La nueva reforma laboral evita recuperar los derechos relativos a los despidos, la derogación de la ‘ley mordaza’ no eliminará las devoluciones en caliente y tampoco se contempla recuperar la justicia universal
La izquierda se propuso acabar con algunas de las leyes más polémicas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en sus siete años en el poder. La mayoría absoluta que logró el PP en la X Legislatura le había permitido poner en marcha una agenda de recortes de derechos laborales y sociales, con normas como la reforma laboral o la llamada ‘ley mordaza’. Y el electorado de izquierdas y distintos colectivos sociales que protestaron entonces en las calles contra esos retrocesos confiaron en los compromisos de los partidos progresistas que aseguraron que, en cuanto llegaran al poder, acabarían con esas normas más cuestionadas, que habían sido aprobadas principalmente gracias al rodillo parlamentario de los populares.
Las promesas se dieron primero tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y, posteriormente, con la irrupción del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, en 2020. «Derogaremos la reforma laboral», dijo el documento pactado por ambos partidos que permitió la creación del primer Ejecutivo de dos formaciones políticas de la actual etapa democrática.
El texto prometió recuperar los derechos laborales «arrebatados» por esa norma sin incluir la coletilla de eliminar sus aspectos «más lesivos», como había venido matizando el PSOE en los meses anteriores al acuerdo, aunque sí estableció que esa derogación iba a ser limitada, planteándose una serie de medidas urgentes. El pacto también incluyó la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.
Tres años y medio después de la salida de Rajoy de la Moncloa, la gestión del Gobierno de coalición y la aritmética parlamentaria ya han evidenciado que una parte del legado del expresidente del Gobierno no se derogará, al menos durante la presente legislatura.
Sin tocar los despidos
A pesar de que, a días de que finalizara 2021, el Gobierno aprobó una nueva reforma laboral gracias al acuerdo entre patronal y sindicatos, esta no ha supuesto una derogación total de la de Rajoy. Este es, de hecho, uno de los argumentos que ahora usan los empresarios para presionar al PP para que avale el texto. “Mantiene intacto el 95% de la reforma laboral de 2012″, afirmó el representante de los autónomos, Lorenzo Amor, nada más lograr el acuerdo.
Los principales aspectos que permanecen son los relativos al despido. Con el nuevo decreto, se conservan aspectos, como la indemnización por despido, que son precisamente los que quieren cambiar los aliados parlamentarios de la coalición, como ERC y EH Bildu. Se trata de una exigencia que impide por el momento que el Gobierno cuente con los números para convalidar el decreto ley en el Congreso. Sin embargo, este asunto no se ha tocado en el nuevo texto pactado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, y desde el Ejecutivo siempre recuerdan que nunca ha estado encima de la mesa de las negociaciones donde, sin embargo, sí se ha terminado con la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, se ha puesto fin al límite a la ultraactividad de los convenios y se han introducido medidas para limitar la temporalidad.
Por tanto, en la nueva reforma laboral se mantienen los 33 días por año trabajado en los despidos improcedentes, frente a los 45 anteriores a la reforma de 2012. En las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales tampoco se han abordado los salarios en tramitación, por los que la empresa debería pagar el tiempo que un trabajador ha estado sin empleo desde que le echaron hasta que un juez obligue a readmitirlo.
La ‘ley mordaza» y las devoluciones en caliente
Algo similar sucede con las devoluciones en caliente que se incluyeron en la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, conocida como ‘ley mordaza’, cuya derogación, también parcial, ya se encuentra en trámites parlamentarios. Los socialistas se opusieron a los cambios que el Gobierno de Rajoy impuso en esa norma para facilitar la expulsión inmediata de emigrantes que hubieran superado las fronteras e incluso llevaron la nueva normativa al Tribunal Constitucional. A pesar de haberse comprometido a acabar con esa regulación, su suspensión está en el aire tras el aval del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cuya sentencia esperaba el PSOE para pronunciarse.
Mientras tanto, las devoluciones en caliente siguen llevándose a cabo –la más importante se produjo en julio, cuando un millar de menores entraron en Ceuta por la afrenta lanzada por Marruecos contra España y fueron inmediatamente expulsados– y amenazan con quedarse. PSOE y Unidas Podemos le han dado una patada hacia adelante al tema al pactar que se aborde a través de la Ley de Extranjería, dado que era el principal escollo en la reforma de la ‘ley mordaza’ que está negociándose en el Parlamento y que se aprobará, previsiblemente, en los próximos meses.
A pesar de las protestas de colectivos policiales, alentadas por PP, Vox y Ciudadanos, los cambios en la ‘ley mordaza’ tampoco suponen por tanto un giro de 180 grados en la política de seguridad ciudadana. Se introducen ligeros cambios en cuestiones como las grabaciones a policías durante las manifestaciones al introducir la salvaguarda de que debe generar «peligro cierto» para los agentes o el mantenimiento de la presunción de veracidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque su relato debe ser “coherente, lógico y razonable”.
La eliminación de la prisión permanente revisable fue otro compromiso de Pedro Sánchez y el resto de partidos de izquierdas cuando estaban en la oposición. Sin embargo, una vez en el poder, el PSOE renunció a abordar esa derogación hasta que se pronunciara el Tribunal Constitucional. Después de que el tribunal de garantías avalara lo que los grupos progresistas habían denominado “cadena perpetua encubierta”, Pedro Sánchez no tiene previsto cambiar de nuevo ese apartado de la legislación penal.
Otra de las reformas de Rajoy que más indignó a la oposición fue la eliminación de la justicia universal, la herramienta que permitía a los jueces españoles perseguir delitos cometidos en el extranjero. Y amenaza con quedarse después de que en su anterior mandato Sánchez ignorara las recomendaciones formuladas por el comité de expertos al que la entonces ministra de Justicia, la hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le encargó un informe. No obstante, en el balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la coalición que Moncloa hizo público a finales de diciembre, figura que está “en proceso con avances” frente al “no iniciado” del semestre anterior. La diferencia en este caso es que “se está estudiando las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios para modificar la Ley de justicia universal”.
El ‘caso Couso’ ante la suspensión de la justicia universal
El Gobierno, de todas formas, ha tratado de aprovechar la eliminación de la justicia universal para justificar, por ejemplo, que los tribunales españoles dejaran de investigar la muerte del cámara de Telecinco José Couso, asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaban los periodistas. Ante el recurso presentado por la familia Couso ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para que determinara «si la reforma de la normativa española sobre la jurisdicción universal supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que impidió seguir investigando un crimen de guerra cometido contra un ciudadano español», la Abogacía del Estado pidió la desestimación de la demanda.
Los letrados españoles defendieron que «las autoridades españoles (sic) investigaron de forma completa y exhaustiva el crimen cometido» contra Couso «mientras España tuvo jurisdicción para perseguir in absentia a los responsables del crimen». «A partir de la reforma normativa operada por la ley Orgánica 1/2014, la actuación de los órganos jurisdiccionales se encaminó exclusivamente a determinar si tenían o no jurisdicción para enjuiciar penalmente a los responsables de los hechos criminales» —continúa la Abogacía del Estado en el informe enviado a Estrasburgo hace justo un año— que acabaron con la vida de Couso.