Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado […]
Francisco Báez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseñado y destacado su obra
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De nuevo le molesto y le robo tiempo. Para no repetirme: mi fuente, en casi todos los casos, es usted de nuevo. Empecemos por San Sebastián: » http://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201610/14/aparece-contaminacion-solar-donde-794317.html La parcela del nuevo polideportivo de Altza está contaminada con amianto. Se realizará un seguimiento periódico para descontaminar el suelo.» ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se comprobaron las cosas antes? ¿De dónde esa contaminación por amianto?
Se trata de los terrenos de asentamiento de la fábrica de productos de amianto-cemento «Toschi Ibérica» -que también se denominó «Tellita»- o de los de su inmediato entorno. Salvando las diferencias de dimensión y de circunstancias concretas, se trata de un caso similar a los de «Ibertubo» en Toledo, o de «Uralita» en Sevilla, en la barriada de Bellavista. En todos los casos, en su momento el desmantelamiento no se realizó correctamente, y ahora afloran los problemas, porque el amianto es indestructible, y, evidentemente, sólo no se va a desaparecer.
Me llega esta recomendación, de usted por supuesto: «Interesante alegato de denuncia, de Juan Carlos Paul: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Amianto-sustancia-inmoral_6_569103127.html «. ¿Qué le ha parecido de interés? ¿Exagera ell autor cuando escribe: Las empresas no se lo han pensado dos veces a la hora de recurrir al engaño y la ocultación con el amianto, sacrificando la salud de los trabajadores, de sus familias y del resto de la población, para proteger sus beneficios»? ¿Sin excepciones? Por cierto, ¿quién es Juan Carlos Paul?
Comenzando por lo último: se trata del presidente nacional de la federación de asociaciones de víctimas del amianto, de España, «FEDAVICA».
Claro, claro, me había olvidado.
Sus palabras ponen el dedo en la llaga de lo que ha sido la tónica general de los empresarios del asbesto, y de ello existen ejemplos verdaderamente sangrantes. En los litigios, frecuentemente niegan descaradamente las más palmarias evidencias (por ejemplo: afirmar que en su empresa no se manejaba amianto, y al propio tiempo quedar acreditado por las pruebas documentales aportadas por la parte demandante, que dicha empresa fue importadora del referido mineral, durante años, según consta en los registros de los aranceles aduaneros). Tachando, implícita o explícitamente, de embusteros y de estafadores a los familiares del fallecido trabajador del asbesto, y acusándoles de querer aprovecharse económicamente de la (como si fuera una cuestión de mera mala suerte) «desafortunada» desgracia acaecida a su pariente, llegando hasta el extremo de incluso hacerles llorar, de rabia y de indignación.
Todo esto lo digo como mero ejemplo. Así que suscribo íntegramente las palabras del amigo Juan Carlos. Muchas más voces «sin pelos en la lengua», que hagan públicas sus respectivas denuncias ante la opinión ciudadana, es lo que necesitamos en España, en la que llevamos décadas estancados con unos mismos déficits, de sub-registro, de falta de legislación adecuada, etc.
Le hablo ahora de este enlace: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7891097/10/16/Defensa-indemniza-con-143000-euros-a-la-familia-de-un-capitan-de-navio-que-murio-de-cancer-por-el-amianto-de-los-buques.html ¿Hay discriminaciones en estos casos? Si en lugar de ser la familia de un capitán de navío, fuese la de un simple marinero. ¿Defensa hubiera actuado igual?
No dispongo de elementos de juicio para poder pronunciarme. Meramente diré, que el amianto no entiende de galones, y que en todo caso, lo que razonablemente cabe esperar es que quien esté más expuesto, sea aquel que haya estado laboralmente más próximo al origen del riesgo, cosa que perfectamente podría corresponderse con los casos aflorados, y conocidos por la opinión pública, a través de la circunstancia de su respectiva indemnización alcanzada, con mayor o menor pugna, en cada una de esas oportunidades. Sin embargo, debo de puntualizar, que por lo que respecta al mesotelioma, no hay lejanía que valga: todos los puestos de trabajo del mismo centro de trabajo en el que se manejó el asbesto, suponen igualmente un riesgo de exposición suficiente para haber podido desencadenar la susodicha patología maligna, relacionada con el amianto.
¿Qué ha pasado en Toledo recientemente? Son muchas las informaciones que me han ido llegando. ¿Qué vertidos ilegales de amianto-cemento son esos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es actualmente la situación?
