Distintas unidades policiales hicieron llegar al despacho del ministro del Interior listas de objetivos e informes falsos que trascendieron a los políticos y los partidos mucho antes de iniciarse el procés: quienes no colaboraban en los ataques al independentismo pasaron a ser sospechosos para Interior.
Desde el año 2012 y hasta 2016 distintas unidades policiales hicieron listas negras y pusieron en marcha cazas de brujas contra todo el que no colaboraba en los ataques que el Ministerio del Interior de la época orquestó contra partidos y políticos nacionalistas catalanes. Con dinero y medios del Estado fueron perseguidos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero también personalidades del mundo de la Justicia y las fuerzas del orden. Los nombres de los objetivos a perseguir estuvieron en el despacho del ministro, Jorge Fernández Díaz, quien lejos de desautorizar esas investigaciones prospectivas, prohibidas por la ley, las alentó y pidió ser el primero en recibir la información.
Toda esa guerra sucia dejó rastro en el Ministerio del Interior y las pruebas de la cacería política están saliendo a la luz a través de una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Varias de sus víctimas se han enterado de los detalles por los documentos publicados esta semana. Entre ellos, quien fue el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. El que era jefe de los fiscales de Catalunya cometió dos pecados para pasar a ser perseguido por esa brigada política que operó durante toda la legislatura en el primer Gobierno de Rajoy: defendió otras fórmulas distintas del referéndum para “conocer la voluntad de los ciudadanos”, siempre dentro del marco legal. Y abrió unas diligencias para investigar la publicación de una noticia falsa aparecida en la portada de El Mundo que atribuía cuentas en paraísos fiscales al expresident de Catalunya Artur Mas.
Suficiente. A partir de ahí se convirtió en un objetivo para esas unidades policiales que operaron durante al menos un lustro al margen de la ley, sin control judicial, para perseguir a rivales políticos del PP. El hombre de Rodríguez Sol estaba en una nota que remitió al ministro la Dirección Adjunta Operativa, liderada entonces por Eugenio Pino, un policía ya jubilado imputado en la operación Kitchen y condenado por intentar adulterar el caso Pujol. El documento no lleva firma de ningún jefe de Asuntos Internos y tampoco fecha, aunque las fuentes consultadas la sitúan entre finales de 2012 y principios de 2016.
Se titula ‘Propuesta de Investigación por informaciones recibidas’. No está ordenada por ningún juez, se trata de una investigación política a partir de rumores o medias verdades. En el último párrafo, el documento desvela qué hay detrás de lo que se pretende investigar: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”.
La policía reconoce por escrito que no tiene ningún indicio sólido pero pide profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales al margen del control judicial. El documento lleva este encabezamiento: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”.
Al jefe de los fiscales esas unidades policiales trataron de vincularlo a la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya. Las instrucciones que Jorge Fernández Díaz tuvo entre sus manos pedían bucear en los “vínculos entre el fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.
Ni entonces ni ahora hay ninguna prueba de que el fiscal, que años después se presentó en una lista de Unió a unas autonómicas, tuviera relación alguna con mordidas que pudiese recibir algún cargo del partido o comisiones ilegales fruto de la corrupción. Consultado por los informes de aquella mafia policial, Rodríguez Sol, que sigue como fiscal raso en Catalunya, ha preferido guardar silencio.
Su cese como fiscal superior de Catalunya en 2013 estuvo directamente relacionado con aquellas palabras sobre la consulta que causaron gran escándalo en algunos medios de Madrid. La conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y que fue presidida por el propio Rodríguez Sol, dijo sentirse “conmovida” por el expediente abierto por la Fiscalía General del Estado que propició la renuncia de Sol. La mayoría de asociaciones fiscales y judiciales consideraron que las palabras del fiscal debían quedar amparadas por la libertad de expresión, pero el entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, nombrado por el Gobierno del PP, perdió la confianza en él.
Ninguna asociación de fiscales ha dicho esta semana nada sobre la investigación prospectiva a Rodríguez Sol, ni comunicados de condena, ni notas solidarizándose. Silencio.
Trapero, objetivo de Interior
En esas mismas notas en el Ministerio del Interior se acusó a Trapero sin prueba alguna de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”. Los Jodorovich son habituales de las operaciones policiales que implican a sus miembros en el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y el blanqueo de capitales.
