Tras la apuesta de Eurovegas cualquier cosa es imaginable. Mena, el conseller del gobierno catalán, tiene el mismo apellido que el ex fiscal Mena. No hay muchas más coincidencias. «Mena dejó sin renta mínima al 34% de los beneficiarios que investigó. El Síndic de Greuges critica que cientos de esos perjudicados siguen sin cobrar un […]
Tras la apuesta de Eurovegas cualquier cosa es imaginable. Mena, el conseller del gobierno catalán, tiene el mismo apellido que el ex fiscal Mena. No hay muchas más coincidencias.
«Mena dejó sin renta mínima al 34% de los beneficiarios que investigó. El Síndic de Greuges critica que cientos de esos perjudicados siguen sin cobrar un año después», así titulaba Lluís Pellicer un artículo reciente en el que tomamos pie [1].
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el que fuera secretario general del PSUC y de Iniciativa per Catalunya, ve en la crisis de la renta mínima de inserción (RMI) -un supuesto instrumento «integral de lucha contra la pobreza» para atender las necesidades básicas de ciudadanos en riesgo grave de exclusión social- que se produjo en el verano de 2011 un ejemplo de manual de «mala gestión» de la Administración [2]. ¿Por qué? ¿Izquierdismo? Por lo siguiente:
El gobierno de Mas-Eurovegas, a través del conseller Francesc Xavier Mena, suspendió la ayuda de 426 euros para hogares sin ningún ingreso -insisto: sin ningún ingreso– a 7.127 beneficiarios, un 34% de los 20.969 expedientes «revisados» -¿quiénes controlaron la revisión?- entre agosto y diciembre de 2011. El Síndic recibió más de 1.300 quejas de los afectados. El grueso corresponde a ciudadanos o ciudadanas que forman parte de esos 7.127 casos «a quienes posteriormente se les reconoció el derecho a esa ayuda, a pesar de que muchos de ellos todavía no hayan vuelto a cobrarla o tengan pendientes el cobro de meses anteriores».
Rafael Ribó ha reiterado la conclusión que expuso en marzo de 2012 en el Parlament de Cataluña: la crisis de la RMI fue un caso de la mala praxis. En idénticos términos se manifestó su adjunto, Jordi Sánchez. ¿Sólo mala praxis o perversas intenciones político-económicas de fondo? En el proceso de revisión, concluye el informe del síndic, se produjeron «actuaciones incorrectas o faltas de las garantías necesarias». Consecuencias: los afectados «se vieran privados de los recursos imprescindibles para hacer frente a las necesidades básicas de las familias». ¡Que les den!
El Departamento de Empresa y Empleo centraliza la ayuda. Un portavoz ha apuntado una reflexión esencial y ejemplar, tomen nota: el consejero «ha tomado nota» del informe que el Síndic remitió al conseller el pasado 8 de junio. Muchos afectados de quienes dejaron de cobrar en agosto de 2011 no volvieron a percibir la RMI hasta enero de 2012, «sin recibir ninguna explicación de por qué no iban a cobrar los meses anteriores». ¿Para qué perder tiempo? ¿No les recuerdan viejas y rancias declaraciones en tiempos de silencio y resistencia?
Las entidades sociales tienen una conjetura que merece ser pensada: la Generalitat tiene la voluntad de ahorrar «gastos sociales» con la prestación. Lluís Pellicer muy oportunamente recuerda que el nunca suficientemente admirado consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, el ex cuadro universitario del PSUC, ponía como ejemplo de medida de ahorro la decisión de su gobierno sobre el PIRMI «en una videoconferencia con inversores internacionales». En excelente inglés atolondrado de Harvard. Por supuesto.
Me olvidaba: la Generalitat de CiU -Unió es un partido democristiano-, los piadosos miembros del gobierno Mas-Mas-Colell han endurecido las condiciones de acceso al subsidio, por un parte, y han paralizado la tramitación de expedientes por otra, hay unos 10.000 pendientes. No tienen tiempo: ¡están contando los euros de «ayuda» desinteresada de Ferrovial y de unas cuantas multinacionales más!
Notas:
[1] Lluís Pellicer, «Mena dejó sin renta mínima al 34%….» El País, 17 de agosto de 2012, pp. 1-2 (edición Cataluña)
[2] Homs, el portavoz del gobierno catalán, el que llamó macarra a Cristóbal Montoro (no afirmo sin ninguna razón), se la tiene jurada. Dice que el síndic hace política.
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