En la tarde del miércoles 6 de abril, en el colegio de abogados de Barcelona, se celebró una reunión para hablar de Fukushima, de sus peligros y consecuencias y del negro futuro de la industria nuclear que contó con la presencia, entre otros, de Pep Puig, Eduard Rodríguez Farré y Carlos Bravo. Difícilmente encontraremos gentes […]
En la tarde del miércoles 6 de abril, en el colegio de abogados de Barcelona, se celebró una reunión para hablar de Fukushima, de sus peligros y consecuencias y del negro futuro de la industria nuclear que contó con la presencia, entre otros, de Pep Puig, Eduard Rodríguez Farré y Carlos Bravo. Difícilmente encontraremos gentes más autorizadas para hablar sobre la que está cayendo y sobre los escenarios que se abren ante nuestros ojos. Como en los mejores tiempos de la izquierda: la reunión empezó a las 16:40 y continuaba viva a las 20 horas cuando yo tuve que ausentarme.
Desde luego, como comentó un lúcido asistente, no es sólo cuestión de información, argumentación y discusión sino de acción y movilización. Que el gobierno de centroderecha alemán haya acordado el cierre temporal de siete reactores nucleares y el gobierno español, de similar orientación política pero con apoyos sociales muy distintos, no haya dicho en esta misa ni siquiera el primer enunciado del Padre nuestro no tiene otra explicación que la movilización de la ciudadanía alemana y la escasa actividad de un movimiento antinuclear, el catalán, el español, que tiene una honorable y combativa tradición aunque ahora esté en horas no muy agitadas.
Pues bien, vale la pena llamar la atención sobre un nudo en el que no solemos reparar y al que se refirió críticamente unos de los conferenciantes. Yo mismo lo desconocía. No podía pensar que tamaño dislate estuviera a la orden del día en los controles públicos sobre las actividades núcleo-eléctricas.
Manuel Ansede [1] ha recordado una denuncia de Greenpeace sobre la central de Santa María de Garoña, una de las centrales más antiguas del mundo con diseño similar a los reactores afectados de Fukushima. La central, según Greenpeace, devuelve el agua al Ebro con una temperatura excesiva e ilegal, lo que pone de manifiesto la falta de controles o, cuanto menos, sus graves limitaciones.
¿Y quién mide la temperatura del agua del Ebro en las cercanías de Garoña? La respuesta que parece razonable, la que uno puede esperar: la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿No es el caso? No es el caso. La CHE se fía (¡tiene confianza, dirían algunos!) de las mediciones de la central. ¿Y de quién es la central? De Nuclenor, que su vez, es sabido, es propiedad de dos grandes corporaciones eléctricas, Endesa e Ibedrola. Nuclenor encarga las mediciones a «consultoras independientes» a las que la misma núcleo-eléctrica paga por su trabajo. ¿Alguien, en su sano juicio, puede esperar que alguna de estas consultoras arroje piedras contra su propio tejado estructural? ¿Cabe pensar que alguna de estas consultoras pueda atreverse a arañar o no cuidar elogiosamente la mano que le muestra su comida y sus beneficios?
Jueces y parte del asunto contratado con la parte contratada por la empresa contratante. ¿Cómo puede permitirse una cosa así? ¿Quién controla realmente las actividades de la central? ¿Una núcleo-eléctrica que se controla a sí misma a través de empresas por ella pagadas? ¿En eso debemos confiar? ¡Qué risa tía Felisa! ¡Qué desastre don Sastre!
PS. Aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza y por Santa María de Garoña, vale la pena recordar que estamos hablando de una central, de más de 40 años, de 460 MW de potencia que contribuye, aproximadamente, con el 6% del total de la aportación eléctrica de industria nuclear española.
Notas
[1] Manuel Ansede, «Medio Ambiente ve «riesgo» en la refrigeración de Garoña». Público, 7 de abril de 2011, pp. 32-33.
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