Pero donde más énfasis ponen los pseudoinformes policiales sobre Trapero es en relación al caso Macedonia, una macrocausa sobre una presunta trama de narcotráfico y su protección por parte de un subsinspector de los Mossos, que durante la pasada década provocó el enfrentamiento entre cuerpos policiales y entre Trapero y el juez instructor, Joaquín Aguirre. El caso terminó en nada.
La instrucción incluyó macroperaciones y hasta un registro en la sede central de los Mossos d’Esquadra. Fue un antes y un después. La convicción de la policía catalana y de su major siempre ha sido que el juez Aguirre iba a por Trapero, si bien las primeras sospechas y parte de la investigación corrieron a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos.
Con la causa ya abierta, se produjo el intento de la brigada política del PP de usar el caso Macedonia para sus propios objetivos, alejados de cualquier intento de esclarecer un presunto caso de narcotráfico y que pasaban por la imputación de Trapero. Ocurrió algo similar en el caso Palau, cuando la brigada política del PP intentó, sin éxito, adueñarse de la causa para organizar un registro en la sede de Convergència cuando ya había pruebas suficientes de la corrupción del partido (y obtenidas de forma legal).
En el caso Macedonia el juez Aguirre no llegó a imputar nunca a Trapero, lo que no evitó uno de los desencuentros más sonados y públicos entre un miembro de la judicatura y un mando policial. Lo explicó el propio major en el juicio: el juez le pidió, de palabra, pinchar el teléfono a 16 agentes del grupo antidroga de la Guardia Civil. Trapero no lo vio claro y pidió al instructor una orden por escrito que nunca llegó. “Esa reunión me ha perseguido bastante”, admitió Trapero en la vista. En estas aguas quiso pescar la brigada política del PP.
La sentencia del caso llegó once años después, en septiembre de 2022. Los años transcurridos y un examen detenido de los hechos y del macrosumario (incluidas centenares de horas de conversaciones telefónicas pinchadas por orden del juez Aguirre) permitieron al tribunal llegar a varias conclusiones mucho más frías que la volcánica instrucción del caso.
La primera, y fundamental, que no existió protección por parte de los Mossos a la supuesta red de narcos. Tampoco quedó probado que los acusados se dedicaran a vender droga. Eso sí, el tribunal matizó que no era descabellado que el juez Aguirre lo pensara como hipótesis de investigación.
Para el tribunal el principal acusado del caso, Manuel G.C., no era un narco sino un confidente policial habitual. Fue testigo clave de la investigación de los Mossos contra la corrupción de mandos de la Policía Nacional en los prostíbulos Riviera y Saratoga, origen para no pocos miembros de la policía catalana del intento de venganza contra Trapero en Macedonia dadas las conexiones de los condenados con los comisarios de la brigada política del PP.
La relación de Manuel G.C. con los Mossos (llegó a llamar más de 200 veces a Trapero en 2010 para solicitarle protección) “se mueve entre las aguas turbias”, según describió la sentencia, que caracteriza el vínculo entre confidentes y policías, más aún en una época en la que todavía no existía un protocolo policial claro sobre cómo relacionarse con estas figuras.
En 2019 los Mossos enviaron un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que, gracias al audio obtenido de la investigación sobre el comisario Villarejo y sus negocios, pidieron investigar la relación entre la brigada política del PP y el caso Macedonia. Sin embargo, el juez García Castellón rechazó abrir esta nueva línea de investigación del caso Villarejo. Trapero anunció esta semana que denunciará el intento de desacreditarle de la brigada política del PP.
En la caza de brujas contra el independentismo, iniciada cinco años antes del referéndum del 1-O, hubo también empresarios, directivos de clubes de fútbol y personas que simplemente pasaban por allí. En esa última lista figura una de las grandes empresarias del país, Sol Daurella, presidenta de Coca Cola Europacific Partners, la embotelladora de la multinacional en varios continentes. Por estar casada con Carles Vilarrubí, histórico dirigente de Convergència, ejecutivo de banca y archienemigo del controvertido Javier De la Rosa, un empresario implicado en mil casos de corrupción que señaló a Vilarrubí como uno de los testaferros de la familia Pujol, también Daurella figuró en la lista negra de la policía política en la era de Rajoy.
Ni Trapero ni el fiscal Rodríguez Sol ni Daurella fueron nunca condenados por nada. En el caso de Vilarrubí, después de que De La Rosa tratara de implicarlo y de que su despacho y su vivienda fuesen registrados en presencia de Villarejo, sigue imputado en una causa que investiga la fortuna oculta de los Pujol.