Esta semana el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad Irene Montero, interrumpían sus vacaciones en Asturias. Se hospedaban en una casa familiar del diputado y secretario general del PCE Enrique Santiago, en el municipio de Felgueras, en el valle del Lena.
La ubicación del domicilio se difundió por redes sociales, animando a acudir a la misma a mostrar repulsa contra los dos integrantes del Gobierno. Pronto aparecieron las pintadas en las proximidades, insultos y las amenazas en las redes. Iglesias y Montero ponían fin a su estancia vacacional este lunes y regresaban a Madrid. Cuando llegaban a su domicilio, de nuevo manifestantes en su puerta. Ayer, martes, otra vez.
Durante más de tres meses grupos de ultraderechistas se concentran en las inmediaciones del domicilio particular del vicepresidente y la ministra. Los gritos se escuchan desde el interior de la casa, donde viven también sus tres hijos pequeños. A pesar de la constante presencia de agentes, esta no evita que se aproximen a la propiedad privada. Cargos públicos de Vox han animado al acoso en el entorno de la vivienda.
El pasado mes de julio la jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Collado Villaba archivaba la querella que había interpuesto Montero contra Cristina Gómez Carvajal, edil de Vox en Galapagar, por coacciones y acoso diario tanto en las proximidades de su domicilio como en las redes sociales. La ministra de Igualdad recurría después ante la Audiencia Provincial de Madrid. La formación de Santiago Abascal anunció que iba a expedientar a la edil por sus comentarios en redes sociales.
En el mismo sentido, Iglesias se querellaba contra Miguel Ángel Frontera, uno de los instigadores de las protestas en su domicilio, por los delitos de coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Este individuo, según se recogía en la querella presentada por el vicepresidente, habría llegado a subirse a la valla del domicilio para grabar su interior. Se han presentado más denuncias por este asunto.
El vicepresidente Iglesias publicaba ayer en redes sociales un comunicado en el que reconocía: “Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso”. “No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres, pero hay millares de niños en situaciones mucho más vulnerables. No va conmigo el victimismo”, continuaba.
“Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo”, aseguraba Iglesias, prosiguiendo: “El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo es, para nosotros, la mayor motivación para seguir”. También Montero escribía en redes sociales, agradeciendo a quienes han mostrado su solidaridad con la familia estos días. “La extrema derecha y sus medios saben que solo con miedo y odio pueden frenar el avance de la democracia y los derechos sociales. Su agresividad es su debilidad”, publicaba la ministra. “No perdemos la perspectiva y seguimos cumpliendo nuestra tarea. Los avances sociales y democráticos siempre tienen enemigos. Frente al odio, justicia social y democracia”, concluía.
El acoso a políticos de Unidas Podemos durante este verano no culmina con el capítulo de Iglesias y Montero. El pasado 24 de julio la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participaba en un acto en Toledo. Al salir, un grupo de manifestantes insultaba y golpeaba el vehículo en el que se desplazaba la integrante del Gobierno de España. “Roja de mierda”, “golfa” e “hija de puta” fueron algunos de los improperios que le lanzaron a la componente del Consejo de Ministros.
Un día después, el 25 del mes pasado, la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop y el exdirigente morado Juan Carlos Monedero eran objeto de insultos y amenazas en un establecimiento en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. En IU, tal y como contaba cuartopoder, ven con preocupación el aumento de agresiones, ataques y amenazas a sus militantes en los últimos meses.
Urbán: «La impunidad actual hace que puedan dar pasos más allá»
El eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán publicaba el año pasado el libro La Emergencia de Vox, en el que analiza el recorrido de la ultraderecha en España tras la muerte del dictador, así como la comparación de este fenómeno con otros países europeos. Le preguntamos por la situación actual en España y el acoso a dirigentes y activistas de izquierdas. “En España hay una notable impunidad con la extrema derecha, una impunidad que está muy vinculada con la impunidad de la dictadura y sus crímenes”, considera el eurodiputado.
La situación que viven Iglesias y Montero, según Urbán, “no sería pensable en ningún otro país europeo”, así como “tampoco sería pensable que pasara eso en España con una familia del PSOE, del PP o de la extrema derecha”. “Se les ataca por sus ideas y actividad política”, afirma, y advierte de que “se está generando una impunidad muy peligrosa porque va a alentar estas actitudes de acoso”. “La impunidad actual hace que puedan dar pasos más allá. Hay que cortar esto”, declara.
“En España hay un incipiente terrorismo ultraderechista”, analiza, poniendo como ejemplo que “en Miranda de Ebro se encontrara hace poco a un ultra con un arsenal de armas” o que “se hayan cometido dos atentados contra centros de menores no acompañados después de campañas de señalamiento de Vox”. “Hay un incremento de un terrorismo de baja intensidad en España previo a lo que podrían ser atentados de mayor envergadura”, advierte.
Y recuerda que a nivel internacional, “el terrorismo ultraderechista es de los que más actividad mantienen”. Pone como ejemplos que en Estados Unidos el FBI lo considere como una amenaza terrorista o a países europeos como Alemania, “donde ha habido diferentes atentados contra políticos o personas migrantes en los últimos años”, o Italia. Recuerda que Ucrania y el conflicto bélico en este país es escuela para grupos paramilitares internacionales y que “existe una relación directa entre el aumento del apoyo electoral a la ultraderecha y el aumento de la propia incidencia de la actividad de este tipo de terrorismo”.