Los vertidos ilegales los realizó la empresa «Ibertubo», con ocasión del desmantelamiento de su fábrica, y coincidiendo, en la finalización del vertido ilegal, con la desaparición de la propia empresa. A mi modo de ver, lo más peligroso consistió en el vertido en esos terrenos y en el cauce adjunto de los lodos de fabricación, porque eso supone que, al secarse, esos lodos portaban amianto friable, no encapsulado.
Déjeme recordar al lector la noción de amianto friable: «término utilizado para describir cualquier material que contiene amianto , que cuándo se seca puede ser fácilmente pulverizado con la mano . El material que contenga más del 1% de amianto y que sea friable se denomina RACM, (siglas en inglés de Regulated Asbestos-Containing Material).
De acuerdo, prosigo con lo que estaba explicando. El volumen estimado para los residuos de amianto-cemento que constituyen el vertido, ha sido el equivalente a un peso de unas 90.000 toneladas, depositadas a menos de 300 metros de distancia de una barriada en la que moran unos 22.000 habitantes. Salen a 4’1 toneladas per capita.
Las autoridades concernidas arrastran una doble responsabilidad: primero, por haber consentido tal descomunal despropósito, y después, por haber permitido que esa situación de haya estado manteniendo durante… ¡catorce años!, a despecho de las reiteradas protestas de los vecinos, de las organizaciones ecologistas, y de los grupos políticos de la oposición existente en cada ocasión.
En estos momentos, no está nada claro qué solución (soterramiento in situ, o traslado a vertedero autorizado), será la que se adopte. Imagino que el factor económico será decisivo. Con un problema infinitamente menor, en un caso acaecido en la provincia de Huesca, con intervención del SEPRONA, Servicio de la Guardia Civil con competencia para intervenir en este tipo de atentados al medio ambiente, la solución que finalmente se adoptó, fue la del soterramiento.
¿Y la solución ideal, la mejor?
La solución ideal, desde el punto de vista higiénico, pero, al propio tiempo, la más costosa, sería la de la retirada de los residuos, para su posterior inertización, mediante un tratamiento a muy altas temperaturas.
No he tenido oportunidad de llegar a tener conocimiento de qué medios se han valido para evaluar la eventual dispersión de las microscópicas fibras de amianto, en la atmósfera que sobrevuela los terrenos. No he llegado a conocer el texto del informe emitido por EMGRISA, empresa perteneciente al SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y por lo tanto vinculada a la misma administración pública que es uno de los protagonistas responsables de todo este desaguisado. Informe que sólo ha sido dado a conocer parcialmente a las asociaciones ecologistas y de vecinos, personadas en las gestiones reivindicativas ante las administraciones públicas concernidas por el problema.
También nos agradaría conocer en qué consisten, en concreto, los diez medidores que, según un reportaje publicado, va a adquirir, o ya ha adquirido, la Plataforma «Mi barrio sin amianto».
En mi opinión, todo lo que no sea hacer uso de microscopía electrónica y de sonda isodinámica, que neutralice las distorsiones originadas por el viento, sería solamente un «analgésico» para adormecer a la justificadísima «alarma social».
Remarco la expresión usada: justificadísima.
Aun con esas previsiones de técnica analítica, no todos los días son válidos para hacer las mediciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas (lluvia, viento fuerte). No todas las épocas del año son las más idóneas para estos menesteres.
Teniendo presente todo el tiempo durante el que el foco de polución ha estado activo, y teniendo en cuenta el dilatado tiempo de latencia de las patologías asbesto-relacionadas, y particularmente por lo que respecta al mortal e incurable cáncer llamado mesotelioma, no sería de extrañar que una vez transcurridos aproximadamente otros tantos catorce años, o cifra similar, comenzara, por desgracia, a aflorar un cluster de casos cuya etiología correspondería a esa polución que habría podido ser perfectamente evitable y que, además, era lo legalmente obligado haberla impedido, o en su defecto, haberla corregido de inmediato.
Me llegó, usted de nuevo en la causa, un artículo de José A. Cano publicado en El diario: «La Seguridad Social no reconoce al 95% de los fallecidos por exposición laboral al amianto.» ¿Es así? ¿Es una política dirigida? ¿Todo vale? ¿Quiénes toman ese tipo de determinaciones? El artículo empezaba así: «Entre 2007 y 2011 murieron en España 1.297 personas por mesotelioma pleural, un tipo de cáncer de pulmón provocado por la exposición al amianto. De estos, al menos 1.100, entre el 80% y el 85%, estuvieron expuestos a dicho material por causas laborales, pero la Seguridad Social sólo reconoció 50 casos, catalogándolos como enfermedad profesional. A ellos hay que añadirles los enfermos de carcinoma broncopulmonar, o cáncer de bronquio y pulmón, otro tipo de cáncer que puede provocar el amianto, mucho más común pero al que se le diagnostica menos como causa, y que se calcula que provoca el doble de mortalidad que el mesotelioma pleural. En cifras concretas, el 93,6% de los hombres y el 96,6% de las mujeres que fallecieron entre 2007 y 2011 en España por mesotelioma pleural no fueron reconocidos por la Seguridad Social, aumentando la tasa hasta el 98% en el caso del cáncer de bronquio y pulmón». Creo que son datos de un estudio de la Universidad de Granada, del doctor Alfredo Menéndez Navarro, un amigo suyo si no ando errado.
