En el mes de Junio de 2005 el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, afirmaba en relación a la posible imputación delictiva de EHAK que «el PCTV, en su escasa andadura, no ha cometido delito alguno», y añadía que «no se ha podido acreditar que HB-EH-Batasuna sea la creadora del PCTV […]
En el mes de Junio de 2005 el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, afirmaba en relación a la posible imputación delictiva de EHAK que «el PCTV, en su escasa andadura, no ha cometido delito alguno», y añadía que «no se ha podido acreditar que HB-EH-Batasuna sea la creadora del PCTV o que incluso sea la propia ETA el origen de dicho partido».
Alonso indicaba que esta formación, que obtuvo nueve escaños en las últimas elecciones al Parlamento vasco, «puede seguir actuando mientras acate» la Constitución y el Código Penal. En cuanto a la querella de la AVT que dio origen a las diligencias penales, el representante del Ministerio Público afirma que «no se puede utilizar el derecho penal como atajo de otros intereses», al pretender la AVT la ilegalización administrativa del PCTV «por la vía penal».
El fiscal afirmaba, en fin, en su escrito que la ilegalización administrativa de un partido político no conlleva como «corolario» la comisión de un delito de colaboración.
Han transcurrido desde entonces dos años y medio, unos excelentes resultados electorales de ANV a pesar de la ilegalización de muchas de sus listas y un proceso de negociación fallido. Desde la perspectiva jurídico-penal ninguna novedad que no sea la actuación represiva del Estado y algunas acciones de ETA, una vez que esta organización dio por concluida su tregua.
Y ahora viene la paradoja. Nuestro animoso juez de cámara, qué más da el nombre, siempre dispuesto a firmar lo que le pongan encima de la mesa a una el ministerio del interior y un ministerio fiscal jerárquicamente sometido al gobierno, se dispone a actuar penalmente contra sendos partidos políticos vascos, ambos legales y con un más que considerable respaldo social. Del mismo modo que hiciera con la perseguida Batasuna, adelantándose, como y cuando se le pide, al procedimiento previsto ante la Sala del art. 61 de la L.G.P.J, del Tribunal Supremo.
El silogismo político-jurídico empleado con reiteración en otros procesos, como el infamante 18/98, se va a usar ahora, otra vez, para cometer el mismo despropósito antidemocrático contra aquellos mismos valores que dice proteger la inmutable carta magna española: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Es la judicatura – se nos dice con cierta indisimulada malicia- la que ilegaliza partidos en un Estado de Derecho. Pero se olvida que esa judicatura es ciega, sorda y muda si no recibe los «oportunos» informes policiales. Estos, oh qué casualidad, son siempre mutables y ajustables al tempus político y, por supuesto, obedecen a quien los dirige: el ministerio del interior, o sea, al Poder ejecutivo, exacto, el mismo que nos habla de esa supuesta «separación de Poderes en un Estado de Derecho». Otra vez el Derecho penal como «atajo de otros intereses».
De manera que si fruto de una acción armada, exenta de la preceptiva salve condenatoria, la presión de los medios afines del PP exige sacrificios propiciatorios en el ara de la «Democracia» a la española, nuestros amados dirigentes, para soltar lastre ante unas próximas e inciertas elecciones, saben encontrar al momento ese «último informe» que revele las preciosas pruebas, hasta entonces inexistentes, que conduzcan a nuestro diligente juez de cámara hasta la verdadera trama a ilegalizar. Todo un engranaje a la perfección para mejor servir a la patria- española, por supuesto-. Se trata, como bien dice el ministro de «Justicia», de cuando la jugada lo aconseje.
Nos dice este señor, homólogo de aquel otro que construía imputaciones para que un preso no salga de la cárcel, que sólo la no condena no es prueba suficiente para ilegalizar pero junto a otras…. En realidad es al revés. Es la no condena la que mueve los hilos de la ilegalización y lo demás es pura cobertura legal, una reunión con el primo del amigo del hermano de uno que una vez estuvo en un local de Batasuna…y así, por arte de birlibirloque, ese hasta entonces intachable partido pasa a ser ahora otro más del «entorno» a destruir, con la apacible aquiescencia de todo un arco parlamentario sumido en la modorra política del encantador de serpientes y su talante. Todos a una contra Batasuna, aukera guztiak, ANV, EHAK…todos contra quien se sale del redil ovino de la podrida democracia española. Sin reparar, tal vez, en que con similares argumentos Franco ilegalizó a los mismos partidos que ahora aplauden la ilegalización de estos otros. Pero el conflicto político de fondo sigue ahí, inmutable, esperando la única solución democrática y, por ende, duradera: dar la palabra y la decisión al sujeto político, al Pueblo vasco.
Y nuestro afamado juez, saciado de nuevo en su permanente egolatría mediática, se dedicará a impartir otra magistral conferencia sobre las dictaduras del cono sur americano, en espera de ese tan anhelado y merecido premio Nóbel, el mismo que, sin duda, merecieron Henry Kissinger o Isaac Rabin.
* Javier Ramos Sánchez. Jurista