecuatorial es incertidumbre”, continúa esta fuente, “las exacciones económicas informales por parte de funcionarios públicos –pagos en efectivo, tasas no previstas legalmente, “contribuciones extraordinarias”– forman parte del día a día. Si una empresa se niega a pagar, se expone a represalias inmediatas: paralización de expedientes, bloqueo de pagos, rescisión de contratos o incluso amenazas personales contra sus directivos”.
Juan Aranzadi, antropólogo experto en Guinea Ecuatorial, escribe en un reciente ensayo –“Genealogía del Estado cancerbero nguemista”, publicado en Proceso y legado de la descolonización española en África (Bellaterra, 2025)– que, en este país africano, “la Mafia estatal vive de la apropiación privada exclusiva de las riquezas de origen nacional y extranjero que pasan la puerta fronteriza del Estado (…) Esa prohibición de centros de poder y riqueza alternativos hace depender la supervivencia económica de la población de su dócil sumisión al poder del Estado y de su integración económica en una jerarquía piramidal de clientelismos y corruptelas”.
“El riesgo no es teórico, es real, recurrente y sistémico”, asegura esta empresaria, “actualmente numerosas empresas llevan entre seis y ocho meses sin cobrar, pese a haber ejecutado íntegramente los contratos. Los empresarios, atrapados entre el miedo y la necesidad de recuperar su inversión, optan por el silencio”.
Nuevos negocios después del petróleo
Esta operación del gobierno ecuatoguineano se produce en un momento en que el negocio petrolífero, el tradicional pilar económico del régimen, está en caída libre. Siguiendo las estadísticas oficiales de Guinea Ecuatorial, en 2024 los ingresos por exportación de petróleo disminuyeron un 20% respecto al año anterior. Durante el verano de 2024, el gobierno se vio obligado a practicar una serie de recortes para compensar la merma de su producción petrolífera. En la última década, el PIB de Guinea Ecuatorial ha pasado de 16.383 millones de euros en 2014 a 11.801 millones en 2024, encadenando varios años sucesivos con caídas de hasta el 6,2%.
El sector de los hidrocarburos representa todavía el 39 % del PIB del país y el 76 % de las exportaciones totales, según datos del Banco Mundial. Esa misma institución recomendaba a Malabo en marzo de 2025 iniciar una “diversificación económica lejos del petróleo”, y el propio Obiang reconoció el pasado octubre la necesidad de invertir en otros sectores para superar la dependencia petrolífera. Teodorín Obiang, el millonario vicepresidente e hijo del dictador llamado a heredar el poder, ha orientado su actividad al sector maderero antes que a los hidrocarburos.
Es precisamente esta estrategia de diversificación la que el gobierno ecuatoguineano presentó en su último evento junto a La Razón. El imperio del Grupo Planeta se posiciona se ha convertido en la agencia de relaciones públicas del régimen e intermediario con el gran capital español. En las últimas dos décadas, el núcleo duro del lobby guineano en España lo formaban políticos socialistas –Bono, Moratinos, Zapatero–, pero ahora el gobierno de Guinea Ecuatorial busca apoyo en otros sectores. Desde Malabo, engrasa los ejes Jorge Moragas, exjefe de Gabinete de M. Rajoy, que fue nombrado en abril Encargado de Negocios de la Embajada de España.