En el trabajo del doctor Menéndez y colaboradores, todas las cifras son igualmente de escandalosas, pero, de entre todas ellas, la que más lo es, es la correspondiente al cáncer de pulmón en mujeres: el infrarreconocimiento es del 100%. ¡No hay registrado ni un solo caso!…
En cuanto a la explicación que me pide sobre por qué están las cosas así, diría que hay diversos indicios que convergen hacia un mismo escenario. Por ejemplo, en las impresentables estadísticas españolas de fallecimientos por cáncer ocupacional, el mesotelioma no tiene (o, al menos, no tenía), ningún renglón específico para el mismo, pese a ser esa dolencia maligna la que invariablemente se lleva, año tras año, «la parte del león» en las cifras de mortalidad por cáncer laboral. Al propio tiempo, las cifras dadas para cada año, son completamente ridículas, impresentables; lo cual ha sido oportunamente denunciado en la literatura médica extranjera. Ha habido años, en los que el número de muertes reconocidas por cáncer laboral, todas juntas y sin distinguir la correspondiente patología determinante, entre ellas, ha sido de cero fallecimientos. Otros años, las cifras han sido, uno, dos, etc.
Dos incongruencias, además, se dan: el tiempo de supervivencia en el mesotelioma, por desgracia sigue siendo muy corto, por lo que si un caso es registrado como diagnosticado, en la estadística de mortalidad correspondiente al año siguiente, o como mucho, en el otro inmediatamente posterior, en la mayor parte de los casos tendrá que aparecer, contabilizado como fallecimiento sobrevenido por esa causa. Sin embargo, las cifras no cuadran, tenemos, por lo visto, unos «enfermos inmortales». Según las estadísticas, primero enferman de mesotelioma, pero luego, aparentemente, nunca se mueren.
¿La segunda incongruencia?
La otra incongruencia es la nutrida cuenta de pensiones de viudedad que satisface el mismo INSS, en concepto de fallecimiento del cónyuge por enfermedad de origen laboral, sin que al propio tiempo esas mismas defunciones sobrevenidas aparezcan por ninguna parte en las estadísticas correspondientes a los años de comienzo del trámite de solicitud de la respectiva pensión de viudedad.
Asista usted a cualquier tipo de evento sobre patologías del amianto, organizado ya sea por universidades, en ámbito hospitalario, o patrocinado por sindicatos, asociaciones de víctimas, bufetes de abogados especializados en el tema, etc., etc… Jamás verá usted asistir, y menos todavía a dar la cara, identificándose, y «entrando a trapo», a ningún médico o a cargo directivo alguno, del INSS.
Su opacidad es total. Un inspector de Hacienda, a través del estudio comparativo del consumo de energía eléctrica en una zona, puede detectar la presencia de talleres clandestinos, no declarados al fisco. De forma similar, una tasa de decesos inusitadamente alta en una empresa, por comparación con la media habitual correspondiente al conjunto de todas ellas, permitiría identificar a aquellas en las que «ha estado ocurriendo algo raro», por decirlo así. Pero no se puede hacer. El INSS, depositario de esos datos, y con sobrados medios informáticos para poder procesarlos, es la opacidad total personificada.
No podemos, por razones obvias, dar aquí el nombre de ninguna empresa de la que quepa esperar que no saldrían nada de bien paradas en esa indagación, y de la que, sin embargo, no ha aflorado hasta el presente ningún indicio, pero ese forzado silencio nuestro, por la ausencia de pruebas documentales que poder exhibir, no nos impiden ser conscientes de que, efectivamente, sí que conocemos, por circunstancias de nuestra pasada actividad sindical, de la real existencia de algunas de esas empresas… digamos que de dudosa normalidad.
Por cierto, al enlace de la anterior información usted añadía una nota: «Me pregunto si será significativo si un estudio científico como el comentado en el reportaje se haya publicado fuera de España». Le pregunto por ella a continuación.
Cuando quiera.
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